Madrid se encuentra entre las más de cuarenta ciudades del mundo que se autodeclararon “ciudad de derechos humanos”. Este término se refiere a un municipio que adopta explícitamente la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado.
En España también son ciudades de derechos Barcelona y Terrassa.
Dentro de este marco, el Ayuntamiento de Madrid adoptó el Plan Estratégico de Derechos Humanos 2017-2019, que incluye un programa de acción para llevar a la práctica la obligación de respetar, garantizar y promover estos derechos en su territorio.
Obligaciones asumidas ya por España
Dichas obligaciones están incluidas en los tratados internacionales de derechos humanos que fueron originariamente asumidas por España tras su adhesión. En particular, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los derechos del niño, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
La Constitución Española establece que los tratados internacionales, una vez firmados y ratificados por España, “formarán parte del ordenamiento interno”. Asimismo, “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
Madrid debe garantizar 22 derechos
Madrid es pionera en España al haber sido la primera ciudad con un plan de derechos humanos. La ciudad se ha dotado, además, de otros instrumentos para hacerlos efectivos, como la Mesa Municipal de Derechos Humanos, constituida por todas las áreas de gobierno, el Foro de Derechos Humanos, abierto a la sociedad civil, y la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, que recientemente ha dejado de tener continuidad.
El Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid prevé la garantía de 22 derechos situados en el marco de sus competencias. Entre otros, incluye:
el derecho a una seguridad centrada en los derechos humanos;
los derechos a la libertad de conciencia, religión, opinión y expresión;
el derecho de las personas con discapacidad a una vida libre de discriminación y violencia;
el derecho de las personas mayores a una vida libre de discriminación y violencia;
el derecho a un entorno urbano sostenible que garantice la calidad de vida y la movilidad en la ciudad.
Para ello, dispone de líneas de acción y medidas específicas a ejecutar por las distintas áreas de gobierno y organismos autónomos. Por ejemplo, la aprobación de una nueva ordenanza de convivencia y regulación del espacio público, la adopción de un protocolo de relaciones del ayuntamiento con las confesiones religiosas y la inclusión, en el diseño de la planificación urbanística, del principio de accesibilidad para las personas con discapacidad.
Triple enfoque del plan
El plan adopta un triple enfoque de “derechos humanos, género e interseccionalidad”, recogiendo de esta manera tres aspectos fundamentales del desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los últimos 40 años:
Las competencias locales en materia de derechos humanos.
La obligación de tutela y garantía de igualdad de género y no discriminación.
La inclusión de la perspectiva de la interseccionalidad.
Competencias municipales en esta materia
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el papel fundamental de las instituciones locales en la protección de los derechos humanos en las materias de su competencia. Por ejemplo, educación, vivienda, salud, medioambiente y orden público. Las Naciones Unidas declaran que adoptar el enfoque de los derechos humanos en el gobierno de la ciudad conlleva la incorporación de los principios de democracia, participación, liderazgo responsable, transparencia, responsabilidad, no discriminación, empoderamiento y Estado de Derecho.
Es importante reconocer que en el desempeño de sus funciones, también la administración local puede incurrir en prácticas discriminatorias. Por esta razón, tiene la obligación de “conceder atención prioritaria a los grupos marginados y a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad”. Dada su proximidad a las necesidades cotidianas de la población residente en su territorio, la administración local tiene especial capacidad para resolver, e incluso prevenir, conflictos y garantizar los derechos su población.
Hacer efectiva la igualdad para las mujeres
De acuerdo con lo establecido en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Plan de Derechos Humanos reconoce la centralidad de la igualdad entre mujeres y hombres. La CEDAW establece que “los Estados signatarios están obligados a condenar la discriminación contra las mujeres y adoptar medidas para eliminarla”.
Cumpliendo las obligaciones establecidas en la CEDAW, el plan prevé la revisión de la legislación municipal con el fin de eliminar las normas que prevén un trato abiertamente desigual para las mujeres (discriminación directa). También requiere eliminar aquellas normas que se basan en criterios aparentemente neutros, pero que de hecho perjudican a las mujeres de forma desproporcionada (discriminación indirecta).
En este sentido, merece la pena recordar que la CEDAW obliga a los Estados signatarios a adoptar acciones positivas para modificar los patrones sociales y culturales que determinan prejuicios y prácticas basados en estereotipos sexistas que limitan el acceso de las mujeres al trabajo, la participación social y la toma de decisión a todos los niveles.
Inclusión de la perspectiva de “interseccionalidad”
Finalmente, el Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid es pionero en adoptar el enfoque de la “interseccionalidad” recomendado por las Naciones Unidas.
Cabe destacar que el término “interseccionalidad” no está recogido en el diccionario de la Real Academia Española y, sin embargo, se utiliza tanto en la versión española de los documentos internacionales de derechos humanos como en trabajos de investigación. Se trata de una traducción de la palabra inglesa intersectionality, acuñada en 1989 por la profesora de Derecho de la Columbia Law School de Nueva York, Kimberlé Crenshaw.
Las Naciones Unidas reconocen que la interseccionalidad es un concepto clave para comprender el alcance de las obligaciones internacionales de los Estados signatarios.
El enfoque de la interseccionalidad ayuda a reconocer que las situaciones de discriminación múltiple se originan por la combinación de distintos factores: género, origen nacional, etnia, orientación sexual, discapacidad, edad y condición socioeconómica.
Los Estados que han ratificado la CEDAW “deben reconocer y prohibir las formas de discriminación entrecruzadas y su impacto negativo combinado en la vida de las mujeres”. Esto es imprescindible para garantizar el disfrute de los derechos y libertades de la población residente en la ciudad en igualdad de condiciones.
Obligaciones internacionales
La Fundación Antonio de Nebrija está desarrollando un proyecto de investigación con el objetivo de analizar los desafíos y oportunidades que existen para implementar el enfoque “derechos humanos, género e interseccionalidad” en las políticas municipales madrileñas.
La finalidad es contribuir a generar resultados contrastados que sirvan para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por España con las firmas de los tratados internacionales.
Estas obligaciones son duraderas y su cumplimiento debe mantenerse en el tiempo. No se trata de objetivos sujetos al consenso político o posiciones de partido. Por el contrario, la sociedad en su conjunto y todos los niveles de la administración pública deben contribuir a garantizar los derechos humanos y erradicar toda forma de discriminación.
Recordemos que hacer efectivos estos derechos es beneficioso, no solo para quienes se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, sino para todas las personas que residen en la ciudad.