Con el fin del estado de alarma, las comunidades autónomas carecen de cobertura constitucional y legal para limitar los derechos fundamentales y, así, este tipo de medidas han quedado sujetas a la autorización de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
Según la ONU, a finales de este siglo la población mundial será de unos 11 000 millones de personas. A este reto hay que sumar la proliferación de megaciudades, el envejecimiento y los movimientos migratorios.
La forma más rápida de liberar recursos públicos es mediante la reestructuración o cancelación de la deuda pública. Imponer la forma habitual de pago en tiempos de crisis no hace más que profundizarla.
El Acuerdo de Comercio y de Cooperación alcanzado por la UE y el Reino Unido es complejo, está lleno de matices y queda abierto a futuras negociaciones. Y ninguna de las partes ha logrado imponer sus criterios.
Dpto. Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM), Universidad Autónoma de Madrid