Resulta aventurado predecir cómo va a impactar a largo plazo la COVID-19 en nuestro comportamiento individual y estilo de vida, en la forma en que trabajamos, consumimos, viajamos, socializamos o disfrutamos del tiempo libre.
Otras pandemias y crisis nos han mostrado que la sociedad es resiliente y que, después del impacto inicial, se suele dejar atrás la “nueva normalidad” para volver a la normalidad de siempre. ¿Qué pasará esta vez?
Marzo, 2020
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia global de COVID-19.
En una comparecencia excepcional el viernes 13 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Castejón, anunció el estado de alarma en España.
Entonces no se sabía aún en qué consistía que hubiera una limitación temporal de la movilidad de las personas, pero no de sus derechos fundamentales.
Se suspende el ‘Mobile’
Un mes antes, el 11 de febrero, la alcaldesa de Barcelona y la consejera de Sanidad de la Generalitat de Cataluña no veían motivos para suspender el Mobile.
Sin embargo, al día siguiente, los promotores del evento decidieron cancelarlo, atendiendo a una cuestión de salud pública.
Les preocupaba la expansión del coronavirus, la confluencia de viajeros de todo el mundo y que gigantes tecnológicos como LG, Sony, Ericsson, Nokia, Nvidia, Intel y Amazon ya habían anunciado que no asistirían al evento.
En apenas un mes, el país había dado un giro de 180 grados.
Mayo, 2020
La situación que se vive en España no es excepcional. Bajo la recomendación de la OMS, casi todos los países del mundo se han visto obligados a establecer medidas de confinamiento para contener la propagación del virus.
Ahora, muchos están intentando reactivar la economía, levantando por fases las medidas más restrictivas.
Después de más de dos meses de confinamiento, y ya casi con el 70% del territorio en la fase 2 de desescalada, los españoles entienden mejor en qué consiste el estado de alarma (que ha sido prorrogado ya cinco veces por el Congreso), y cómo éste limita la movilidad de las personas.
El transporte público urbano
A raíz de la pandemia, se han cerrado fronteras y establecido medidas de confinamiento que han provocando la caída en la demanda de todo tipo de transportes.
En las ciudades, el transporte público urbano (TPU) es un servicio esencial pero, desafortunadamente, está asociado a la propagación del virus. Así, la oferta de servicios y la demanda de pasajeros se han visto afectadas, lo que reducirá los ingresos de las empresas.
El impacto económico de la COVID-19 en el TPU va a ser mayor que el de otras crisis. El transporte público está directamente relacionado con el desarrollo económico y su eficiencia depende de tarifas y subsidios.
El subsidio se justifica económicamente por el “efecto Mohring”, que está directamente relacionado con la externalidad positiva de aumentar la frecuencia de servicio (autobuses por hora).
Este mejor nivel de servicio reduce los tiempos de espera de los pasajeros pero, en las condiciones actuales, el nuevo “efecto Mohring” que justifique una subvención deberá estar relacionado con la disminución del riesgo de contagio.
En cualquier caso, es muy probable el descenso en los ingresos y es seguro el aumento en los costes variables (por el aumento en la frecuencia de limpieza y desinfección y en las unidades en servicio, para evitar así aglomeraciones).
Medidas de protección en TPU
Al ser considerado un servicio esencial para el traslado de los trabajadores a sus centros de trabajo, el TPU se ha mantenido operativo en la mayoría de las ciudades españolas (aunque algunos ayuntamientos recomendaron el uso de vehículos particulares).
El permanente contacto con distintos pasajeros, potenciales contagiadores, hace de los conductores de autobús el mayor grupo de riesgo en las empresas de TPU.
Mientras, las autoridades estatales no han dado recomendaciones específicas para prevenir el contagio y la propagación de la COVID-19 en el transporte público, más allá de la obligatoriedad de uso de mascarillas protectoras vigente desde el pasado 4 de mayo.
Pero no por ello las empresas de transporte han dejado de tomar medidas al respecto. La Figura 1 muestra las medidas adoptadas por Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB). También la Junta de Andalucía aprobó el 20 de marzo una serie de recomendaciones para el transporte público.
Lo que se ha hecho en las ‘guaguas’ de Las Palmas
Guaguas Municipales ha fijado la capacidad máxima de las guaguas en función de sus dimensiones y de la evolución de la pandemia y se ha propuesto la instalación de mamparas fijas, preferentemente de policarbonato o vidrio templado.
Las medidas de limpieza y desinfección de vehículos e instalaciones (oficinas administrativas, terminales, oficinas comerciales, taller, almacén, etc.) también se han reforzado durante este periodo.
Se han instalado dosificadores de gel de alcohol y pulverizadores con desinfectante en los autobuses, en las garitas de vigilancia y en todos los lugares de acceso del personal.
Para proteger a los usuarios, se ha limitado el acceso a los vehículos y sólo se hace por las puertas centrales o por la trasera. Se han bloqueado las primeras líneas de asientos y se ha establecido una separación mínima entre asientos. Además, se ha suspendido el pago en efectivo.
El resultado empresarial de estas medidas
Esta situación ha provocado la reducción en un 90% del número de viajeros diarios habituales. Es previsible que, a medida que se vaya avanzando en la desescalada, aumenten los viajeros.
En cualquier caso, es un hecho que la pandemia ha colocado al transporte público urbano en una situación de incertidumbre sin precedentes. Se prevé una crisis difícil y prolongada, con pérdidas cuantiosas y la necesidad de mayor financiación para garantizar el servicio.
Por ello, algunas empresas han solicitado la ampliación del periodo de concesión, para ganar estabilidad y poder compensar los costes actuales con las ganancias futuras.
¿Y ahora, qué?
Jawaharlal Nehru decía que las crisis proporcionan una gran oportunidad, ya que fuerzan a pensar.
Ahora, las empresas de TPU tienen que hacer un mejor uso de la innovación tecnológica, promoviendo el pago electrónico y la reserva de uso anticipada, centrándose en los clientes para mejorar la calidad de servicio.