En septiembre de 2019, el descuartizamiento de dos personas de nacionalidad peruana y venezolana ocupó las portadas de todos los diarios peruanos. El furor de la noticia: el principal responsable de este doble homicidio era un venezolano apodado Joker. El impacto de este crimen ligado al tráfico de drogas fue utilizado para legitimar ciertos discursos que asocian la delincuencia a la nacionalidad venezolana.
Más allá de los discursos, este crimen sirvió para justificar el endurecimiento de ciertas medidas del gobierno peruano para hacer frente a la migración, medidas como las expulsiones exprés y los operativos policiales para detectar venezolanos en situación irregular.
Perú vive una situación inédita pues jamás, a lo largo de su historia republicana, había recibido un flujo migratorio tan importante y en un lapso de tiempo tan corto.
Ante este contexto, el Estado peruano no logra dar respuestas integrales y responde de manera puntual, multiplicando dispositivos migratorios que terminan por fragilizar aún más la situación de los migrantes.
Perú, primer país de refugio para los venezolanos
Actualmente, unos 860 000 venezolanos viven en el Perú, de los cuales 280 000 han solicitado el estatuto de refugiado. Así, Perú se ha convertido en el primer destino de los venezolanos que buscan protección internacional, y el segundo país de acogida en el mundo para ellos, después de Colombia.
Este hecho se explica, en primer lugar, por los dispositivos de acogida que fueron implementados durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, al inicio de la crisis venezolana; y en segundo lugar, debido a las características del mercado laboral peruano, un mercado altamente informal donde incluso los venezolanos en situación irregular pueden encontrar trabajo. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, el trabajo formal solo representa el 27.4% de la economía del país, mientras que el informal, el 72.6%.
Estos dos factores hicieron que desde 2017 centenares de miles de migrantes venezolanos eligieran al Perú como destino final. En Colombia, país fronterizo con Venezuela, encontrar un trabajo es cada vez más complicado debido a la cantidad de venezolanos instalados; Ecuador, por otro lado, no es una opción muy atractiva pues al estar su economía dolarizada, el costo de vida es un poco más elevado que en Perú.
El escenario actual plantea una situación inédita en la región pues, hasta ahora, la migración venezolana se dirigía hacia el Norte y eran Estados Unidos y España los principales destinos. A partir de 2016 eso cambió, configurándose un nuevo patrón migratorio hacia el Sur.
La buena voluntad del inicio
Desde el punto de vista jurídico, la gestión del flujo migratorio venezolano en Perú ha experimentado dos momentos.
En un inicio, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski mantuvo una política de puertas abiertas. Así, en enero de 2017 entró en vigor el PTP (Permiso Temporal de Permanencia). Este documento creado exclusivamente para los migrantes venezolanos, les permitía trabajar de manera formal por un período de un año.
La creación de este dispositivo, que no otorga ni calidad ni status migratorio y por lo tanto tampoco garantiza el acceso al sistema de salud, se inscribe en un contexto donde la comunidad internacional ha tomado medidas en contra de la llamada “Revolución Bolivariana”.
Primero, con la creación del Grupo de Lima (GL), formado por 14 países miembros de la Organización de Estados Americanos con el objetivo de encontrar alternativas de solución para la situación de Venezuela.
Después, en agosto de 2017, este país fue suspendido del Mercosur (Mercado Común del Sur) por los otros Estados miembros, en aplicación de la “cláusula democrática” que el gobierno de Nicolás Maduro habría contravenido. Esto se tradujo en la suspensión indefinida de la visa Mercosur de la que hasta entonces gozaban los venezolanos en los países miembros y socios del bloque. Por ejemplo, en 2009, el Perú, socio económico de esta comunidad, implementó un acuerdo migratorio que permitía a los ciudadanos del Mercosur, de Bolivia y de Chile, instalarse en el país por un período de dos años.
Después de la suspensión de Venezuela, los países involucrados crearon sus propios dispositivos para regular la entrada y salida de los migrantes venezolanos. Cada territorio se convirtió en un universo particular, con reglas específicas que evolucionaban a diferentes ritmos, lo que terminó colocando a los migrantes venezolanos en un vacío legal.
Creación de apátridas
Uno de los principales riesgos ligados a este contexto es la situación de los niños apátridas o en riesgo de apatridia.
En agosto de este año, Colombia se vio obligada a otorgar la nacionalidad a los niños de padres venezolanos que habían nacido en su territorio. Hasta entonces ese país no reconocía el derecho de suelo y otorgaba como único documento una “constancia de nacido vivo no válido para canje de nacionalidad”. Sin embargo, entre los 24 000 niños que Colombia estima nacieron en su territorio, una gran parte se dirigió hacia el Perú, lo que hace que muchos de ellos se encuentren hoy sin nacionalidad.
Si los padres venezolanos desean que sus hijos obtengan la nacionalidad colombiana, tienen que regresar a ese país para hacer los trámites necesarios pues la solicitud no se puede hacer desde el extranjero. Ahora bien, antes de salir del Perú, deben tramitar la visa humanitaria para atravesar Ecuador –documento obligatorio para los venezolanos desde el 26 de agosto pasado.
En función del status migratorio que tengan en Perú, estos padres venezolanos serán autorizados a regresar o no. Solicitar la nacionalidad venezolana para sus niños, en un consulado venezolano en Perú, tampoco es una opción. Desde que Perú expulsó al embajador venezolano, en agosto de 2017, todos los trámites y procesos administrativos en la embajada y el consulado de Venezuela en Perú quedaron paralizados de manera indefinida.
Ente control y cierre legal de fronteras
El segundo momento coincide con la llegada al poder del presidente Martín Vizcarra, en agosto de 2018, quien reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, obligado a renunciar por corrupción.
Vizcarra, aunque del mismo partido político que su antecesor, opera un cambio en la política migratoria del país. Apoyándose en el descontento de los peruanos que asocian la delincuencia o la falta de trabajo a la migración venezolana, Vizcarra adopta una serie de medidas con el objetivo de contener la llegada de nuevos migrantes.
En agosto de 2018, la presentación del pasaporte se vuelve obligatoria para todos los venezolanos que deseen entrar al Perú. Una medida disuasiva debido al alto costo de este documento en Venezuela, pero que fue bien recibida por el 66% de peruanos.
En noviembre de 2018, esta medida fue suspendida momentáneamente pero solo para ser restablecida tres meses después. En la práctica, lo que esta exigencia ocasionó fue que los venezolanos sin pasaporte tomen vías clandestinas o pasos no autorizados, pagando a “trocheros” o traficantes para ingresar al Perú. Estos delincuentes, hasta ese momento inexistentes, ven en las nuevas restricciones migratorias una oportunidad de negocio. El 15 de junio de 2019 entra en vigor la visa humanitaria de Perú, a partir de entonces único documento autorizado para entrar al país. Dos meses después, Ecuador impone también su propia visa humanitaria.
Este cierre legal de fronteras, efectivamente, ha disminuido el número de ingresos regulares al país –se habla de una reducción de un 91% de migrantes venezolanos entre julio y agosto de 2019.
Sin embargo, el número de entradas irregulares ha aumentado. Si bien no existen cifras oficiales al respecto, la Organización Internacional para las Migraciones señala que desde agosto de este año, el 68% de los venezolanos que llega a la frontera entre Perú y Ecuador, lo ha hecho de manera irregular. Debido a las nuevas disposiciones de ambos países, estos migrantes ya no son aceptados en Perú y se ven obligados a quedarse en este espacio entre ambos territorios.
La aparición de campamentos de migrantes
Esta situación ha provocado otra situación inédita, la instalación de campamentos de migrantes en la frontera entre Ecuador y Perú.
Aquí se encuentran principalmente, solicitantes de refugio pues desde la entrada en vigor de la visa ecuatoriana, la evaluación para otorgar o negar la calidad de refugiado se realiza en la frontera. Pero ellos no son los únicos, en este espacio también se encuentran venezolanos con PTP o con visa humanitaria de Perú que atravesaron Ecuador de manera irregular. Desde agosto de este año, es obligatorio pasar el control migratorio en Ecuador para poder entrar al Perú. Sin un documento que pruebe este control, los migrantes venezolanos son bloqueados en esta zona fronteriza que no es ni Perú ni Ecuador, formalmente.
Ante la situación de emergencia en este espacio de libre tránsito, organismos internacionales como OIM, ACNUR, UNICEF, entre otros, han instalado carpas de apoyo. Ellos se ocupan de la alimentación, del cuidado de los niños y del acompañamiento jurídico de los migrantes.
Actualmente, hay unas 120 personas que se encuentran bloqueadas en este lugar, esperando por tiempo indefinido por una respuesta de Perú o de Ecuador. Mariana, de 16 años, cuenta que llegó a este espacio cuando su bebé tenía 23 días de vida. Hoy, el pequeño ya tiene tres meses.
Las organizaciones de la sociedad civil también se movilizan al respecto. El Servicio Jesuita de la Solidaridad (SJS), socio de ACNUR, ha lanzado una página web de información donde se explican los trámites y procedimientos a seguir; ellos también acompañan a los migrantes en los procesos administrativos para regularizar su situación. En función de los casos, el SJS ayuda económicamente a personas en emergencia, por ejemplo madres solteras o mujeres embarazadas en situación de calle, niños en riesgo de apatridia, recién llegados sin domicilio, etc.
Sin embargo, este cierre legal de las fronteras tiene también efectos más generales en la dinámica migratoria.
Una explosión de solicitudes de refugio
Por un lado, las solicitudes de refugio de venezolanos en situación irregular han aumentado vertiginosamente. El refugio se ha convertido en un cajón de sastre donde ingresan todos los casos no contemplados por la ley, pero también en una estrategia de los migrantes para permanecer en territorio peruano mientras dure el trámite.
En ese contexto, la Comisión Especial para los Refugiados se ha visto inundada de solicitudes de refugio que no corresponden a la definición clásica del perfil de protección. Su respuesta ha sido desactivar por tiempo indefinido la plataforma web donde se hacían las solicitudes de refugio. Actualmente, es necesario dirigirse personalmente a las oficinas de la Comisión para presentar la solicitud, una solución temporal que desanima a los migrantes.
El aumento de las solicitudes de refugio también está relacionado con la implementación del “Plan Migración Segura 2019”, en abril de este año. Con esta estrategia, el Ministerio del Interior busca luchar contra la delincuencia expulsando del país a todo venezolano con antecedentes penales, policiales o judiciales en su país de origen. Según las últimas cifras, 890 personas han sido expulsadas y regresadas a Venezuela por este motivo. El problema es que el tiempo que media entre la detención y la expulsión de la persona es de menos de 24 horas, un plazo en el que es imposible ejercer el derecho de defensa.
En este contexto de solicitudes de refugio en suspenso, de expulsiones sin derecho a la defensa –que afectan incluso a solicitantes de refugio– y de prácticas que cambian todas las semanas sin un canal de información oficial, las ONG así como los organismos internacionales han tomado el relevo y se han convertido en la única fuente fiable de información para los migrantes venezolanos.