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Vladimir Putin con el viceprimer ministro Marat Khusnullin conducen un coche por Mariupol, en el sureste de Ucrania.
¿En la escena del crimen? Vladimir Putin visita Mariupol, que Rusia capturó en mayo de 2022 tras la muerte de miles de personas, entre ellas muchos civiles. EPA-EFE/Russian presidential press service

La orden de detención contra Putin dictada por la Corte Penal Internacional puede ser simbólica, pero debe ser el principio para que rinda cuentas

Con motivo del noveno aniversario de la anexión ilegal de Crimea, el 18 de marzo el presidente ruso Vladimir Putin visitó la península ucraniana ocupada. Su visita se produjo un día después de que la Corte Penal Internacional de La Haya emitiera una orden de detención contra él.

Putin y su comisaria para la infancia, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, se enfrentan a cargos relacionados con la supuesta deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. Por simbólica que pueda ser por ahora, la orden judicial señala una determinación contra la impunidad. Señala la enorme magnitud de los abusos cometidos por las fuerzas rusas y sus representantes, de los que Putin es el máximo responsable.

La deportación a Rusia de niños ucranianos desde los territorios de Ucrania ocupados contraviene claramente la cuarta convención de Ginebra. Esta trata de la protección de los civiles durante la guerra, de la que Rusia es parte.

Las violaciones de los derechos de los niños han sido documentadas con desgarradores detalles por la organización de derechos humanos Almenda, que hasta 2014 tenía su sede en Crimea y ha supervisado los abusos rusos contra los niños y otros grupos vulnerables desde entonces.

Violaciones rusas del derecho internacional

Los abusos rusos en Ucrania se extienden mucho más allá de la deportación de niños y mucho más allá de Crimea. Así lo ha documentado en dos informes la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en Ucrania. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Ucrania también ha recopilado sus propias investigaciones. Los informes, de octubre de 2022 y marzo de 2023, dan una idea de la magnitud de los abusos sufridos por la población civil desde que Rusia se anexionó Crimea y ocupó partes del Donbás en 2014.

Existen claras obligaciones para las potencias ocupantes en virtud del Reglamento de La Haya sobre la guerra terrestre (1907) y del cuarto convenio de Ginebra (1949), así como del primer protocolo adicional a los convenios de Ginebra (1977).

Entre las violaciones cometidas por Rusia a lo largo de nueve años se incluye la de hacer permanentes, en lugar de temporales, los acuerdos de ocupación. Introdujeron el rublo ruso como moneda y cambiaron los planes de estudio y el idioma de las escuelas al ruso. Se han impuesto pasaportes rusos a la población y se ha reclutado a la fuerza a hombres para el ejército ruso.

Las anexiones por parte de Rusia de Crimea en marzo de 2014 y de las regiones de Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporiya en septiembre de 2022 también son ilegales según el derecho internacional.

También hay pruebas de que Rusia no ha satisfecho ni siquiera las necesidades básicas -alimentos, agua, electricidad, saneamiento y atención sanitaria- de los residentes que han permanecido allí, otro requisito del derecho internacional.

Mientras tanto, ha habido informes de abusos directos contra civiles. Estos abusos van desde homicidios ilegítimos y secuestros hasta torturas, violencia sexual y deportaciones forzosas. Se han destruido propiedades públicas y privadas y se ha denegado a la población los derechos civiles y las libertades políticas básicas.

La invasión a gran escala de febrero de 2022 intensificó aún más el sufrimiento de la población civil. Rusia hizo caso omiso de los principios de distinción, proporcionalidad y cautela al atacar zonas pobladas. Destruyeron infraestructuras civiles críticas y las denominadas “instalaciones que contienen materiales peligrosos”, como centrales nucleares.

Desde febrero del año pasado, el trato a los prisioneros de guerra, protegidos por la tercera convención de Ginebra (1949), se ha añadido a la lista de violaciones rusas del derecho internacional. Esto ha incluido el maltrato sistemático a los prisioneros de guerra, incluida la tortura y la violencia sexual.

¿Puede Rusia rendir cuentas?

Ucrania ha iniciado sus propios esfuerzos para exigir responsabilidades individuales a través de juicios nacionales por crímenes de guerra. Pero la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Putin indica un frente más amplio en la lucha contra la impunidad. El hecho de que Rusia se retirara en 2016 del estatuto de Roma que creó el tribunal no significa que el presidente ruso no pueda ser juzgado ante él.

El expresidente serbio Slobodan Milošević fue acusado cuando aún ocupaba el cargo, en 1999. Tuvo que comparecer ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia entre 2002 y su muerte en 2006.

Del mismo modo, el hecho de que Ucrania no sea signataria del Estatuto de Roma es irrelevante en este caso, ya que el país ha ejercido dos veces su prerrogativa de aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En 2015 concedió al tribunal un derecho de duración indefinida para investigar posibles crímenes cometidos en territorio ucraniano después del 20 de febrero de 2014.

Otra opción es procesar a los dirigentes rusos específicamente por el crimen de agresión contra Ucrania ante un tribunal especial, creado como mecanismo internacional híbrido para complementar a la Corte Penal Internacional y los procedimientos judiciales internos ucranianos.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski habla en la conferencia
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski: la orden de detención contra Putin es un punto de inflexión en la guerra contra Rusia. EPA-EFE/Mykola Tys

Otros organismos especializados también pueden conocer de casos contra Rusia. El Consejo de Aviación de la ONU acordó hacerlo el 17 de marzo en el contexto del derribo en 2014 del vuelo MH17 sobre Donbás.

También existe el principio de jurisdicción universal. Esto permite a los Estados procesar por crímenes de guerra a personas que no sean nacionales de sus países. Alemania, Suiza y otros países europeos han recurrido a este mecanismo para enjuiciar crímenes de guerra cometidos en la guerra civil siria desde 2011.

Más allá de la rendición de cuentas

Pero la rendición de cuentas por sí sola ni siquiera empezará a abordar el sufrimiento de los ucranianos. Ayudar a los ciudadanos a hacer frente al trauma que han experimentado significa crear una respuesta local, culturalmente adecuada, para que las víctimas y los supervivientes se organicen, identifiquen y defiendan sus necesidades específicas. Habrá que apoyar a las mujeres y a los hogares dirigidos por mujeres. En última instancia, será necesaria la búsqueda de la verdad a nivel local para que las personas puedan volver a convivir de forma segura.

Este tipo de justicia reparadora será un complemento esencial de la justicia retributiva. Ya hay un gran número de víctimas y supervivientes de los abusos rusos en los territorios controlados por Ucrania y en los recientemente liberados. Trabajar con estas personas es esencial por su propio bien, pero también para mejorar constantemente los esfuerzos de justicia restaurativa a medida que Ucrania libera más territorios.

Dar a conocer el apoyo internacional a las medidas restaurativas es una señal tan importante para el pueblo de Ucrania como la lucha contra la impunidad de Putin y otros criminales de guerra rusos. Es una señal de compromiso, no sólo con la victoria ucraniana, sino también con la justicia posterior.

This article was originally published in English

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