Venezuela: Historia de dos presidentes

Las constituciones delimitan el poder y los límites que un gobierno no puede sobrepasar, y recogen la filosofía general del Estado constituido. Sin embargo, las constituciones contienen ciertas ambigüedades que están sujetas a interpretación. Además, no tienen la capacidad de anticipar todas las posibles circunstancias que pueden surgir en torno a las reglas del juego político, especialmente si hablamos de sociedades extremadamente polarizadas, como es el caso de Venezuela. Desde el mes de enero, el país latinoamericano presenta una curiosa situación: dos presidentes que, consideran, gozan de total legitimidad para dirigir la nación. Por si fuera poco, Venezuela tiene dos asambleas nacionales y numerosas dudas acerca de cómo debería ser aplicada la Constitución.

El presidente, Nicolás Maduro, afirma ser el presidente constitucional tras ganar las últimas elecciones presidenciales, celebradas en mayo de 2018. El 23 de enero de este año, menos de un mes después de convertirse en el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó impugnó la legitimidad de Maduro y declaró la presidencia vacante para, acto seguido, tomar juramento como presidente interino de Venezuela.

Aunque presente desde 2009, Guaidó era poco conocido fuera del círculo político venezolano. Miembro del partido Voluntad Popular, era el suplente de Leopoldo López, líder de la formación encarcelado por, supuestamente, instigar a la violencia en las protestas para derrocar a Maduro.

Una de las promesas que realizó Hugo Chávez durante su campaña presidencial fue el relevo de la Constitución de 1991. De esta manera, en el primer año de su administración fue redactada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que muchos venezolanos percibían como una careta democrática que servía a los intereses de las élites corruptas que controlaban los dos únicos partidos con posibilidades reales de ascender al poder mediante elecciones.

El sucesor de Chávez

Como vicepresidente, Maduro fue la primera opción para suceder a Chávez tras su muerte en marzo de 2013, tan solo cinco meses después de ganar las elecciones para un tercer mandato consecutivo.

Durante la época de Chávez, distintos observadores internacionales (entre los que se encontraba el Centro Carter) fueron críticos con los comicios por la parcialidad favorable al Gobierno durante las campañas electorales. A pesar de esto, el recuento de votos fue considerado legítimo por la mayoría de observadores. Chávez arrasó en las elecciones gracias al apoyo sin condiciones de los sectores de población más pobres, que se beneficiaron de los programas sociales financiados debido al rendimiento económico producido por las reservas de petróleo del país, cuyas ganancias, antes de la llegada de Chávez, iban a parar a las clases medias y a las más poderosas, principalmente.

Maduro no solo se ha enfrentado a las crecientes dudas acerca de la imparcialidad de las campañas electorales, sino también a la veracidad de los resultados oficiales. A pesar de contar con el legado de Hugo Chávez, Maduro consiguió legitimarse en el poder a duras penas, obteniendo el 50,6% de los votos en el referéndum para sustituir al desaparecido líder.

El prestigio político de Maduro sufrió otro duro revés a mediados de 2014 cuando el precio del petróleo, que en un año normal puede oscilar entre el 20 y el 40% del PIB de un país, se desplomó: el valor del barril descendió de 130 a 30 dólares a finales de 2015.

En diciembre de ese mismo año, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sufrió una dolorosa derrota en las elecciones a la Asamblea Nacional, en las que la oposición consiguió hacerse con la mayoría de los escaños, lo que le daba la oportunidad de deshacer los programas llevados a cabo durante los años de Chávez.

Gran parte de la oposición había participado en un golpe de estado fallido en 2002 y nunca aceptó la Constitución de 1999, pero, tras alcanzar la mayoría en la Asamblea Nacional, la Carta Magna impulsada por el Gobierno chavista fue vista como un instrumento para deshacerse de Maduro.

La oposición recogió una cantidad de firmas suficiente para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente, a lo que el PSUV respondió con una estrategia que pretendía retrasar la convocatoria, asegurándose de que una victoria de la oposición tuviera como resultado el ascenso a la presidencia del número dos de Maduro, Diosdado Cabello. Finalmente, el llamamiento a las elecciones revocatorias se fue diluyendo poco a poco.

Una asamblea paralela

La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, comenzó a ralentizar y poner fin a las políticas de Chávez, limitando de esta manera el poder de Maduro.

Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, entre cuyos miembros se encontraban algunos designados directamente por el PSUV, aprovechó una disputa acerca de la elección de tres diputados de la Asamblea para decretar que esta estaba abusando inconstitucionalmente de su poder. El TSJ amenazó con suspender la Asamblea unicameral, pero Maduro decidió crear un nuevo cuerpo, la Asamblea Nacional Constituyente, para modificar la Constitución y crear lo que Chávez llamó el “Estado comunal”, que en teoría tendría la potestad de otorgar el poder sobre las políticas y los presupuestos nacionales (generados casi en su totalidad por la exportación de petróleo) a consejos regionales y locales de ciudadanos.

Para crear el nuevo órgano, Maduro se valió de una ambigua sentencia recogida en el artículo 348 de la Constitución: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”. La participación en la elección de representantes de la ANC fue del 41%, ya que la oposición se negó a participar, por lo que está compuesta en su gran mayoría por adláteres de Maduro. El 8 de agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente, independiente de la Asamblea Nacional de Venezuela, adquirió plenos poderes legislativos amparándose en el artículo 349 de la Constitución, que pretende evitar la obstrucción del funcionamiento de una asamblea constitucional.

Las autoridades electorales de Venezuela fijaron las elecciones presidenciales en mayo de 2018, medio año antes de lo que correspondía. Esta decisión, aunque encuadrada en el marco constitucional, generó una gran complicación para elegir un candidato en una oposición dividida. Una facción extensa boicoteó la votación, mientras que otra respaldó a su candidato, el gobernador de un estado importante.

Maduro ganó con el 67,8% de los votos y una participación del 46,7%, una cifra baja en comparación con anteriores comicios. El candidato del PSUV asegura que estas elecciones le convierten en el presidente legítimo y acusa a la oposición, a Estados Unidos y a otros gobiernos extranjeros de promover un golpe de estado en Venezuela.

Por su parte, Guaidó se erigió en presidente interino legitimado por la Constitución después de que la Asamblea Nacional declarase la presidencia “vacante” según el artículo 233, que permite a un presidente interino sustituir al líder elegido en referendo por “abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional”.

Guaidó defiende su actuación como una vía constitucional para sacar al país de la crisis económica y política en la que se encuentra inmerso, decisión que fue reconocida y apoyada por gran parte de los medios de comunicación de las democracias liberales. Maduro recuerda que él ganó unas elecciones y que Guaidó no lo hizo, y este último promete que las convocará cuando tenga el control del Gobierno.

¿Por qué ambos presidentes pusieron tanto empeño en justificar su estatus de “constitucional” cuando casi todo el mundo estaba de acuerdo en que es el Ejército Bolivariano quien tiene la llave para llegar al poder? Por una simple razón: muchos de los miembros del Ejército consideran que defender la Constitución es su trabajo, por lo que resulta importante recalcar el carácter constitucional de sus acciones. Además, ambas partes abogaban por hacer un llamamiento a la opinión internacional sin olvidarse del apoyo de los venezolanos de los barrios pobres y del campo, que conciben la Constitución de 1999 como una garantía de su derecho, conquistado bajo el mandato de Chávez, a ser incluidos en las discusiones acerca del futuro del país.