La proyección hasta final de año del número de mujeres asesinadas en un contexto de género apunta a que, siendo diciembre un mes especialmente crítico, la cifra final rondará los 50, un número que se mantiene estable desde hace varios años.
Pese a los indudables avances en otros ámbitos, el sistema de predicción y prevención de feminicidios no ha sufrido cambios sustanciales y, cuando los ha habido, estos no han sido mínimamente eficaces.
No podemos seguir haciendo depender la protección de la mujer maltratada de la previa presentación de denuncia. 7 de cada 10 mujeres asesinadas en los últimos años no habían denunciado a su agresor y, sin embargo, los distintos centros de atención a la mujer conocen infinidad de casos de maltrato, en los que, sin existir denuncia, se podían haber adoptado sin embargo múltiples estrategias de protección.
No podemos seguir desconociendo que los potenciales feminicidas son inasequibles a la amenaza penal (más de un tercio se suicida o lo intenta y prácticamente todos los demás se entregan sin especial oposición). Por ello, las estrategias de prevención ante determinado perfil de agresor deben ser distintas.
No podemos continuar ignorando que, en las situaciones de dominio extremo, el factor desencadenante de las reacciones feminicidas es la decisión de ruptura por parte de la mujer que ya no aguanta más. Por lo general, ese proceso de ruptura se realiza en solitario, sin apoyos relevantes por parte del sistema, a lo que se añade el desconocimiento de la propia víctima de su situación de máximo riesgo (la mayoría son asesinadas en su propio domicilio).
No podemos seguir obviando que el sistema vigente de Valoración Policial del Riesgo (VPR), realizado con una herramienta informática, además de tener un carácter altamente victimizante (a la víctima se le realizan decenas de dolorosas preguntas) ha ofrecido un resultado, en cuanto a predicción de feminicidios, equivalente a tirar los dados (basta ver las estadísticas publicadas en la página del CGPJ).
Es el momento de dar un paso más, el momento de exigir una política de prevención más seria, rigurosa y eficaz.
Necesitamos establecer un sistema paralelo y complementario de protección a la mujer que da a conocer su situación de maltrato, pero que no quiere denunciar. Debemos poner en marcha mecanismos de valoración del riesgo más eficaces, capaces de detectar, con unos márgenes de error tolerables, las situaciones de máximo peligro y de adoptar, cuando el mismo se detecte, estrategias de protección física directa, ante la probada inasequibilidad normativa de ese tipo de sujetos.
Precisamos que la víctima de maltrato sea convenientemente acompañada durante todo el proceso, tanto en el desarrollo de estrategias de denuncia (que como mínimo duplicará las posibilidades de éxito), como en la gestión de su situación de riesgo, con particular atención a los procesos de ruptura de la relación con su agresor.
Ya no bastan los lamentos, ni los minutos de silencio.