Con la excusa de reactivar la economía tras la Covid-19, varias comunidades autónomas, con Andalucía y Madrid a la cabeza, anuncian reformas en la ley del suelo. Una posible relajación de exigencias desembocaría en la desprotección de muchos recursos patrimoniales, tanto naturales como culturales.
Las leyes del suelo son un elemento básico para la ordenación del territorio. Establecen dónde y cómo se puede edificar, marcando las líneas maestras de los nuevos planes urbanísticos. Además, definen competencias entre las administraciones y los procedimientos administrativos que hay que seguir.
“Simplificación” y “flexibilidad” son dos palabras comodín en la legislación liberal. Desde hace tiempo se vienen aprobando normas que relajan los requisitos para la construcción. Muchas de ellas han supuesto ya la desprotección del medio natural y de muchos espacios culturales.
Por eso, el anuncio de estas nuevas leyes se ve con desconfianza desde los colectivos que trabajan en la protección y conservación del patrimonio. Aquí me centraré en el patrimonio arqueológico, que es de los más sensibles.
¿Por qué protegemos estos espacios?
No solemos tener dudas sobre la protección de espacios naturales, pero cuando hablamos de arqueología la cosa no parece tan clara. El patrimonio arqueológico se protege por ley, pero también por la voluntad que ha llevado a hacer estas leyes.
La arqueología no es algo del pasado, sino que está muy presente hoy. A veces para bien, otras no tanto. Pero siempre ligada a nuestro día a día. A pesar de todo, el valor que damos a un pequeño yacimiento arqueológico en nuestro municipio no suele acercarse a los grandes monumentos.
No tenemos dudas sobre la Acrópolis ateniense o las pirámides de Giza. Viajaríamos a Perú para ver el Machu Pichu o a China para ver los guerreros de terracota. Ahora bien, ¿qué sabemos de lo que nos rodea?
España es un estado muy rico arqueológicamente. Contamos con restos en cada rincón y todos ellos nos están ayudando a reconstruir un pasado que se remonta a los primeros seres humanos que llegaron a Europa, antes incluso de nuestra especie. Desde la arqueología, estudiamos y protegemos estos vestigios.
Los modelos actuales de gestión han tratado de mitigar el enorme impacto que la construcción ha tenido sobre nuestro patrimonio arqueológico. La principal herramienta es lo que llamamos “salvaguarda por registro”, o lo que es lo mismo, excavar y documentar antes de una construcción.
Así, miles de yacimientos arqueológicos han sido documentados gracias a la necesidad de tramitar permisos antes del visto bueno a una obra. El modelo está lejos de ser perfecto. La transferencia social es muy deficiente. Pero es lo poco que nos queda para poder actuar y conocer nuestro pasado. Y aún con sus fallos, funciona.
Gracias a esto, conocemos mucho mejor nuestra historia, pero además enriquecemos la oferta cultural de nuestros municipios y se contribuye al sostenimiento de otros sectores.
¿Qué amenaza esta protección en las nuevas normas?
Como decía, el patrimonio arqueológico es muy sensible. Una vez destruido no se puede recuperar. Por eso es esencial poder estar presentes en cualquier proceso antes de que comience un movimiento de tierras.
El primer paso en la desprotección se dio al recortar herramientas preventivas. Por ejemplo, limitar los controles en lugares donde no consta presencia de restos arqueológicos. Son precisamente los espacios más frágiles e interesantes por descubrir.
A pesar de todo, se mantuvo la práctica. Sin embargo, los nuevos proyectos de ley pretenden sustituir los trámites previos por declaraciones responsables. Los ayuntamientos no tienen capacidad para revisar todos los casos, y las comunidades autónomas no tienen recursos suficientes de inspección, sobre todo si no están informadas de las obras.
Además, se suprimen directamente los permisos en algunos casos en los que eran obligados. Así lo hace el decreto andaluz publicado en marzo con Bienes de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección que existe. Y así lo plantea el anteproyecto madrileño para muchos casos supuestamente menores.
De este modo, cualquier construcción podría comenzar sin hacer los estudios previos necesarios y destruir patrimonio. La experiencia de expolio sistemático que hemos vivido en los últimos cuarenta años avala este miedo.
¿Cómo se está actuando?
La primera causa de esperanza viene de la propia política. Sin mayorías claras, cualquier reforma va a necesitar de una negociación más inclusiva que en el pasado. De hecho, resulta esencial asegurar el diálogo con todas las partes implicadas.
Andalucía aprobó como Decreto-ley, sin pasar por el Parlamento, una reforma liberalizadora muy dura el pasado marzo, pero fue inmediatamente recurrida por el Gobierno. Uno de los asuntos, la relajación de protección de los BIC que comentaba antes.
Muchos colectivos han enviado alegaciones al proyecto de ley madrileño. Por ejemplo, la Sección de Arqueología del colegio profesional madrileño lo hizo la semana pasada.
Desde estos colectivos se busca el diálogo para mejorar las normas y proteger el patrimonio arqueológico, que como bien de dominio público pertenece a toda la ciudadanía.
¿Será suficiente?
Las leyes del suelo son siempre controvertidas y cuentan con mucha atención. Por eso es más difícil que salgan adelante sin mayorías claras en los parlamentos. A pesar de todo, se siguen tramitando normas con carácter urgente y sin debate para evitar esto.
Seguramente no se conseguirá mantener todas las medidas protectoras. Aún así, se sigue trabajando día tras día desde todos los ámbitos responsables para que el impacto sea mínimo y se pueda aprovechar la primera oportunidad para mejorar los modelos.
Tanto los colectivos profesionales como muchos de la sociedad civil seguiremos alerta.