Cómo el nuevo presidente del Ecuador procura deshacer el legado del Correismo en solo 120 días

Moreno fue eligido en abril 2017 como sucesor presidencial del régimen político de Rafael Correa, pero ahora se pelean en Twitter. Mariana Bazo/Reuters

Tal vez sea mucho compararlo con el Golem de Gustav Meyrink y la creación del rabino de Praga – una criatura de barro, indócil y destructora de todo lo que encontraba en su camino, con vida pero sin alma – pero el comportamiento actual de Lenin Moreno, el presidente del Ecuador, sí se da para metáforas literarias.

Vicepresidente de la Alianza País (AP) durante seis años bajo el carismático y popular líder Rafael Correa, Moreno fue eligido en abril 2017 como sucesor presidencial del régimen político que mayor estabilidad ha logrado en la historia ecuatoriana.

Durante la campaña electoral ya se habían dibujado ciertos trazos de un eventual distanciamiento del izquerdismo de Correa, cambios politicos sutiles que parecían necesarios para ganar una carrera reñida en un momento cuando la derecha latinoamericana se va posicionando.

Pero desde que asumió el poder, Moreno ha acelerado de forma sorpresiva la ruptura respecto al proyecto político – y su líder máximo – que lo vio nacer. A sólo 120 días de la asunción presidencial, la velocidad y la envergadura con que se produjo la ruptura han tensado las coordenadas de la transición política y abierto una feroz pelea pública. No sólo eso, sino que el pronunciamiento de la voluntad popular comienza a estar en entredicho.

La “mano tendida” como proyecto político

Asumiendo en segunda vuelta con una diferencia de 2,3 puntos respecto a su opositor (el banquero Guillermo Lasso), Moreno se enfrentaba a distintos retos – entre ellos, la gobernabilidad de un país polarizado.

Para el nuevo presidente, la obtención de autonomía respecto al líder de Alianza País pareció ser la condición necesaria para vehiculizar dichos desafíos. Durante la campaña, Moreno presentó una plataforma de “reconciliación nacional”, “la mano tendida” y “cambio con continuismo”.

Uno de esos cambios consistía en establecer el diálogo como fundamento de los nuevos tiempos por venir. Ya desde la campaña, pareció ponerse en marcha un proceso de “descorreización” en cámara lenta.

Una vez en la presidencia, este proceso asumió el rostro del diálogo con todas aquellas fuerzas sociales y políticas que se habían catapultado como adversarios del gobierno de Correa, desde el movimiento indígena hasta el sector financiero y los medios de comunicación privados.

Moreno también se reunió con los referentes políticos de los partidos políticos de oposición y el Comité Empresarial Ecuatoriano que representa a los gremios empresariales y reclamaban criticaban al gobierno de Correa por el excesivo gasto público y reclaman austeridad.

Estos gestos se tradujeron en el anuncio de algunas medidas, entre ellas la creación de un frente anti-corrupciónen el marco del desembarco del caso Odebrecht en Ecuador. Otra fue la entrega de la facultad de gestionar el dinero electrónico a la banca privada (hasta ese momento en manos de la banca pública) que respondió directamente a la reivindicación de los banqueros de asumir dicha facultad.

Por otro lado, Moreno se comprometió a revisar la ley de comunicación para efectuar reformas que garanticen la libertad de expresión. Así, se concedería el reclamo de los propietarios de los medios de comunicación que durante años batallaron contra Correa.

Finalmente, el nuevo presidente redujo los salarios de los altos funcionarios como signo de austeridad, aunque Ecuador se ubica entre los países latinoamericanos con menor deuda pública.

Estos gestos y medidas, lejos de orientarse a reafirmar o respetar la decisión de su base electoral comenzaron a exhibir signos de una revolución anti-ciudadana en gestación – aunque una sin proyecto político y económico claro. Tanto que Lasso, representante de la derecha, se ofreció a “prestar” a Moreno su plan económico.

AP como oficialismo y oposición.

En este contexto, la confrontación discursiva entre el ex mandatario y el presidente no se hizo esperar. En junio, Correa empezó una “editorialización” sobre la gestión morenista, a través de Twitter y de columnas en el periódico El Telégrafo, criticando determinadas medidas del presidente.

Moreno, por su parte, respondió con proporcional radicalización. “Ahora se respira libertad, de a poco toda la gente va a ir dejando su comportamiento ovejuno”, sentenció en una reunion pública. Y añadió que “la mesa no está servida, se podía haber sido un poquito más mesurado en dejar cuentas en mejores condiciones”.

Correa denunciaba en internet cómo la indocilidad del presidente y su intención de volver a corporativizar el régimen político aceleraba la desintegración de los ejes de la “revolución ciudadana”.

A esta queja se sumaban las declaraciones del actual vicepresidente, Jorge Glas, anterior vicepresidente de Correa. El 2 de agosto publicó una carta pública en contra del acercamiento de Moreno con distintas fuerzas conservadoras.

Todo esto alimentó aún más las intenciones del presidente de sellar la ruptura con el correísmo, aunque esto significara irrespetar la expresión de la voluntad popular en las urnas.

En este marco, Correa se constituyó en el referente de la oposición política; la derecha, que había batallado en el balotaje, desapareció del escenario contencioso; y Alianza País, partido nacido de Correa pero disputado actualmente por Moreno, representa oficialismo y oposición en simultáneo.

La renuncia al gobierno de funcionarios representantes del ala progresista del correísmo en agosto evidenció que gobierno y movimiento político se alejaban cada vez más.

Lucha contra la corrupción y consulta popular

Los escándalos de corrupción motorizados por Odebrecht no podían sino terminar de alimentar la escalada del conflicto político.

Diversas denuncias salpicaron a altos funcionarios del anterior gobierno, incluyendo al vicepresidente Glas, acusado de liderar una red de funcionarios que aceptaron US$33 millones en subornos.

Moreno no encontró argumento mejor para desempoderar a su vice correista. El 3 de agosto, justo después de la publicación de la carta critica de Glas, Moreno le retiró todas sus funciones oficiales de vice. En octubre, Glas fue detenido y mandado a prisión preventiva mientras es investigado.

Si bien la “lucha contra la corrupción” ha sido demanda de distintos sectores de la sociedad, la forma en la que se va desencadenándose parece sólo orientarse a lastimar la legitimidad del proyecto correísta.

Glas se encuentra encarcelado, pero los grandes conglomerados económicos concentrados, por ejemplo el financiador sudeamericano Grupo Eljuri – pieza clave en la maquinaria de sobornos políticos de la constructura brasilera – aún conservan inmunidad.

Estas medidas fueron bien acogidas por la opinión pública de las grandes ciudades. Desde junio las tasas de aprobacion de Moreno fueron en aumento, en buena parte entre las bases electorales de Lasso: el 81% de estas ve como positiva la gestión de Moreno, cifra que por si sola refleja el viraje en la dirección hacia sus intereses.

Fue en este contexto ya complicado que el gobierno anunció la convocatoria a una consulta popular para someter a decisión del pueblo una serie de temas. Moreno instó a los distintos sectores de la sociedad a presentar preguntas. Entre las cerca de 400 propuestas recibidas, el gobierno escogió sólo siete preguntas, entre ellas si se debe impedir la reelección indefinida de cargos públicos – claramente orientada a evitar el regreso de Correa – y eliminar la Ley de Plusvalía, que estaba dirigida a evitar la especulación de la tierra.

Su contenido no solo refleja el desplazamiento de la mayoria de las 33 propuestas presentadas por la Alianza País – teoricamente, el bloque legislativo de Moreno – sino especialmente la reafirmación de la coalición derechista de banqueros, medios privados, dirigentes de la “partidocracia” y empresarios donde Moreno hoy en día se está apoyando.

En lugar de apostar por el cambio social a favor de las grandes mayorías, la consulta pareciera estar más orientada a herir de muerte al correismo. Una revolución anti-ciudadana en gestación, descafeinada y corporativa, apoyada en concesiones particularistas sin proyecto propio.

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