La posible vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores que son investigados por la entidad, como el derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, pone en tela de juicio la eficacia de estos programas.
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Algunos espacios públicos presentan mayor riesgo de ser escenarios de un delito por la falta de concurrencia de personas y eso supone un agravante en una sentencia condenatoria. Es necesario un diseño urbano que considere este peligro.
Entró en vigor en 2015 y sigue generando debate. Gran parte de este debate se debe a su cuestionada compatibilidad con los principios de dignidad, humanidad y proporcionalidad de las penas.
A pesar de las alertas de los expertos, la violación de la intimidad a raíz del “sexting” se sigue produciendo entre adultos y adolescentes. Es delito y está penado. Solo la educación temprana y el respeto podrán con él.
La privación de libertad de manera provisional solo se justifica si hay riesgo de huida, para evitar la reiteración delictiva o la destrucción de pruebas. No ha de usarse ni como instrumento de coacción ni como pena adelantada.
Top contributors
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Catedrático de Derecho Penal, Universitat de Barcelona
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Profesora de Cibercomunicación y Nuevos Medios en la UCJC. Contenidos Digitales en Servicio PAD., Universidad Camilo José Cela
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Profesora Colaboradora Doctora de Derecho Penal y Penitenciario, Universidad CEU San Pablo
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Personal Investigador en Formación (FPU) en Derecho Procesal, Universidad de Salamanca
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Criminóloga y Jurista. Profesora asociada de legislación aplicada a la edificación EPSEB-UPC. Vicepresidenta de ACPIDA, Asociación Catalana para la Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental., Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech
