Es muy probable que el término “alarma” se asocie en la sociedad a una mayor gravedad, y no a una precisa cobertura constitucional, que es lo que ocurre en este caso.
La capital de España y otras ocho ciudades de la Comunidad de Madrid vuelven a estar en estado de alarma. El decreto del Gobierno aplica por esta vía las medidas de contención de la pandemia de COVID-19 que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la víspera. Desmenuzamos sus implicaciones.
La denegación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de las restricciones de movilidad en diez municipios madrileños supone un jarro de agua fría a la estrategia del Gobierno central en la lucha contra la COVID-19.