El Congreso de los Diputados de España ha aprobado modificar el Código Penal para incluir expresamente el antigitanismo como delito de odio. Sin embargo, este ya incluía las penas por los delitos de odio a etnias.
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La prevención de los genocidios debe ser una prioridad de nuestra sociedad, tal como establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al garantizar el derecho a no sufrir discriminación por origen racial, étnico, o de religión, y la inviolabilidad de la dignidad humana.
Las familias gitanas no tienen bajas expectativas en cuanto a la educación de sus hijos, pero sí que demandan apoyo para evitar el fracaso escolar.
