El fundador de WikiLeaks Julian Assange pedirá al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales que anule una decisión de junio del año pasado que permitía al Reino Unido extraditarlo a Estados Unidos. Allí se enfrenta a múltiples cargos por uso indebido de ordenadores y espionaje derivados de su trabajo al frente de WikiLeaks, publicando documentos sensibles del gobierno estadounidense facilitados por Chelsea Manning.
El gobierno estadounidense ha afirmado en repetidas ocasiones que las acciones de Assange ponían en peligro su seguridad nacional.
Esta es la última vía de apelación en el Reino Unido, aunque Stella Assange, esposa de Julian, ha indicado que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si pierde el recurso.
El Tribunal Europeo, una corte internacional que conoce de casos en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, puede dictar órdenes vinculantes para los Estados miembros del Convenio. Así, en 2022, una orden del TEDH impidió al Reino Unido enviar solicitantes de asilo a Ruanda a la espera de una revisión completa de la legislación pertinente.
El proceso de extradición de Assange lleva en marcha desde hace casi cinco años. A lo largo de tanto tiempo, es fácil perder la pista de la secuencia de acontecimientos que han conducido a esto. He aquí cómo hemos llegado hasta aquí, y lo que podría ocurrir a partir de ahora.
Intento de extradición de años de duración
Desde 2012 hasta mayo de 2019, Assange residió en la embajada de Ecuador en Londres tras quebrantar su libertad bajo fianza por cargos no relacionados. Mientras permaneció en la embajada, la policía no podía detenerlo sin el permiso del gobierno ecuatoriano.
En 2019, Ecuador permitió la detención de Assange. Entonces fue condenado por incumplir las condiciones de la fianza y encarcelado en la prisión de Belmarsh, donde ha permanecido durante el proceso de extradición. Poco después de su detención, Estados Unidos presentó cargos contra Assange y solicitó al Reino Unido su extradición.
Assange impugnó inmediatamente la solicitud de extradición. Después de retrasos debidos a la covid-19, en enero de 2021, el Tribunal de Distrito decidió que la extradición era improcedente porque sería “opresiva” para Assange.
El fallo se basó en las probables condiciones a las que se enfrentaría Assange en una prisión estadounidense y en el alto riesgo de que intentara suicidarse. El tribunal rechazó todos los demás argumentos contra la extradición.
El gobierno estadounidense recurrió la decisión del Tribunal de Distrito. Ofreció garantías sobre las condiciones de encarcelamiento de Assange para superar la conclusión de que la extradición sería opresiva. Esas garantías llevaron al Tribunal Superior a anular la orden contra la extradición. Después, el Tribunal Supremo (el más alto tribunal del Reino Unido) rechazó la petición de Assange de apelar esa sentencia.
La solicitud de extradición pasó entonces al ministro del Interior, que la aprobó. Assange recurrió esta decisión, que un único juez del Tribunal Superior rechazó en junio de 2023.
El presente recurso se dirige contra esa última resolución y será examinado por un tribunal de dos jueces. Estos magistrados sólo decidirán si Assange tiene motivos para apelar. Si deciden a su favor, el tribunal programará una vista completa sobre el fondo del recurso, que tendría como consecuencia un mayor retraso en la resolución de su caso.
Creciente apoyo político
Paralelamente a los desafíos legales, los partidarios de Assange han liderado una campaña política para detener el procesamiento y la extradición. Uno de los objetivos de la campaña ha sido persuadir al gobierno australiano para que defienda el caso de Assange (Townsville, Australia, 1971), ante el gobierno estadounidense.
El apoyo de parlamentarios australianos no ha dejado de crecer, liderado por el diputado independiente Andrew Wilkie. En los últimos dos años, el gobierno, incluidos el ministro de Asuntos Exteriores y el primer ministro, han hecho declaraciones firmes y claras en el sentido de que la persecución debe terminar.
El 14 de febrero, Wilkie propuso una moción en apoyo de Assange, secundada por el diputado laborista Josh Wilson. Se pidió a la cámara que “subrayara la importancia de que el Reino Unido y Estados Unidos pongan fin al asunto para que Assange pueda regresar a casa con su familia en Australia”. Fue aprobada.
¿Qué argumentará el equipo de Assange?
Para la apelación ante el Tribunal Supremo, se espera que el equipo legal de Assange argumente una vez más que la extradición sería opresiva y que las garantías estadounidenses son inadecuadas.
Una reciente declaración de Alice Edwards, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, apoya su argumento de que la extradición podría dar lugar a un trato “equivalente a la tortura u otras formas de malos tratos o penas”. Edwards ha rechazado la idoneidad de las garantías estadounidenses, afirmando:
No son jurídicamente vinculantes, tienen un alcance limitado y la persona a la que pretenden proteger puede no tener ningún recurso si se violan.
El argumento de que la extradición sería opresiva sigue siendo el motivo de apelación más sólido. Sin embargo, es probable que los abogados de Assange también repitan algunos de los argumentos que no tuvieron éxito en los procedimientos del Tribunal de Distrito.
Un argumento es que los cargos contra Assange, en particular los cargos de espionaje, son delitos políticos. El tratado de extradición entre Estados Unidos y el Reino Unido no permite a ninguno de los dos Estados extraditar por este tipo de delitos.
También es probable que Assange reedite el argumento de que sus filtraciones de documentos clasificados fueron ejercicios de su derecho a la libertad de expresión en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hasta la fecha, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca ha dictaminado que una solicitud de extradición viole la libertad de expresión. Que el Alto Tribunal lo hiciera sería una sentencia innovadora.
Es posible que el Alto Tribunal no dicte sentencia inmediatamente. Sea cual sea la decisión, los partidarios de Assange continuarán su campaña política, apoyada por el gobierno australiano, para detener la persecución.