Los jóvenes en México tienen dificultades para acceder a un trabajo que les otorgue calidad de vida. Uno de los principales factores que influye es la violencia que trata de atraerlos a su espiral, ya sea como víctimas o victimarios. ¿Qué se puede hacer desde el ámbito educativo para alejarlos y cuáles son las causas sociales de esta tendencia violenta?
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 (ENADIS) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, expone que el 18.6 % de la población de 12 a 29 años de edad declaró que su principal problema relacionado a la discriminación es la falta de oportunidades para seguir estudiando.
El acceso a la educación está relacionado con la movilidad social y procesos de mejora de calidad de vida. Por consiguiente, permite distanciarse de entornos criminales y de violencia.
En el ámbito laboral, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asegura que un título de educación superior mejora los resultados al buscar un empleo y tener un mejor salario.
Alrededor de 9 millones de jóvenes buscan un empleo en México. Es el grupo poblacional con la tasa de desocupación más alta (6.4 %), casi el doble que la tasa de desocupación nacional (3.5 %).
Un trabajo formal otorga a las personas estabilidad, seguridad social y mejores prestaciones como el acceso a servicios médicos. Esto les garantiza condiciones mínimas de seguridad en el trabajo que permiten mejorar la calidad de vida.
Pero las personas enfrentan obstáculos para completar estudios de educación superior y obtener un mejor empleo: la tentación por incorporarse a trabajos ilícitos.
Investigadores como Daniel Velázquez Orihuela y René Lozano Cortés han concluido que la reducción de oportunidades en el mercado laboral formal es un incentivo para que las personas se inserten en actividades ilegales.
Organizaciones como Reinserta cuantifican hasta 460 000 niños y jóvenes que forman parte de grupos criminales.
Investigaciones precedentes han identificado que, lamentablemente, ingresar a la educación en cualquier nivel no garantiza vivir una vida libre de violencia.
Violencias dentro del aula
Entre el 20 % y cerca del 40 % de los alumnos han sido víctimas de la violencia más habitual, como recibir insultos y palabras ofensivas con fines de ridiculización, la cual se extiende desde el nivel de educación básica hasta el nivel superior.
Por ello, las propias instituciones universitarias requieren una fuerte reeducación. Se podría ayudar a los estudiantes a resistir la violencia con medidas de intervención que fortalezcan las habilidades pedagógicas y didácticas. Así contarán con herramientas para diagnosticar, prevenir e implementar acciones en el aula.
Se favorecerían ambientes de diálogo, respeto y tolerancia que eventualmente mejorarían la convivencia en paz y las relaciones solidarias.
Un mecanismo funcional comprobado es la Terapia Narrativa, una metodología psicológica desarrollada para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad en Sudáfrica.
En ella se comparten experiencias humanas mediante percepciones sobre sí mismos, el lenguaje y la vida. Sus bases están construidas sobre valores como:
Tener respeto de sí mismo y de los otros.
Evitar culpas.
Separar a las niñas y niños de sus problemas.
Dar importancia a las historias que revelen la forma pensar, sentir y actuar.
Reconocer destrezas, propósitos, principios de vida, valores, sueños, esperanzas y compromisos.
La Terapia Narrativa deconstruye ideas para tener otras concepciones y generar discursos entre las niñas y niños o los jóvenes. De esta manera se conforma un espacio que apoya el desarrollo de una educación para la paz, priorizando entornos seguros, armónicos y de convivencia sana.
También promueve la recuperación de la memoria de quienes han sido lastimados y maltratados, en beneficio de futuras generaciones.
Una forma de aplicar la terapia narrativa es mediante la herramienta pedagógica “árbol de la vida”, que ayuda al alumnado a analizar su cotidianidad estableciendo relaciones entre los distintos componentes de un árbol y su entorno con la realidad de los estudiantes.
El alumnado hace una analogía de su vida y actitudes con un árbol que tiene raíces, frutos y depende de un entorno amigable y proclive para hacerlo crecer. De esta manera exteriorizan sus preocupaciones e identifican fácilmente las mejores formas de vivir en paz y relacionarse con los demás.
Influencia de la discriminación y exclusión en la violencia
Como se ha indicado, el acceso limitado a la educación causa que las personas caigan en una espiral de violencia. Para romper esa tendencia y acercar la educación a quienes la necesitan, se debe ahondar en dos aspectos que engendran la violencia: la discriminación y la exclusión.
Para diferenciarlas, se debe entender que la discriminación es una manifestación de la exclusión. Particularmente las formas discriminatorias de exclusión se basan en estereotipos, prejuicios, estigmas y valores culturales acordes a lo que una sociedad o grupo social considera como aceptables, según define Paula Leite.
Los grupos discriminados carecen de un trato igualitario. Esto se plasma en la reducción, obstaculización, restricción, impedimento, menoscabo o anulación de derechos y libertades fundamentales. Como podrían ser derecho a la salud, la justicia, la movilidad, la seguridad, la alimentación o la educación.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 revela que los grupos a los que se tiene poco o nada de respeto de sus derechos con mayor frecuencia son:
Personas trans (transgénero, transexual o travesti)
Personas en situación de calle
Personas migrantes
Personas jornaleras
Personas indígenas
La ENADIS estima que 20.5 % de la población de 18 años de edad y más manifestó que se le negó injustificadamente alguno de sus derechos en los últimos 5 años.
Exclusión plasmada en violencias
Detectar el origen de la violencia invita a reflexionar sobre el ámbito familiar. Cuando existe un vínculo, el carácter cultural y humano de la agresión física, la degradación y la invalidación inserta en la exclusión un fin de sometimiento e infringe un dolor hasta terminar por hacer desaparecer simbólicamente a la persona violentada.
Una de las consecuencias que tiene la discriminación y la exclusión es la imposibilidad de acceder a mecanismos de protección y justicia ante actos de violencia, un aspecto que impera aún en México.
En el año 2023, el 62.3 % de la población a partir de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Uno de los factores que influye de manera más clara en la percepción de inseguridad son los homicidios, los cuales han ido incrementándose durante lustros.
En 2005 hubo poco más de 31 000 y para el año 2022 se documentaron 42 000, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ni siquiera los jóvenes, que son el grupo con la percepción más alta de respeto a sus derechos, se salvan.
Animal Político publicó en 2023 que más de 480 000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años han sido impactados por la violencia.
Se encuentran dentro de una espiral violenta que sigue una lógica de eliminación de la población joven, pobre y vulnerable desde la exclusión, estigmatización y precarización, hasta llegar a la muerte. Se transforman en personas expuestas a la cooptación por parte de grupos de crimen organizado que los excluyen del acceso a sus derechos y libertades fundamentales.
Por ello, la discriminación debe dejar de ser considerada solamente como una práctica cultural y cambiar su categoría hacia una desigualdad estructural.
Es decir, una relación social de dominio que viola derechos humanos y pone en desventaja y desigualdad a grupos sociales.