El principal problema de los cibercrímenes radica en la dificultad para traducir los ataques informáticos al derecho penal y determinar la infracción que suponen.
Vivimos en una sociedad digitalizada y, aunque no somos conscientes de ello, la seguridad de nuestras relaciones sociales y económicas se encuentra amenazada por la ciberdelincuencia.
Centros involucrados en la investigación de la covid, hospitales y compañías de seguros de salud se han convertido en objetivos prioritarios de los ciberataques. ¿Cómo pueden protegerse?
Aunque con la desaparición del efectivo se reducirían el fraude fiscal, la venta de armas y el terrorismo, su eliminación chocaría de frente con el derecho a la privacidad y generaría nuevas desigualdades.