Las empresas están al borde del colapso, los autónomos al límite de sus fuerzas y toda la esperanza que resta confía en los fondos europeos que invertirán las Administraciones públicas. Pero si estas partidas no se gestionan con celeridad, no habrá forma de reactivar la economía.
El Gobierno ha anunciado la suspensión de las reglas fiscales para los gobiernos locales y autonómicos. Sin objetivos de déficit, ni de deuda pública, ni regla de gasto, solo habrá “valores de referencia”.
La participación ciudadana en los asuntos públicos se ha visto revitalizada en las ciudades que usan aplicaciones o webs de forma lúdica, como si fuera un juego “online”. Lo más importante de utilizar una estrategia gamificada es que los usuarios toman conciencia más eficazmente de todo lo que se puede conseguir por esta vía.
Los licenciados y graduados en Ciencias del Mar u oceanógrafos de formación no son biólogos marinos, sino profesionales con un perfil muy diferente del que se asocia con la imagen de Cousteau.
Al debatir los presupuestos del Estado, se deberá evaluar la eficiencia del gasto en protección social: al reducir las ayudas, bajaría el efecto positivo de los gastos en consumo de sus beneficiarios.
Hemos analizado el impacto y la función de las etiquetas más utilizadas en Twitter por administraciones y ciudadanos durante las primeras semanas de la crisis de COVID-19.
La crisis del coronavirus constituye un ejemplo de cómo las administraciones públicas pueden usar las redes sociales para informar, combatir las noticias falsas y colaborar con la ciudadanía.
La transparencia pasa por la denominada huella legislativa, un registro documental de las actividades informales de los grupos de interés en relación al procedimiento de elaboración de reglamentos y proyectos de ley.
Una mejora de la regulación de los caminos y un conocimiento más profundo de los derechos ciudadanos respecto a su uso podrían aumentar la importancia social de este tipo de vías.
La capital de España está entre las nueve ciudades europeas que adoptan un plan de acción para llevar a la práctica la obligación de respetar, garantizar y promover los derechos humanos.