Playa de Benidorm (España). Philip Lange / Shutterstock

Las presiones del ‘lobby’ turístico en un año en que España volverá a las cifras de 1978

Cuando escribimos estas líneas carecemos de referencias claras acerca de la trascendencia de los desafíos a los que el turismo se enfrenta. La pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 plantea retos sociales que todavía ni las empresas, los expertos o los gobiernos son capaces de discernir. Sin embargo, algunos actores enseguida se apresuraron a producir discursos con los que definir la situación y, de paso, fijar posiciones.

La definición de la situación

El sector turístico estima que en 2020 podrían llegar a España unos 36 millones de turistas internacionales. Un 56% menos que en 2019 y una cifra equiparable a la de 1978.

De aplicarse la misma reducción al gasto del turismo extranjero (que fue de 92 337 millones de euros en 2019), los ingresos de esta temporada por turismo internacional serían de 40 628 millones de euros. Ello supondría una caída de 51 709 millones de euros.

El 10 de marzo la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ya había enviado un documento al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con diversas exigencias. Entre otras:

  • Un aplazamiento (sin recargos) del pago de tasas municipales, de las cuotas del IVA y de la Seguridad Social.

  • Bonificaciones por mantener las cotizaciones de determinados perfiles de trabajadores.

  • Flexibilizar el cómputo de las vacaciones y de los días festivos.

  • Facilitar el descuelgue excepcional de los acuerdos estipulados entre los empresarios y los representantes de los trabajadores plasmados en los convenios colectivos.

  • Asegurar la liquidez de las empresas garantizando la concesión de créditos por las entidades financieras.

  • El acceso a líneas de financiación sin intereses procedentes del Instituto de Crédito Oficial.

  • El compromiso de acordar con todos los gobiernos regionales el no establecimiento de impuestos o tasas turísticas o ecológicas.

  • Más allá del ámbito estricto del sector hotelero, el aplazamiento de la entrada en vigor del impuesto al queroseno en el transporte aéreo.

En la misma línea, el lobby español Exceltur (donde están agrupadas 28 poderosas empresas como Meliá Hotels, Iberia, Renfe, Hertz o American Express) propone al Gobierno:

  • Una condonación del pago de impuestos.

  • Que asegure una línea de avales al sector de 200 000 millones de euros.

  • El desarrollo de una legislación que evite atender mediante reingresos las solicitudes de devolución de pagos de los consumidores (billetes de transporte, reservas de alojamiento, paquetes turísticos, etc.). En su lugar, sugiere ofrecer bonos canjeables en el futuro.

De la amenaza de los fondos buitre…

La amenaza de los fondos de inversión financiera es esgrimida para justificar el reclamo de las ayudas.

Desde la CEHAT se llega a establecer una analogía explícita entre la situación en la que se encuentra el sector turístico español durante la crisis de la COVID-19 y aquella otra en la que se hallaban los sectores inmobiliario y bancario entre 2007 y 2008.

El presidente de la CEHAT espera “que de esa crisis hayamos aprendido y no pongamos otra vez en manos de los fondos buitre al único sector que le queda a España para poder presumir, el sector turístico”.

Es decir, exige que el Estado se encargue de evitar que dichos fondos hagan su negocio comprando a la baja y revendiendo un tiempo después las propiedades recién adquiridas. En aquel momento activos inmobiliarios, hoy empresas hoteleras.

Para que esta comparación se sostenga debería asumirse que el tejido empresarial del turismo español se halla en una situación de fragilidad semejante a la que padecía el sector inmobiliario en 2008, tras completar décadas de hiperinflación y de sobredimensionamiento especulativo. Además, tendría que aceptarse que le ocurre algo que pudiera recordar a lo que le pasó a gran parte de la banca, podrida por activos tóxicos y una política crediticia irresponsable.

Después del estallido de las burbujas financiera e inmobiliaria en 2008, se normalizan ciertos procedimientos de gestión de las crisis. Ante las dificultades experimentadas por determinadas élites empresariales en la administración de los beneficios obtenidos durante años, emerge un nuevo orden de legitimación. Por supuesto, no aludimos aquí a los pequeños negocios, cuya situación no es comparable a la de las grandes corporaciones.

El nuevo sistema de explicaciones y justificaciones posee una lógica fácil de entender. Cuando la acumulación de ganancias se ve interrumpida, es preciso institucionalizar la transferencia de ayudas al sector privado procedentes de los fondos públicos.

Los representantes de la patronal turística encuentran compatible:

  • Por un lado, reclamar dinero público para salvar sus cuentas.

  • Por otro, la crítica constante a la intervención del Estado en la economía.

…a la protección de los trabajadores

El discurso empresarial vincula las exigencias de flexibilidad con su interés en proteger a los trabajadores. En efecto, muchas empresas realizan una gestión comprometida con la protección de los intereses de sus empleados. Pero en otras ocasiones no sucede lo mismo.

La informalización y la precariedad laboral son características del sector turístico español. El requerimiento de dirigir recursos públicos masivos al ámbito privado de la economía turística con el efecto manifiesto de socializar sus pérdidas y con la esperanza, mucho menos evidente, de que ayude a promover una salida de la crisis para el conjunto de los trabajadores del sector, es una aspiración coherente con el objetivo final. Esto es, con el reconocimiento de la empresa privada como el intermediario esencial de las relaciones entre Sociedad, Estado y Mercado.

Para retomar la senda de la prosperidad, ahora habría que depositar toda la confianza en el empresario, investido de atributos solidarios que el propio Adam Smith le negó.

De una lógica capitalista que identifica la necesidad de la intervención estatal para estimular el consumo familiar en periodos de contracción económica, se pasa a otra que preconiza una intervención sobre el mercado. En este caso, con el objetivo de garantizar la acumulación de recursos por las corporaciones en periodos de incertidumbre.

La alternativa pasa por ayudar a las personas

Existe un amplio abanico de posibilidades a la hora de gestionar la influencia de la crisis de la COVID-19 en el sistema turístico.

Si el drama humanitario provocado por el coronavirus es procesado por las lógicas hegemónicas, aumentarán las desigualdades sociales ya existentes. Al final, se beneficiarán quienes cuestionan la legitimidad de las estructuras democráticas y abogan por las recetas neoliberales, tachando cualquier alternativa de demagogia populista.

Ojalá en esta ocasión las inercias se quiebren. En lugar de recuperar eso que llamamos “normalidad”, quizá podamos apreciar un cambio de rumbo que permita lograr avances en justicia social y ambiental. También en la industria del turismo.

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