Ningún sistema de inteligencia artificial podrá alterar el comportamiento de una persona, ni evaluar su honradez, ni detenerla como sospechosa de un delito, según el nuevo reglamento consensuado en Europa.
La digitalización ofrece prosperidad, innovación, competitividad y bienestar pero hay que tomar en cuenta sus posibles efectos negativos. De ahí la necesidad de una normativa que los contemple y limite.
En ocasiones, la democracia choca con las labores que hacen los servicios de inteligencia de muchos países, que bajo el argumento de mantener la seguridad nacional, campan a sus anchas y no respetan derechos fundamentales.
En España ya es obligatorio que las empresas de más de 50 trabajadores tengan planes de igualdad por razón de sexo. La realidad está demostrando las dificultades para implantarlos.
Los planes de igualdad favorecen la mejora del sistema económico, social y político y promueven un avance civilizatorio hacia una sociedad más justa, igualitaria y humana.
El terror de los ciudadanos tras los atentados del 11-S facilitó su complacencia hacia las violaciones de derechos por parte de sus países. Forzados a decidir entre libertad o seguridad, consintieron la cesión de derechos fundamentales propios y ajenos en aras de sentirse seguros. Y el abuso se normalizó.
Con el fin del estado de alarma, las comunidades autónomas carecen de cobertura constitucional y legal para limitar los derechos fundamentales y, así, este tipo de medidas han quedado sujetas a la autorización de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
Asturias ha sido la primera comunidad en solicitar la imposición del confinamiento domiciliario, pero la actual norma no prevé esta medida y, por tanto, ninguna Comunidad Autónoma podría acordarlo amparándose en el estado de alarma.
La vigilancia a los trabajadores a través de la tecnología vulnera sus derechos. Por eso es obligatorio hacerles saber, y que autoricen, ese control. Solo puede ser secreto en circunstancias excepcionales.
La escolarización es necesaria para satisfacer el derecho a la educación del niño, pero es también un medio para la realización de otros muchos derechos. El miedo al contagio puede privar al niño de mucho más que de recibir clases, especialmente cuando se trata de los colectivos más vulnerables.
El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha creado un Grupo Ético en el que se plantea el significado y las consecuencias de las interacciones humanas con las máquinas para definir lo que significa ser humano.
El secreto periodístico es una pieza esencial de la libertad de información de los medios de comunicación, y, aunque los estados tengan un cierto margen de apreciación para regularlo, sus limitaciones deben ser pocas y muy justificadas.
Los jóvenes no pueden emanciparse y algunas familias sufren desahucios, pero esa es la cara televisiva del problema. El derecho a la vivienda sigue sin tratarse como un derecho fundamental en España.
Los ciudadanos cumplimos con las leyes pero la otra parte no ha cumplido bien sus obligaciones. Nuestro catálogo de derechos y nuestro sistema de garantías están obsoletos y no responden a la demanda social.
Profesora contratada doctora en Derecho Internacional Público. Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Loyola Andalucía