Vivimos en un siglo caracterizado por cambios globales que están estrechamente vinculados entre sí: la emergencia climática, el pico del petróleo, la crisis de biodiversidad, el abuso de fertilizantes, herbicidas e insecticidas y el desmesurado crecimiento poblacional, entre otros.
Además, todos estos fenómenos están relacionados con nuestro planeta y sus habitantes, con el lugar y los seres con quienes compartimos tiempo y espacio. Y todos se nos presentan como retos importantes. Amenazan directamente nuestro bienestar y, en muchos casos, también nuestras vidas.
Afortunadamente, comenzamos a reaccionar. Tanto Europa como España están emprendiendo acciones para frenar algunos de estos cambios. Principalmente, los que involucran al calentamiento global (mediante la descarbonización energética) y a la crisis de biodiversidad (empleando las sucesivas estrategias de la UE sobre biodiversidad).
Puesto que ambos procesos están íntimamente interconectados, cualquier posible solución pasa por abordarlos de manera sincrónica, conjunta y equilibrada. Desde luego, la resolución de uno de ellos no puede, en ningún caso, suponer efectos negativos para el otro.
Sin embargo, el proceso actual de transición energética parece totalmente ajeno a esta última afirmación. Se observa un tsunami de proyectos de energías renovables, en muchas ocasiones con dimensiones desorbitadas, que superan los objetivos propuestos por las Estrategias del Plan Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).
Estos proyectos se localizan sobre y cerca de áreas de alto valor ambiental y, en ningún caso, contemplan los impactos, ni locales ni sinérgicos, sobre el medio ambiente y la biodiversidad.
Lo que subyace es más de lo mismo. Más de lo que nos ha traído a esta situación de crisis que ahora tenemos que afrontar: megaempresas que venden su producto como “energía limpia”, pero cuyos objetivos son los beneficios económicos rápidos. En muchas ocasiones, buscan recibir subvenciones destinadas a la protección medioambiental, pero con resultados que no solo no ayudan a conservar el medio ambiente, sino que implican una importante degradación del mismo.
Grupos de trabajo especializados
Un buen número de iniciativas están haciendo frente a esta situación. Están promovidas por estamentos sociales muy diversos: población local directamente perjudicada por los proyectos, incluyendo a empresas que desarrollan actividades económicas en las zonas afectadas, colectivos conservacionistas preocupados por el deterioro medioambiental y también técnicos e investigadores en diversas disciplinas relacionadas con el patrimonio natural.
En esta última categoría entra MEDINAT, un grupo de trabajo abierto formado por especialistas en diferentes aspectos del medio natural y centrado en el ámbito de la Cordillera Cantábrica. Sus principales objetivos son los siguientes:
Documentar diversas afecciones al medio natural relacionadas con proyectos de producción energética industrial.
Poner a disposición pública los informes que se generan, así como la normativa relacionada.
Prestar apoyo a diversos colectivos en el trabajo de alegaciones.
De cara al futuro, MEDINAT tiene como objetivo analizar posibles escenarios para que la transición energética tenga un efecto favorable para el medio ambiente.
En este mapa, elaborado por PDCC a partir de información pública, se muestran las actuaciones en la Cordillera Cantábrica. En rojo aparecen los aerogeneradores ya instalados; en azul, los aerogeneradores proyectados.
¿Cómo diseñar los proyectos?
La pregunta clave es qué aspectos habría que tener en cuenta para que la transición energética se haga de forma beneficiosa para la conservación de la biodiversidad.
Es importante comprender que existe una serie de factores que degradan la biodiversidad. Su desarrollo solo es posible si permitimos la existencia de territorios naturalizados, donde la intervención humana no afecte a los delicados ciclos y cascadas tróficas que la sustentan.
Con esta problemática en mente, indicamos algunos aspectos que habría que considerar:
Zonificación adecuada. Implica una planificación previa y vinculante realizada por técnicos y especialistas que determinen las zonas más adecuadas para la instalación de las energías renovables y sus redes de evacuación. Deberían evitar zonas de alto valor ambiental y paisajístico y ubicarse preferentemente en suelo industrial o en lugares como tejados, superficies urbanas o carreteras.
Dimensiones adecuadas. Puesto que los macroproyectos tienen un mayor impacto, es necesario llevar a cabo esta transición mediante actuaciones de pequeño tamaño, descentralizadas y, siempre que sea posible, vinculadas al autoconsumo local. Es necesario promover la creación de proyectos diferentes a los que han funcionado hasta ahora, como pueden ser las comunidades y cooperativas energéticas locales.
Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías por parte de las empresas promotoras de grandes proyectos en energías renovables. Urge la creación de prototipos de aerogeneradores y placas solares que generen un menor impacto ambiental y que puedan ser más polivalentes en cuanto a sus lugares de instalación. Existen ya alternativas, pero necesitan un empuje para mejorar su eficiencia y para ser implementadas a una escala real.
Preferencia por las empresas con actuaciones a largo plazo que favorezcan la salud medioambiental y la conservación. Estas son complementarias a la creación y distribución de energía procedente de fuentes renovables y se ejecutan en los territorios donde se implantan. Al mismo tiempo, rechazo sistemático a aquellas empresas que promuevan actuaciones poco éticas o directamente contrarias al medio ambiente (como la fragmentación de proyectos o la localización de los mismos en zonas de alta sensibilidad ambiental, entre otras).
Estudios de impacto ambiental analizados por especialistas. La Administración debe exigir que no sean un mero trámite administrativo y que, tanto estos como las alegaciones a los mismos, sean analizados por técnicos expertos en cada disciplina. Los estudios de impacto han de ser estrictos, eficientes e independientes. Deben representar la realidad mediante un trabajo previamente documentado y comprobado en campo, y siempre realizado teniendo en cuenta la estacionalidad de muchos seres vivos.
¿De quién es la responsabilidad?
Es la Administración, y no las grandes empresas, quien, mediante una planificación previa y ordenada, debe establecer el cuándo, el cómo y el dónde de los proyectos de generación de energía renovable.
Los problemas complejos que involucran múltiples factores no pueden ser resueltos solucionando solo uno de ellos. En este contexto, MEDINAT es solo una pieza de un enorme puzle que crece por momentos, ya que el número de colectivos y personas sensibilizados con este problema aumenta de forma continua.
El trabajo que todas estas personas están realizando y compartiendo de forma altruista está permitiendo matizar la visión romántica y poco realista de lo que significa utilizar espacios con alto valor ambiental para establecer infraestructuras de energías renovables.
Pero nos queda el desafío más importante: aprender formas nuevas de vivir, de relacionarnos entre nosotros y con el medio ambiente y de impedir la inercia de las empresas y las Administraciones que aún trabajan con formas y objetivos del siglo XX.