Nuestro marco constitucional otorga a las comunidades autónomas un reparto del poder tributario que ha provocado una carrera fiscal de la que no se sabe muy bien cuál es la meta.
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El empobrecimiento ciudadano a causa de la inflación ha provocado distintas reacciones tributarias en los gobiernos autonómicos de España y ha abierto un debate en torno a si, para capear el temporal, deben subirse o bajarse los impuestos.
En el listado de especies, publicado en 1992, figuran algunas que no deberían estar y faltan otras que necesitan protección. Además, se desconoce el estado de conservación de muchas de ellas. Es necesario actualizarlo.
La crisis generada por una investigación por supuesta corrupción abierta desde el partido a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, acabará favoreciéndola en lugar de desprestigiarla.
40 años después de la puesta en marcha del Estado de las Autonomías, España, un Estado que se dice descentralizado, sigue concentrando en Madrid el empleo público estatal y la inversión en infraestructuras estratégicas.
Recurrir a la crispación, descalificar al adversario y banalizar la política puede triunfar, como muestra la historia, pero no favorece marcos de convivencia estables, como la democracia deliberativa.
Con el trasfondo de la crisis sanitaria, la emoción y la comunicación incesante, características del hiperliderazgo, han venido para quedarse, con mujeres en el centro del tablero político.
La capital de España se ha erigido en el centro de enfrentamiento con el Gobierno central sobre las estrategias para afrontar la lucha contra la covid-19.
Sin que la denominada tercera ola de la pandemia haya haya terminado en muchas comunidades autónomas, ya se habla de una cuarta ola. La vacunación podrá aliviar los efectos más graves. Pero no será suficiente si no hay cooperación de la sociedad en su conjunto.
La celebración de elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid viene enmarcada por la gestión única y diferente que su actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho frente a la pandemia de coronavirus y por el alto grado de crispación política y polarización de las candidaturas.
El autor sostiene que la Asamblea de Madrid no puede impedir su disolución, ni tramitar mociones de censura, en el tiempo que va desde la decisión firmada de su disolución y su publicación en el boletín oficial.
El sistema sanitario español está más preparado que en febrero, aunque la capacidad de respuesta ante un endurecimiento de la pandemia varía entre comunidades autónomas
Es muy probable que el término “alarma” se asocie en la sociedad a una mayor gravedad, y no a una precisa cobertura constitucional, que es lo que ocurre en este caso.
La capital de España y otras ocho ciudades de la Comunidad de Madrid vuelven a estar en estado de alarma. El decreto del Gobierno aplica por esta vía las medidas de contención de la pandemia de COVID-19 que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la víspera. Desmenuzamos sus implicaciones.
La denegación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de las restricciones de movilidad en diez municipios madrileños supone un jarro de agua fría a la estrategia del Gobierno central en la lucha contra la COVID-19.
Urge un acuerdo político, y dentro del marco constitucional, entre ambas administraciones que vele por la salud de todos los habitantes madrileños.
La situación epidemiológica de Madrid es muy grave, con una incidencia acumulada en los últimos 14 días cercana a los 700 casos por 100 000 habitantes, la mayor de Europa. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Qué medidas urgentes contribuirían a solucionarlo?
Ante las anunciadas reformas en los procedimientos urbanísticos, es esencial proteger nuestro patrimonio natural y cultural. Desde los colectivos implicados se trabaja para detener esta amenaza.
Según la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, los vertederos de Alcalá de Henares, Pinto y Colmenar Viejo habrían alcanzado el límite de su capacidad este mismo año.
España vive una grave situación de segregación escolar. De hecho, es el quinto país con más segregación de la UE. Para eliminar este problema el 38 % de los estudiantes debería cambiarse de colegio.
Top contributors
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Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid
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Investigador en el Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
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Investigadora del proyecto "Comunicación Científica y Divulgación en la Transferencia del Conocimiento en la Universidad", Universidad Complutense de Madrid
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Investigador Científico. Grupo de investigación 'Ciencia, vida y sociedad', Instituto de Filosofía (IFS-CSIC)
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Profesor de Investigación. Unidad de Investigación en CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) del CIEMAT, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC)
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profesor en Métodos de Investigación y Evaluación en Educación y director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, Universidad Autónoma de Madrid
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profesor de derecho constitucional del Departamento de Derecho Público, Universitat de les Illes Balears
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Profesor de Investigación IFS-CSIC (GI TcP Etica, Cine y Sociedad). Historiador de las ideas morales y políticas, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC)
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Profesor de Ciencia Política, Universitat de Barcelona
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Catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Científico Titular, Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA - CSIC)
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Investigador Postdoctoral, Instituto de Ciencias de Patrimonio (Incipit -CSIC)
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Profesor Titular. Dpto. de Medicina Preventiva y Salud Pública (UV). Serv. Estudios Epidemiológicos y Estadist. Sanit. (Generalitat Valenciana). Unid. Mixta Investigación Enfermedades Raras FISABIO-UVEG. CIBER Epidemiología y Salud Pública, Universitat de València
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Jefe de Estudios de la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III
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Profesora Doctora Encargada de Derecho Constitucional, Universidad de Deusto
