La dolarización de la economía venezolana ha sido la respuesta racional de sus agentes económicos para proteger su riqueza en un contexto de alta inflación y baja credibilidad de la política económica del Estado.
Hace un año el autor mostraba su preocupación por la subida en los precios (que en septiembre de 2021 fue del 5,5%). La tormenta que se avistaba en el horizonte va tomando forma de estanflación: inflación sin crecimiento.
La senda de la recuperación y el crecimiento de América Latina pasa por lograr cambios estructurales que aumenten la productividad y reduzcan la desigualdad. Para ello es necesario adoptar decisiones responsables y de consenso.
Aunque se espera que la vacunación mejore las perspectivas, nadie pierde de vista que la evolución de la pandemia está marcando el tono de la economía en 2021.
Los votantes estadounidenses se preguntan si Trump merece tener una segunda oportunidad para arreglar la economía y, en caso contrario, evalúan si la alternativa planteada por Joe Biden es mejor.
El Gobierno ha anunciado la suspensión de las reglas fiscales para los gobiernos locales y autonómicos. Sin objetivos de déficit, ni de deuda pública, ni regla de gasto, solo habrá “valores de referencia”.
En pleno siglo XXI, hasta los gurús del neoliberalismo se oponen -a regañadientes- a que las grandes corporaciones puedan saltarse las reglas del juego, el ordenamiento jurídico y la regulación medioambiental.
La OIT señala que el aumento del paro juvenil a causa de la pandemia (un incremento del 15%) solo se resolverá con políticas activas de empleo y políticas educativas.
La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia las malas decisiones económicas de Europa, que darán poco margen de maniobra para ayudar a la recuperación.
La expansión de la pandemia obliga a los países de la UE a tomar medidas extraordinarias y pone a prueba la unidad económica y la fortaleza de la idea de Europa.
Las medidas económicas tomadas por la crisis del COVID-19 traen de vuelta al keynesianismo, que parecía haber perdido vigencia. Ahora es reconocida su eficacia incluso por los neoconservadores.
Cuando el tramo autonómico de los impuestos sube, los individuos con rentas más altas trasladan su residencia a comunidades con impuestos más bajos, pero menos de lo que cabría esperar.
Dos de los objetivos de la política fiscal son la redistribución de la renta y la igualdad de oportunidades. Y del pago de impuestos depende, en buena parte, la salud del Estado del Bienestar.
Investigadora postdoctoral a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Autònoma de Barcelona