Los problemas económicos de las sociedades pueden analizarse en función de su capacidad para organizar la cadena de valor del conocimiento, es decir, para investigar, desarrollar, industrializar y comercializar el conocimiento. Esta organización es eficaz cuando permite alcanzar una nueva rutina que sustituya la forma establecida de resolver un problema. Para ello, los sectores intensivos en conocimiento invierten masivamente en activos intangibles (I+D, capital humano, capital organizacional, etc.).
Sin embargo, en la industria farmacéutica nos enfrentamos a una paradoja: la vacuna contra la covid-19 pudo desarrollarse en un año en lugar de en los diez habituales, a pesar de que la financiarización de la industria farmacéutica ha llevado a una disminución del gasto en I+D respecto al volumen de negocio en muchos países.
La innovación en la industria farmacéutica
La búsqueda de valor para los accionistas ha llevado a las grandes farmacéuticas, la Big Pharma, a destinar gran parte de los beneficios a la recompra de acciones y al reparto de dividendos. En Francia, por ejemplo, en los últimos diez años Sanofi ha destinado el 99 % de sus beneficios a recomprar acciones y repartir dividendos, según Alternatives Économiques. Este gasto, que podría haber financiado la investigación básica, va por tanto en detrimento de la innovación.
En un contexto más amplio, la deserción de la industria farmacéutica francesa no es más que el reflejo de una deserción más general. En 2019, la ratio global I+D/PIB se situó en el 2,2 %, frente al 3 % en Alemania. De este 2,2 %, solo el 18 % se destina a biología y salud, y la financiación pública en sanidad disminuyó en un 28 % entre 2011 y 2018. Todo esto tiene consecuencias en el número de publicaciones, citas y patentes presentadas.
En los Estados Unidos, las empresas más financiarizadas son aquellas cuyo gasto en I+D es menos productivo por dólar gastado. Merck y Pfizer adquieren “éxitos de taquilla” creados por otras compañías, cobran los ingresos por la propiedad intelectual y participan poco en el desarrollo de medicamentos. Estas empresas se convierten en “plataformas de operaciones”.
Hay dos aspectos que llaman la atención. Por un lado, la actitud francesa valora la producción de nuevos conocimientos sin buscarles aplicaciones que modifiquen las formas de actuar, degrada los productos y procesos existentes y reasigna competencias. Por lo tanto, en la industria farmacéutica, Francia no favorece la producción de medicamentos innovadores.
División social del trabajo
Por otro lado, las opciones innovadoras son necesariamente ambiguas y arriesgadas. De hecho, como hemos observado en nuestras investigaciones, es difícil evaluar a priori la aceptabilidad social de las políticas alternativas, así como distinguir los buenos proyectos de los que no lo son tanto, seleccionar las direcciones en las que se ampliará la inversión de I+D y controlar el ritmo del progreso tecnológico.
Por todo ello, la inversión pública para la realización de ensayos clínicos ha supuesto un mecanismo de consolidación en la crisis de la covid-19. Los economistas Ruchir Agarwal y Patrick Gaule así lo han demostrado en su reciente análisis de 300 000 ensayos en 209 países, comparando la covid-19 con otras 75 enfermedades.
El primer muestreo, que incluye 75 enfermedades, demuestra una regularidad empírica, la “ley del esfuerzo decreciente”: cuando el número de pacientes aumenta en un 1 %, el esfuerzo de I+D aumenta solo en un 0,43 %. Por otro lado, el segundo muestreo, el de la covid-19, supone una excepción a esta ley. El número de ensayos clínicos, de 7 a 20 veces mayor que el esperado según el tamaño del mercado, no generó una disminución de la inversión (efectos de desplazamiento).
Por lo tanto, es como si se hubiera establecido una división social del trabajo. Las entidades públicas de investigación (universidades, hospitales, centros especializados, etc.) han proporcionado el 70 % de todos los ensayos clínicos a nivel mundial.
En los Estados Unidos, el sector público ha contribuido a ampliar la innovación al permitir que el sector privado, respaldado por el Gobierno, comercialice las vacunas en un tiempo récord.
Así pues, los argumentos económicos no son suficientes para explicar la implementación de una nueva rutina. El argumento organizativo y relacional se revela fundamental para entender la articulación de actores públicos y privados en un marco de asociación. Las motivaciones ajenas al ámbito comercial, como la voluntad de generar efectos a nivel de reputación al proporcionar productos seguros y eficaces, también desempeñan un papel clave.