El 24 de marzo del año 2020, el Gobierno indio anunció un confinamiento en todo el país para frenar la expansión del coronavirus. A lo largo del año pasado, varios Gobiernos estatales han seguido imponiendo confinamientos intermitentes según iba aumentando el número de casos, los más recientes durante la segunda ola, que sacudió al país con gran crudeza.
Poco después del anuncio del confinamiento, se anticipó que el cierre de los negocios afectaría muy negativamente a la situación social y económica de los millones de empleados asalariados en el país. Sin embargo, la repentina huida de millones de trabajadores migrantes desde las ciudades hasta sus pueblos supuso un desafío humanitario sin precedentes que captó la atención internacional.
Los medios de comunicación empezaron a informar sin descanso y en detalle de las precarias condiciones de los trabajadores migrantes. Fueron abandonados a su suerte en el país sin comida y sin un sitio en el que dormir. Solo les quedó luchar por sobrevivir y tratar de regresar a sus pueblos.
Los Gobiernos nacionales y estatales, los distintos grupos de la sociedad civil e Indian Railways se esforzaron por procurarles un regreso seguro y garantizarles unos servicios básicos.
La India bien podría haber evitado este éxodo, o al menos mitigado su gravedad, si hubiera prestado más atención al patrón de movimiento de los trabajadores migrantes y hubiera considerado la covid-19 como un desastre biológico.
En circunstancias normales, un trabajador migrante se desplaza voluntariamente a un sitio en busca de trabajo. En la India hay 139 millones de trabajadores migrantes que cada año van de los pueblos a las ciudades en busca de un puesto en los sectores de la construcción, la producción, la hostelería, la industria textil y el trabajo doméstico. La motivación para trasladarse es voluntaria: los migrantes internos se desplazan porque quieren conseguir un medio de subsistencia mejor. Cuando regresan a su lugar de origen una vez finalizado su empleo, la decisión también es voluntaria.
Sin embargo, el movimiento de los trabajadores migrantes como consecuencia del confinamiento no fue ni una elección voluntaria ni un deseo por disfrutar de una vida mejor. Quedaban aislados en su viaje de vuelta a casa, en medio de lugares que no eran ni su sitio de trabajo ni su hogar, pero donde les ofrecían algo que llevarse a la boca y un refugio en el que descansar.
Este no es el patrón de una migración voluntaria, sino, como explico en un estudio reciente, el de un desplazamiento interno.
Dos desastres, dos respuestas diferentes
Podemos decir que los trabajadores migrantes se convirtieron en desplazados internos en ese proceso de migración inversa a sus hogares. El desplazamiento interno hace referencia al movimiento involuntario o forzado dentro de las fronteras de un país. Por ejemplo, el tsunami del océano Índico de 2004 obligó a desplazarse a aproximadamente 650 000 personas dentro de India.
La gran similitud entre el tsunami del año 2004 y la covid-19 de 2020 es que, en ambos casos, las personas se trasladaron de forma involuntaria de un sitio a otro dentro del mismo país en aras de su propia seguridad. La diferencia entre ambos sucesos es que los individuos que huyeron del tsunami fueron reconocidos como desplazados internos y, por consiguiente, contaron con protección legal que se reflejó en medidas para la evacuación y la rehabilitación, mientras que quienes estos meses de atrás escaparon de las garras de la covid-19 continúan siendo vistos como trabajadores migrantes y han sido puestos, sin más, a merced del destino.
Un desastre biológico
El hecho de que las víctimas del tsunami de 2004 fueran consideradas personas desplazadas internas refleja el buen marco legal indio para gestionar los desastres naturales. Este incluye la protección de las poblaciones afectadas por el desplazamiento mediante planes de evacuación y recuperación.
Propensa a los ciclones, la India recurre habitualmente a su Ley para la gestión de desastres de 2005 para prepararse de cara a las catástrofes naturales, evaluar los riesgos, reubicar a la población y mitigar el impacto una vez acontecidos los hechos. El Gobierno bien podría haberse acogido a esa misma ley cuando surgió la necesidad del primer confinamiento. La normativa no es aplicable solo a desastres naturales, también es válida en el caso de los desastres biológicos, como son las epidemias y las pandemias.
Los Principios Rectores de los desplazamientos internos, un instrumento internacional no vinculante, constan de un listado de las causas naturales o provocadas por el hombre que justifican un desplazamiento. De acuerdo con estos principios, los desastres biológicos que conforman emergencias de salud pública, como las pandemias y las epidemias, también se enmarcan dentro de la definición de desastres causados por el hombre.
Aun así, la trágica realidad es que, en la India, no hubo ningún precedente reciente que ayudara a entender la covid-19 como un desastre biológico capaz de obligar al desplazamiento.
Sin embargo, sí existen pruebas recientes de las secuelas que el brote de ébola dejó en África occidental en el año 2014. A partir de lo sucedido entonces, el Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos identificó cinco tendencias en relación con los movimientos: las personas se desplazan internamente huyendo de un virus, huyendo de la obligación de guardar cuarentena, buscando atención sanitaria, por ser desalojadas forzosamente y tratar de evitar el estigma y, por último, para escapar de la violencia y dejar atrás las violaciones de sus derechos.
De acuerdo con este análisis, podemos inferir que la huida de los trabajadores migrantes para escapar del confinamiento impuesto por la situación de la covid-19 se corresponde, en realidad, con un patrón de desplazamiento interno. Estuvo motivado por esa necesidad de supervivencia, la pérdida de los medios de subsistencia y las violaciones de los derechos humanos, como el derecho al alimento, el derecho a la vivienda y el derecho a la dignidad humana.
El reconocimiento de los trabajadores migrantes como desplazados internos abre múltiples horizontes legales para responder mejor a sus necesidades de protección y asistencia. Esta consideración contribuye a alinear las prácticas nacionales con las obligaciones internacionales, entre las que están la legislación sobre derechos humanos y la legislación de apoyo humanitario.
Con esto en mente, las futuras decisiones de los Gobiernos respecto a la gestión de la enfermedad deben centrarse fundamentalmente en extender la protección legal a los grupos vulnerables desplazados. Hemos de ser capaces de identificar los múltiples y sutiles factores que impulsan el riesgo de desastres. Entre ellos también figuran los brotes de enfermedades infecciosas como la covid-19.
Este artículo forma parte de una serie sobre cómo recuperarse de la pandemia de forma que las sociedades sean más resistentes y puedan hacer frente a futuros retos. Lea más sobre la cobertura aquí.