Nuestro mundo es eminentemente urbano. En 2021, la población de las ciudades representaba el 56, 5% del total. En el caso de las economías desarrolladas, esta cifra se eleva al 79,5 %, y en los países emergentes llega al 51,8 %.
Como señala la ONU, estos datos agregados a nivel global se realizan con base en lo que cada país define como urbano. En México, población urbana es aquella donde viven más de 2 500 personas y centro urbano es la ciudad con más de 15 000 habitantes.
En el imaginario popular, al hablar de ciudades se piensa en concentraciones poblacionales mucho mayores que estos límites mínimos. Por esto, las ciudades se acercan más al concepto de zonas metropolitanas que, de acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) de México, se definen como “centros de población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante y revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional”. Así, las ciudades o metrópolis se explican más por criterios de importancia que de tamaño.
Las ciudades son fuente de contradicciones y paradojas. Por un lado, se las considera motores del desarrollo y, por el otro, generadoras, o al menos amplificadoras, de problemas sociales y políticos.
La concentración de recursos humanos y materiales en las ciudades tiene efectos positivos como incrementos en la productividad, mayor flexibilidad y fluidez de los mercados laborales, más y mejor acceso a los mercados, acceso a la información más veloz y a menor costo, y ambiente propicio para la innovación, entre otros beneficios.
En el plano internacional, aunque suena paradójico por el propio término, el rol de las naciones ha disminuido constantemente. Las ciudades globales tienen cada vez más protagonismo en asuntos mundiales como cambio climático, crecimiento económico inclusivo, erradicación de la pobreza, vivienda, infraestructura, servicios públicos, empleos productivos, seguridad alimentaria y salud pública.
En el caso de México, la Constitución establece que la política exterior y la celebración de tratados internacionales son asuntos exclusivos del presidente de la república.
Sin embargo, como en la mayoría de las naciones, en la práctica, sus principales metrópolis desarrollan relaciones con sus pares en otros países, así como con diversas organizaciones extranjeras, en gran medida con el propósito de tratar de solucionar los retos globales descritos.
La cara oscura de las ciudades
Uno de los principales problemas de las ciudades es la segregación y la desigualdad socioespaciales. Al pensar en las grandes urbes, en particular en países emergentes, nos vienen a la mente barrios de lujo que conviven cercanamente con zonas paupérrimas.
La inequidad en la distribución de la riqueza es un reto profundo y complejo, que rebasa por mucho el ámbito de competencia de las ciudades.
Pero es pertinente reconocer que se puede atemperar en el espacio local la segregación y desigualdad a través de la mejora en la provisión de servicios públicos y de las ofertas de empleo.
En este sentido, las autoridades de las ciudades tienen la obligación de proveer servicios de calidad a todas las zonas de la ciudad y crear las condiciones para que las oportunidades laborales no dependan del sitio donde residamos.
Desde el punto de vista de la gestión o gobierno de las ciudades, uno de los problemas que más se han estudiado es el exceso de agencias gubernamentales o la fragmentación de las autoridades de las metrópolis. Esto se puede resumir en la noción de que existe un “solo problema”, la ciudad, pero con una multitud de organizaciones que tratan de atenderlo. El caso extremo de esta situación es el área metropolitana de Chicago, con más de 1 500 agencias que intervienen en su gestión.
Potenciar sus virtudes y reducir sus defectos
Las dos caras de las ciudades son, hasta cierto punto, reales. Sin embargo, como en otros fenómenos sociales, es pertinente no caer en la tentación de ver a las metrópolis como buenas o malas per se. El reto está en cómo potenciar sus virtudes y reducir sus defectos.
Uno de los caminos es tomar el Derecho a la Ciudad como la perspectiva de análisis, gestión y evaluación del as urbes. La ONU lo define como el derecho que deben tener “todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna”.
Esto significa que la ciudad debe ser concebida desde el punto de vista de los derechos humanos, poniendo en el centro de la discusión a sus habitantes, lo que supone que los servicios públicos, las infraestructuras y las autoridades son medios, no fines. Y por ello el objetivo es mejorar el bienestar de las personas.