En 2022 quedarán apenas 2 000 km de autopistas de peaje en España, el 11% de los 17 228 km de vías de gran capacidad. Aunque pasen a ser gratuitas para sus usuarios, el mantenimiento se costeará a través de los impuestos generales.
La Agencia Tributaria española va a usar el análisis de datos para detectar el fraude fiscal. Este artículo analiza los pilares tecnológicos sobre los que se apoya este ambicioso proyecto.
Los sistemas fiscales deben ser coherentes para que sean percibidos como justos por los contribuyentes, y eficientes a la hora de recaudar los recursos que servirán para costear luego los servicios públicos.
El pago de los impuestos es la plasmación del deber de solidaridad social de cada uno para la cobertura de las necesidades de la sociedad en su conjunto. Pero hay individuos y sociedades que evitan tributar mudándose a paraísos fiscales.
En los países con amplia descentralización fiscal, y España es uno de los más avanzados en este sentido, resulta muy aconsejable que los ciudadanos sepan a qué administración pagan sus impuestos.
La economía ha cambiado y el sistema fiscal debe adaptarse y aplicar una presión fiscal que no desincentive la actividad económica y a la vez asegure los ingresos necesarios para mantener el estado del bienestar.
El sistema español hace del ladrillo la mejor inversión para la jubilación aunque también esconde riesgos: imprevistos en la legislación, depreciación del mercado inmobiliario y costes de mantenimiento.
Una multinacional tributa en el país donde tiene sucursales o tiendas, pero esta premisa no encaja en el mundo digital, donde se puede estar presente en un país sin tener ninguna presencia física.
Los fondos europeos de recuperación son indispensables para la economía española. Pero quizás las transferencias no sean suficientes y acudir a los créditos aumentaría una deuda pública ya desmesurada.
El Impuesto a las transacciones financieras recaudará el equivalente a la revalorización de las pensiones según el IPC, y la subida de las pensiones mínimas y de las no contributivas.
En pleno siglo XXI, hasta los gurús del neoliberalismo se oponen -a regañadientes- a que las grandes corporaciones puedan saltarse las reglas del juego, el ordenamiento jurídico y la regulación medioambiental.
El objetivo de los impuestos especiales no es recaudatorio. Si la carga económica ha disuadido al ciudadano del consumo, la recaudación será muy baja y la aplicación del tributo habrá sido un éxito.
Las nucleares piden que se revise el marco fiscal para el sector. Este incluye tasas por la gestión de residuos y desmantelamiento de centrales y otros tributos estatales, autonómicos y locales.
Contar con recursos propios a nivel local, provincial o regional permite articular políticas sectoriales o tecnológicas concretas, con mayor libertad y mayor capacidad de gestión, lo que ahonda en el desempeño final, tanto en términos económicos como de innovación.
Dada la actual incertidumbre política es especulativo intentar saber si habrá un Impuesto a las Transacciones Financieras en España. De haber una nueva propuesta, sería bueno actualizar las previsiones de recaudación.
Algunos programas electorales proponen reducciones e incluso eliminación de algunos impuestos, pero ningún partido se ha decantado explícitamente por una tributación basada en el género (TBG).
Cuando el tramo autonómico de los impuestos sube, los individuos con rentas más altas trasladan su residencia a comunidades con impuestos más bajos, pero menos de lo que cabría esperar.
Unos optan por aumentar las pensiones, otros prefieren adelgazar la estructura del Estado. Las cinco opciones políticas con mayores posibilidades de salir elegidas recogen en sus programas las medidas que consideran necesarias para mejorar la economía.