El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, buscará reelección en 2018, según anunció Vice Presidente Tarick Al Aisammi el 29 de noviembre.
Hace unos meses atrás habría sido difícil predecir que el régimen de Maduro se animaría a emprender una secuencia de elecciones. Después de tres años de este gobierno, el país sufre una de las peores crisis económicas del mundo, con una hiperinflación de hasta 2.300% este año.
Al enfrentar una tasa de aprobación de 20%, en octubre pasado el régimen suspendió el referéndum revocatorio llamado por la oposición y durante nueve meses aplazó la elección de gobernadores.
Pero, al final, el 15 de octubre, Maduro vio un sorprendente éxito en las elecciones regionales, en las cuales tres cuartas partes de los estados venezolanos eligieron a gobiernos del Partido Socialista de Maduro.
Ahora, según las estimaciones de la Mesa de Análisis del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, del cual soy director, es probable que el régimen toma ventaja de la confusión y frustración de los electores para tratar de aplastar a la oposición en las urnas.
Primero viene los comicios municipales, agendados para el próximo 10 de diciembre. En el caso de que el gobierno tenga éxito ahí, anticipo que la próxima elección presidencial podría adelantarse varios meses para celebrarse durante el primer semestre de 2018.
La abstención
A pesar de la falta de apoyo popular al régimen de Maduro, creo que el presidente podría ganar combinando dos tácticas que le funcionaron bien en octubre): fomentando el abstencionismo entre la oposición y movilizando a los suyos con presiones e incentivos clientelares.
Es decir, la estrategia electoral del gobierno consiste, más que ganar elecciones, en hacer que la oposición las pierda.
El mecanismo que más debe preocupar a la oposición es la abstención. El efecto nefasto de la abstención se demostró en las elecciones regionales de octubre, cuando los candidatos de Maduro ganaron a pesar de tasas de desaprobación de casi 80%.
Esto se puede lograr manipulando a los electores. Se reducen las expectativas del pueblo sobre la posibilidad de lograr una salida electoral haciendo, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral tomara decisiones arbitrarias e ilegales, tales como el mantener candidatos retirados en el tarjetón de votación o reubicando los centros de votación con mayoría opositora en zonas de alta criminalidad pocas horas antes de la elección.
Al mismo tiempo, el gobierno aprovecha la desinformación, difundiendo noticias sobre supuestos acuerdos negociados con los partidos de oposición. Esto genera dudas, cuestionamientos y críticas entre sus seguidores, entre quienes alguna rechazan cualquier discusión con el régimen autoritario de Maduro.
De esta forma, el gobierno logró en octubre crear una división entre los opositores al régimen: quienes acusan a los partidos de complicidad con el régimen y se niegan a votar; y quienes piensan que la única salida posible es electoral.
Mientras tanto, el régimen continua persiguiendo e inhabilitando a varios de sus líderes.
Clientelismo
Para profundizar esta división de cara a las elecciones municipales del 10 de diciembre y las presidenciales en 2018, el régimen se esfuerza por mantener a algunos partidos de oposición en la mesa de diálogo, aunque este proceso se ha caracterizado por la falta absoluta de progreso.
Maduro también anuncia supuestos avances en su entendimiento con la oposición y entrega a ciertos presos políticos, que en la mayoría de los casos no incluye a líderes políticos sino a ciudadanos que participaban en alguna protesta, a la vez que inicia persecución de otros.
Todo esto fomenta la desconfianza del electorado, aumentando la probabilidad de abstencionismo. Puede que también estalle violencia: el 29 de noviembre, un diputado de la oposición fue atacado a tiros en su coche.
Maduro también tiene una estrategia de movilización de su propia base frente a una futura elección presidencial.
¿Cómo motivar a una población hambrienta cuando la aprobación del presidente se mantiene en el 20%? Claro, mediante la entrega de bienes esenciales para la subsistencia diaria. En este caso, me refiero a la implementación de un nuevo documento de identidad llamado el Carnet de la Patria.
En septiembre de 2017, los tenedores de este documento, otorgado a empleados públicos y personas que juran lealtad al régimen, superaba los 12 millones, o cerca del 50% de la población venezolano. Bajo la promesa de ser beneficiarios de un plan gubernamental de asistencia social para recibir alimentos y medicinas, en momentos de gran escasez e inflación, a cambio del apoyo al gobierno.
Algo tiene que ver esto con que régimen logró aumentar su participación en más de medio millón de votos en comparación a la última elección legislativa mientras casi el 90% de los venezolanos dicen que la situación del país ha empeorado en el último año.
Esta estrategia de inducir a votos seguramente ayudará a los candidatos socialistas en las elecciones locales del 10 de diciembre y al mismo presidente Maduro en 2018.
Crisis sin conclusión
Por lo tanto, el movimiento hacia elecciones “democráticas” no implica que el gobierno vuelve a ser mayoría como en los tiempos de Chávez. Según nuestras propias mediciones, una mayoría amplia sigue reclamando un cambio de gobierno.
Asimismo, Maduro cuenta también con su propia oposición interna, que podría motorizar fracturas internas en el chavismo, considerando que la decisión de Chávez de hacer de Maduro su sucesor, antes de su muerte, postergó, más no resolvió su sucesión política.
Con este fin, al presente momento, tres de los cuatro principales partidos de oposición han decidido boicotear las elecciones municipales de diciembre para concentrarse en reclamar condiciones justas de cara las elecciones presidenciales de 2018.
No será fácil ganarle aún así. Hoy, la gente reclama algo nuevo – lo que no implica que el país crea en todo liderazgo que se oponga a Maduro. Para avanzar hacia un futuro de libertad y democracia, la oposición venezolana, primero, tiene que volver a ganarse la confianza de la gente.