En los últimos quince años, se ha pasado de apenas 7 000 estudiantes universitarios con discapacidad a 21 435, en torno al 1,5% del total del alumnado según el IV Estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español respecto de la realidad de la discapacidad llevado a cabo en 2018.
El dato confirma que se ha progresado mucho en términos de normativa y concienciación para crear entornos accesibles y adaptados que aseguren la igualdad real y efectiva de esta población. Pero, ¿qué ocurre con los graduados con discapacidad a la hora de emprender una carrera docente e investigadora dentro de la universidad? Lamentablemente, las cosas se complican (aún más) a partir de aquí para las personas con discapacidad.
Más abandono según avanza la carrera
El citado estudio, elaborado por la Fundación Universia con la colaboración de entidades como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE, el Real Patronato sobre Discapacidad y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), puso de manifiesto un aumento del abandono entre las personas con discapacidad según avanza la carrera universitaria. Mientras que la representación de personas con discapacidad es del 1,8 % del total de alumnos de grado, esta desciende al 1,2 % de los estudiantes de posgrado y máster y a tan solo al 0,7 % de los estudiantes de doctorado.
Para entender esta tendencia, se realizaron más de 1 700 encuestas a estudiantes con discapacidad. Los afectados señalaron que, si bien queda aún trabajo por hacer en el ámbito universitario, cada vez hay mejores servicios de atención y asesoramiento que les ayudan a afrontar los posibles obstáculos de la vida universitaria. El mayor problema para los estudiantes con discapacidad parece no estar tanto durante los estudios universitarios, sino a la hora de acceder al mercado laboral.
“Mi universidad me ha facilitado todo en cuanto a mis estudios. Relleno esta encuesta porque el mayor fallo es en lo posterior, la inclusión en el mercado laboral”; “Desde mi punto de vista está todo perfecto en el ámbito universitario. El problema es la dificultad para entrar al mundo laboral”, señalan algunos estudiantes.
¿Formación sin inserción laboral?
Fijémonos primero en el porcentaje de personas con discapacidad entre el personal docente e investigador (PDI) de las propias universidades españolas. Pues bien, resulta que este es de apenas un 0,9 % en universidades públicas y un 1 % en universidades privadas. Y esto a pesar de existir toda una normativa legal dirigida a favorecer la inclusión y participación de las personas con discapacidad en la vida universitaria.
Desde 2015, ya existe un Real Decreto Legislativo que establece instrucciones para conseguir que el 2 % de los efectivos totales de cada Administración Pública sean personas con discapacidad. Esta Ley establece que cada Oferta de Empleo Público (OEP) debe reservar un cupo no inferior al 7 % de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desarrollo de las tareas.
Es más, la CRUE aprobó en 2017 unas “Recomendaciones para el establecimiento de una reserva de plazas de personal docente e investigador a favor de las personas con discapacidad en el sistema universitario español”, estableciendo una hoja de ruta para hacer efectivos los cupos de reserva en las ofertas de empleo de cada universidad.
Sin embargo, un reciente estudio sobre “Inclusión del Personal Docente e Investigador con discapacidad en el sistema universitario en España” ha puesto de manifiesto que el 75 % de las universidades públicas no incorporaron plazas destinadas al cupo de reserva a favor de personas con discapacidad en sus ofertas de empleo de 2019, suponiendo que, de un total de 4.979 plazas aprobadas para PDI, tan solo 32 fueran destinadas a dicha reserva (un 0,64 % del total).
Tras evaluar la evolución de la reserva de plazas a favor de personas con discapacidad desde 2017 a 2019, el estudio destaca que “no se advierte un compromiso continuo de las universidades con esta medida”, con solo unas pocas excepciones.
La Universidad como ejemplo
Esta situación hace que las personas con discapacidad que emprendemos la carrera docente e investigadora trabajemos en clara desventaja. Desde el comienzo, sentimos una fuerte presión por seguir el ritmo de nuestros compañeros. De otro modo, no tendremos ninguna oportunidad de acceder a las plazas de personal docente e investigador que ofertan nuestras universidades.
No es de extrañar, y hablo por propia experiencia, que uno pierda la motivación y sienta que no merece la pena tanto esfuerzo y sufrimiento. Sin medidas de acción positivas, como la reserva de plazas para personas con discapacidad, nunca competiremos en igualdad de condiciones, por mucho que perseveremos.
Esta situación es extrapolable al conjunto de la sociedad, a cualquier empresa. Pero es especialmente dolorosa en el caso de las universidades públicas, las cuales deberían ser ejemplo y marcar una dirección hacia sociedades más justas e igualitarias. Parece contradictorio que una universidad pública invierta en formar a estudiantes discapacitados –cada vez más y mejor preparados– para luego cerrarles las puertas a trabajar en su propio organigrama.
Necesitamos, en definitiva, del apoyo de la universidad para que la carrera docente e investigadora deje de ser una misión imposible para las personas con discapacidad.