El rol de las redes sociales en el reciente golpe de estado en Bolivia ilustra el riesgo de la amplificación de narrativas que legitiman acciones de hecho en base a verdades a medias.
Las redes sociales extienden su influencia más allá de su capacidad de alterar la opinión pública alrededor de procesos democráticos como se evidenció en las votaciones sobre el “Brexit”, el plebiscito alrededor de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno en Colombia, y la elección de Trump en Estados Unidos, entre otros casos.
Las redes sociales se han convertido en una extensión de la forma en que nos comunicamos y compartimos lo que consideramos importante. No es de extrañar, entonces, que diferentes partidos y actores políticos hagan uso de estas herramientas en espacios democráticos y no democráticos.
Sin embargo, el uso de las redes sociales para justificar y movilizar el apoyo a las vías de hecho, como el reciente golpe de estado en Bolivia, enfatiza cómo tales herramientas pueden ser manipuladas para apoyar salidas menos institucionales.
El ruido
Hay una diferencia no solo semántica sino política entre los términos anomalía y fraude. Lo anómalo se refiere a algo que requiere atención, pero que puede ser corregido y revisado. Fraude, por otro lado, se refiere a algo falso, deliberado e irreversible. Hablar de una elección en la que hay anomalías habla de fallos en el proceso, mas no necesariamente en el resultado, mientras que hablar de elecciones fraudulentas habla de un proceso y unos resultados absolutamente viciados.
Las elecciones en Bolivia tuvieron anomalías. Las preguntas sobre estas elecciones se relacionan con las instituciones políticas en las cuales un presidente-candidato va a las urnas teniendo acceso a los recursos del Estado, así como la posibilidad de que un número determinado de mesas afectase la posibilidad de una victoria en la primera o segunda ronda electoral.
Para ello es importante analizar la posibilidad de las anomalías en una serie de mesas, en relación a la distribución de votos a cada partido, por mesa, según el porcentaje de participación. Esto permite entender la demografía y los resultados electorales.
Es importante considerar la polarización regional de los votos, en un contexto en que la ubicación geográfica y la etnicidad pueden ser variable significativas en la distribución de votos. No necesariamente los resultados en las grandes ciudades corresponden a las tendencias de las regiones más rurales y mayoritariamente indígenas. En el caso Boliviano, el apoyo a Morales parece ser más fuerte en zonas rurales y apartadas de las capitales, como Cochabamba, su fortín electoral.
La pregunta surge entonces en relación a las mesas en las que Morales obtuvo cerca al 100% de los votos. En este caso, parece que entre 274 y más de 500 mesas observaron anomalías en sus resultados. Estas fueron, en el peor de los escenarios, el 1.45% del total de las mesas escrutadas. Esto pone en duda la magnitud de la victoria de Morales, mas no su victoria.
Este análisis se complica, dado que la diferencia entre Morales y su contendiente definía la posibilidad de una segunda vuelta. De acuerdo a la legislación boliviana, para que un candidato ganase las elecciones en una primera ronda requiere una ventaja de mas de 10 puntos porcentuales. De acuerdo a la comisión electoral boliviana, Morales obtuvo una ventaja de 10.57 puntos porcentuales.
El papel de la OEA
Sin embargo, las anomalías en la primera ronda electoral se usaron para cuestionar todo el proceso electoral (ignorando el restante 98.55% de las mesas), y se utilizaron para justificar las presiones y los discursos para que Morales inicialmente llamase a elecciones para posteriormente abandonar la presidencia y buscar refugio político en México.
Las acciones de las fuerzas militares y la policía Boliviana, así como de los actores políticos que apoyaron el golpe de estado, siguieron una serie de acusaciones frente a las anomalías identificadas por la OEA y la creciente indignación ante un cuarto mandato de Morales. Sin embargo, el evadir la ruta institucional y asumir que lo que se publica –y se ve– en redes sociales equivale a la verdad, equivale a tomar como señal veraz lo que simplemente es ruido.
Instituciones como la OEA ignoraron esta diferencia. Pese a que sus comunicados apuntaron a resaltar las anomalías en el proceso electoral y evitaron usar la palabra fraude, fallaron en apoyar las soluciones institucionales, enviaron una señal que afectaría al proceso democrático.
Por otra parte, Morales y su insistencia en un cuarto mandato también evidencian los resquebrajamientos de la institucionalidad e incapacidad de generar liderazgo para continuar con un proceso de sucesión democrático.
Esta fractura de institucionalidad ha culminado en un golpe de estado, una amnistía ex ante frente a los posibles abusos de las fuerzas militares Bolivianas en el “proceso de pacificación” y la deslegitimación de las movilizaciones indígenas. Un proceso que ya supera las 30 muertes.
La señal
La tensión entre los resultados y la quiebra institucional boliviana debe considerarse también en un contexto de desencanto con el modelo desarrollista y extractivo, el cual genera también presiones sobre las instituciones.
El Estado Boliviano se constituyó sobre un proceso desarrollista basado en la extracción de recursos naturales. El gobierno de Evo Morales (2006-2019) buscó legitimar la intensificación de actividades extractivas a través de un incremento en la inversión social con miras a establecer las bases para diversificar el aparato productivo y abandonar eventualmente el extractivismo. Tal promesa fue bien recibida por algunos segmentos de la población, dada la deuda social acarreada desde los años ochenta y noventa, consecuencia de la adopción de programas de ajuste estructural y negligencia frente a la provisión de educación, salud y protección social.
De acuerdo a datos de la CEPAL, el gobierno de Evo Morales logró reducir la mortalidad infantil de 40.6% en 2006 a 21.8% en 2018, la pobreza se redujo de 59.4% en 2007 a 35.1% en 2017, y la inequidad medida por el coeficiente de Gini (concentración de ingresos) pasó de 0.58 a 0.46.
Estas cifras esconden aún grandes disparidades entre poblaciones urbanas y rurales, así como entre diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, mientras la pobreza se redujo de 51.3% a 25.4% en zonas urbanas, en zonas rurales cayó de niveles tan altos como 74.5% en 2007 a 57.1% en 2017 –una reducción importante pero diferente.
El modelo extractivista
Esta manera de concebir el desarrollo y el rol del Estado como principal orquestador supone un gran riesgo para la institucionalidad, pues equipara gobierno y estado con individuo y desarrollo con extractivismo. No todos los grupos sociales se beneficiaron en igual medida del modelo desarrollista de Morales, lo que explica su apoyo político o su silencio durante el golpe de estado. Si bien el golpe es claramente anti-institucional, este no esconde la posibilidad de que a través de procesos democráticos Morales llevara a Bolivia a una democracia iliberal.
Sin embargo, la salida de Morales trae el riesgo de generar nuevas inequidades o profundizar inequidades históricas. Varios grupos sociales ven en riesgo la promesa de una mejor calidad de vida. Por ello, ante la entrada de un nuevo orden gubernamental, es de esperar que los segmentos importantes de la población boliviana que mejoraron su calidad de vida durante el gobierno de Morales, o tenían expectativas de hacerlo, se movilicen.
El modelo de estado basado en el individuo y la extracción de recursos minerales había conseguido reducir la pobreza a nivel nacional. Estas medidas, sin embargo, no lograron alterar las estructuras de diferenciación social y económica que limitan la movilidad social. Su sostenibilidad es también cuestionable, pues son medidas que fluctúan con la misma volatilidad que los precios de los recursos que las financian, y que dependen de la prevalencia de la figura del caudillo en el poder.
Dadas las profundas brechas entre diferentes grupos poblacionales, las cuales tienen un fuerte componente étnico, en el cual la población indígena ha sido históricamente marginada, resultando en pobreza y exclusión, es difícil cambiar las expectativas de mejor futuro.
Si bien la población indígena en Bolivia constituye 40.6% de la población total, su representación en el gobierno que tomó el poder después del golpe de estado es nula. En este contexto, que las organizaciones indígenas se encuentren en las calles exigiendo un proceso democrático y llamando a nuevas elecciones de manera urgente, da cuenta del justificado temor de ver sus aspiraciones a una mejor vida disolverse ante el establecimiento de un régimen que ha negado rutas inclusivas para salir de esta crisis, priorizando en su lugar una retórica fundamentalista y racista que justifica violaciones de derechos fundamentales.
Democracia y redes: ¿Una amplifiación del ruido?
Las tensiones que siguieron las elecciones presidenciales de Bolivia en las últimas semanas y las anomalías que dieron telón de fondo al golpe de estado que vio la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta, señalan la conexión entre los sistemas electorales y las redes sociales y su influencia sobre la estabilidad de sistemas democráticos.
Una salida institucional requiere la capacidad de un sistema electoral en el cual las instituciones pueden prevalecer sobre las incertidumbres y el ruido generado por actores políticos interesados en agendas políticas particulares. En la capacidad de consolidar instituciones legítimas más allá de las teorías conspirativas de derecha o izquierda, o el marcado racismo y polarización, yace la posibilidad de superar la incertidumbre y violencia en las que Bolivia está sumida actualmente.
¿Pudo Evo Morales haber generado una alternativa de desarrollo? Quizá una de las promesas no cumplidas fue la de generar un proceso desarrollista radicalmente distinto, alejándose del pasado extractivista y sus selectividades.
Su gobierno pudo haber traído desarrollo económico a Bolivia, pero parece no haber construido instituciones. La frustración viene a ser mayor dado su perfil como primer presidente indígena de América Latina.
En medio de tensiones políticas, polarización, violencia e inestabilidad, se exponen las fracturas de una debilitada institucionalidad.