Desde comienzos de 2020 muchos gobiernos hacen frente a sucesivas olas epidémicas de covid-19. Su objetivo es contener la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2. Para ello deben adaptar sus servicios sanitarios y sociales a las necesidades cambiantes del momento y tratar de mitigar las consecuencias, sociales y económicas, que la pandemia va a tener a medio y largo plazo.
En Europa, según su nivel de competencias, los gobiernos supranacionales, nacionales, regionales y locales despliegan las políticas que la ciencia, no sin incertidumbre, señala como las más efectivas.
En lo que toca al control de la epidemia, más allá de las medidas de protección individual, las políticas implementadas buscan aislar a las personas infectivas y detectar el origen y los posibles contactos. También disminuir la movilidad de las poblaciones y el contacto entre las personas, especialmente en aquellos lugares considerados de mayor riesgo de transmisión.
En lo relativo a adaptar los servicios sanitarios y sociales a una situación cambiante, las políticas van orientadas a disponer de recursos especializados suficientes para poder atender a tiempo a los pacientes de covid-19 y también a aquellos no directamente afectados por la enfermedad.
Por último, en cuestiones sociales y económicas, los gobiernos han priorizado las políticas sobre la educación en todos los ciclos del desarrollo. También las políticas de protección laboral y económica, que tratan de mitigar las consecuencias sobre el empleo y las pérdidas de producción observadas desde los confinamientos del pasado mes de marzo.
El despliegue de estas políticas (y su intensidad) es necesariamente distinto. Depende del momento epidémico (riesgo de duplicación de casos), del potencial de transmisión de la población (densidad, movilidad diaria de personas hacia el lugar de trabajo, número de personas convivientes en un hogar, proporción de hogares en los que viven varias generaciones, concentración de empresas y negocios con alto potencial de transmisión) y de la capacidad de respuesta temprana de los sistemas de protección sanitario, social y económico.
Este preámbulo subraya tres ideas que conformarían un marco de análisis para la comparación de las políticas en la actual pandemia.
Las políticas son similares pero se despliegan según las características estructurales y organizativas de los servicios de protección de cada país o región.
Su intensidad tendrá que adaptarse a lo largo del tiempo en función de los factores de aceleración de la transmisión.
Las demarcaciones administrativas en las que las poblaciones viven pueden no resultar suficientemente operativas para el control de las epidemias. Esto se observa en los efectos transfronterizos entre países, regiones (desde länder a Comunidades Autónomas) y ciudades del mismo país.
El debate público sobre las políticas europeas sobre SARS-CoV-2
Todo esto hace que sea fútil utilizar la narrativa que nos proponen los indicadores habitualmente reportados (casos nuevos diarios, test realizados, “rastreadores” por habitante, personas hospitalizadas o en UCI, o personas fallecidas por o con SARS-CoV-2) para comparar la acción política de los distintos gobiernos, o para albergar un debate público informado sobre las respuestas nacionales a la pandemia y las consecuencias de las mismas.
Al contrario, es necesario analizar y comprender las políticas en el marco de análisis propuesto y evitar atribuir efectividad (o inefectividad) de las mismas fuera del contexto de dicho marco.
Por otra parte, en un plano distinto al señalado, los estados europeos y los actores internacionales (Comisión Europea, Banco Central Europeo, OMS) han comenzado ya el debate sobre los límites de los modelos de gobernanza actuales y de las capacidades reales de adaptación de nuestros sistemas de protección sanitaria, social y económica.
Temas fundamentales que se están analizando:
Revisar la organización de la respuesta temprana a la crisis. Esto incluye la mejor utilización de los recursos nacionales y transnacionales y el pleno desarrollo del espacio digital de datos de salud europeo para una toma de decisiones rápida y coordinada.
Cuestionar los modelos de aseguramiento y protección social con escasa capacidad redistributiva. Estos someten a las familias a un gasto desproporcionado para sus ingresos.
Revisar los modelos asistenciales de la dependencia, que han crecido de espaldas a los sistemas sanitarios y que, a veces, son muy dependientes del interés de los actores no gubernamentales y la iniciativa privada.
Estudiar las dudas crecientes sobre la viabilidad y sostenibilidad financiera de nuestros sistemas de protección. Aquí el ojo está puesto en la controvertida necesidad de un sistema fiscal común para la unión europea.
Atajar la crisis de credibilidad de las instituciones y gobiernos europeos desgastados por el tamaño y profundidad de esta pandemia.
Esperemos que los árboles de esta segunda ola (tercera en algunos territorios de la Unión Europea) no nos oculten el bosque de un debate público, transparente y honesto sobre un modelo de Europa que permita hacer frente con garantías a futuras crisis sin mermar en lo fundamental nuestro Estado de Bienestar.