El Ministerio de Derechos Sociales y las Comunidades Autónomas han decidido, junto a las autoridades competentes, que la figura de coordinador de bienestar y protección infantil se ponga en marcha para el próximo curso 2022–2023. Estos profesionales llevarán a cabo la misión de detectar situaciones de acoso escolar, contribuyendo a la prevención y pronta solución de la violencia entre los menores de edad. Un correcto desempeño de estas funciones dependerá de un enfoque que combine diferentes disciplinas: la psicología, la pedagogía e incluso la criminología.
La criminología, como ciencia de naturaleza multidisciplinar, se nutre de otras ramas del saber (la psicología, el derecho, la biología…) para conocer lo relacionado con la delincuencia antes y después de que aparezca. Es decir, la criminología ayuda a resolver crímenes, pero también a prevenirlos. Centra su foco de atención sobre las personas que han cometido un delito, o que están en riesgo de llevar a cabo actos delictivos o de violencia. Se preocupa acerca de las situaciones que indican que puede ocurrir o que ha ocurrido un acto violento. Y, por supuesto, trata de comprender y ayudar a las personas que padecen o han padecido el delito o la violencia.
Así, cuando se trata elaborar planes de prevención y tratamiento de la violencia escolar, detectar situaciones de acoso o buscar soluciones pacíficas a los conflictos que se derivan del acoso o el ciberacoso, los criminólogos y criminólogas son los profesionales indicados.
Los criminólogos son especialistas en reconocer situaciones de violencia y criminalidad. Están preparados para observar y tratar los factores de riesgo y protección de agresores y víctimas. Son conocedores de las leyes penales, pero también de los métodos alternativos para la solución pacífica de conflictos. Así pues, los criminólogos están plenamente capacitados para las funciones que la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia encomienda en su artículo 35 a los coordinadores de bienestar y protección.
Una pieza clave
Según Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, estos coordinadores serán la pieza encargada de implementar los planes en el ámbito educativo, de hacer caso de los avisos de los menores sobre cualquier tipo de violencia y comunicar las situaciones de riesgo. Deben ser personas, además de lo anterior, que estén atentas a las señales invisibles de la violencia. Que sean capaces de detectar situaciones de abuso y de hacerle frente de forma rápida y efectiva.
El acoso y el ciberacoso (acoso llevado a cabo a través de internet) presentan una serie de características especiales. En este tipo de violencias, tanto víctimas como agresores son menores de edad y compañeros de clase. Las víctimas de acoso se encuentran en una situación de desigualdad (física o numérica) que les impide hacer frente a los abusos, denunciar la situación y salir del círculo de la violencia. Por lo general, además, los agresores cuentan con el apoyo o el silencio de los demás compañeros de clase. En muchas ocasiones la propia víctima se siente culpable de la situación en la que se encuentra.
Daños invisibles
El acoso escolar puede manifestarse como agresiones físicas, pero también como abusos psicológicos o en forma de exclusión social, lo que dificulta observar sus efectos en la víctima. Además, en el caso concreto del acoso por internet, las agresiones pueden aparecer de forma totalmente anónima, en horarios extraescolares, siendo compartida y publicitada indefinidamente en la red.
Todo esto grava las consecuencias negativas para las víctimas, que van desde la depresión y el fracaso escolar, hasta el suicidio en los peores casos. Se calcula que únicamente un 10 % de los daños en el acoso y la violencia escolar son físicos, y que por tanto la gran mayoría son daños invisibles, pues no implican la aparición de heridas o secuelas observables a simple vista.
En España, uno de cada cinco niños escolarizados sufre acoso escolar, y sólo un 15 % se atreve a denunciar, según los datos de la asociación No al Acoso Escolar.
En el caso del ciberacoso, la organización Save the Children señala que un 40 % de los jóvenes encuestados en España sufrieron acoso por internet durante su infancia. Por todo ello entendemos que estamos ante un fenómeno grave y luchar contra él implica tanto a profesores como a padres y alumnos, pero estos deben escuchar y aprender de quiénes se han especializado en la detección y prevención de la violencia.
Prevención, detección y protección
Entre otras, las funciones que se le asignan al coordinador o coordinadora de bienestar son:
Promoción de planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y adolescentes.
Valoración de la necesidad de intervención de los servicios sociales o derivación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, coordinando la actuación con los mismos según los protocolos que se establezcan.
Capacidad para identificarse como referentes para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el centro o en su entorno.
Fomento entre el personal del centro y el alumnado de la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.
Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma.
Así pues, el coordinador contra el acoso escolar debe ser una persona con conocimientos en varias disciplinas. Debe ser una persona preparada para trabajar en el ámbito de la infancia y la adolescencia, y también capacitada para prevenir, detectar y erradicar conductas antisociales. Debe conocer la psicología de la violencia, y también poder ofrecer un tratamiento adecuado a las víctimas.
Por todo lo anterior, entendemos que los criminólogos son los profesionales más adecuados para desempeñar las funciones de coordinador contra el acoso en nuestras escuelas e institutos.