Muchos abogados, asistentes legales y estudiantes de derecho se ofrecen como voluntarios para ayudar a familias inmigrantes que se encuentran en el punto de mira de la propuesta de la administración Trump de reducir drásticamente el número de personas sin papeles en EEUU. Una de las principales prioridades de este movimiento es ayudar a más de 2.500 niños que están bajo la custodia del gobierno separados de sus padres.
Movilizadas por la American Bar Association, organizaciones sin fines de lucro como Lawyers for Good Government, la American Civil Liberties Union y la American Immigration Lawyers Association, y grandes firmas legales como Paul, Weiss y Kirkland and Ellis, todas ellas brindan servicios “pro bono” – es decir, gratuitos.
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Pro bono es una abreviatura de “pro bono publico”, expresión latina que significa “para el bien público”. Trabajar pro bono significa prestar servicios profesionales voluntariamente sin cargos.
La ética se remonta a la época de los romanos, cuando los patricios dispensaban patrocinio como consejeros y representantes a sus parientes y sirvientes.
En EE.UU., el trabajo pro bono también tiene sus raíces en el sentido inglés de “noblesse oblige” – la obligación de la élite de actuar generosamente con los menos privilegiados. El hacer este trabajo no remunerado es no solo alentado sino esperado.
La American Bar Association alienta a todos los abogados a hacer al menos 50 horas voluntarias de servicio pro bono al año. Los abogados pueden usar este momento para representar a los pobres en los tribunales o ayudar a las organizaciones benéficas a abordar asuntos legales. También pueden pasar este tiempo tratando de mejorar las leyes.
Algunos estados van más allá. En Nueva York, por ejemplo, los estudiantes de derecho deben dedicar 50 horas a realizar trabajos pro bono antes de que ser admitidos en el Colegio de Abogados.
La escasez de abogados
Hay una buena razón para disposiciones como esa, ya que la necesidad de ayuda legal gratuita va mucho más allá de la actual crisis de inmigración.
El problema no es que no tengamos suficientes abogados.
Con 1,3 millones de abogados a lo largo del país, uno por cada 245 estadounidenses, EEUU es el país con más abogados en el planeta. Sin embargo, como por lo general cuesta entre US$100 y 400 contratar a uno, cuatro quintas partes de los estadounidenses pobres y hasta tres quintas partes de los estadounidenses de clase media con un problema legal civil no pueden pagar un abogado.
En Montana, el estado en que nací, donde enseño Leyes y Justicia Social, alrededor del 77 por ciento de los hogares pobres que necesitan un abogado, más de 14.000 por año, no cuentan con estos servicios, porque no pueden pagarlos.
La cantidad de abogados que ayudan a los inmigrantes a lo largo de la frontera, y en todo el país, son necesarios no solo por la incapacidad de algunos clientes para pagar sino también por otras razones.
Todas las personas que se encuentran en EEUU tienen derecho a un proceso justo independientemente de su estado migratorio. Pero como la mayoría de los casos de inmigración son de carácter civil y no criminal, los inmigrantes indocumentados sujetos a procesos de deportación no tienen derecho a un abogado.
El gobierno proporciona a los inmigrantes detenidos información crucial a través de un programa que fue casi anulado en la primavera de 2018. Pero esta asistencia no es suficiente para lo que requieren quienes solicitan asilo y otras personas indocumentadas.
De manera que la única forma en que muchas personas que intentan cruzar la frontera sin documentos pudieran obtener la representación legal que necesitan es en el caso de que abogados pro bono y otros voluntarios llenen este vacío.