Los delitos, sobre todo los más graves, generan un impacto negativo en la vida de las víctimas, sus familias y entorno. Las consecuencias de la victimización afectan a la salud física y mental, pero también al ámbito laboral y a la situación económica de la persona. Ser víctima supone siempre una injusticia que genera angustia, dolor y sufrimiento.
Las víctimas del delito han tenido un papel secundario en el desarrollo de las políticas criminales. No obstante, en las últimas décadas, tanto en España como en el mundo, han ido ganando una mayor visibilidad social y política.
A ello ha contribuido la emergencia y la consolidación de la victimología y la labor de las asociaciones y movimientos de apoyo a las víctimas. Como resultado, las víctimas de delito han ido adquiriendo un papel cada vez más relevante en el diseño de las políticas criminales.
Pero este proceso está lleno de contradicciones y paradojas. Las víctimas han sido utilizadas muchas veces para justificar políticas criminales de mano dura.
Además, no todas las víctimas tienen el mismo valor social. Tendemos a distinguir entre víctimas que tienen voz y víctimas mudas, víctimas atendidas y víctimas olvidadas. Incluso víctimas “buenas” y “malas”. Por ejemplo, no genera el mismo revuelo social la muerte de una trabajadora sexual que el asesinato de una adolescente. Hay grupos que son frecuentemente víctimas de violencia como las personas que viven en la calle y que, sin embargo, parecen invisibles.
Emoción y derecho penal
El derecho penal, especialmente en lo que afecta a las víctimas, está casi siempre rodeado de emoción. Ante el dolor y el sufrimiento grave que generan determinados crímenes, la respuesta racional que proporciona la ley parece quedarse corta. Emociones como la compasión resultan esenciales para analizar la forma en la que la sociedad se ocupa de las víctimas.
La compasión implica ponerse, en la medida de lo posible, en la situación del otro. Pero también tratar de remediar su dolor. Se trata de una emoción que se basa en el conocimiento del sufrimiento ajeno y en la idea de que este nos afecta y debemos hacer esfuerzos para paliarlo.
En el pensamiento occidental, desde que fue definida por Aristóteles, la compasión ha contado con grandes defensores, como Adam Smith o Schopenhauer; y detractores, como Nietzsche o Hannah Arendt. Con frecuencia se ha asociado al desprecio por el otro, al que dejaríamos disminuido con nuestra pena.
La compasión a través de tres pensamientos
Entre los abordajes contemporáneos de la compasión, destaca el de la filósofa norteamericana Martha C. Nussbaum, que la considera una emoción política construida a través de tres juicios o pensamientos. El primero es el pensamiento de gravedad, según el cual sólo nos compadecemos de lo que pensamos que es un sufrimiento grave, como es el caso de las víctimas de delitos violentos.
El segundo es el pensamiento de la no culpabilidad, por el que tendemos a dejar de compadecernos si pensamos que hay alguna culpabilidad en quien sufre ese mal.
Finalmente, tenemos el pensamiento eudemonista, que proviene de la palabra griega eudaimonía, cuya traducción aproximada sería florecimiento o felicidad. Este último pensamiento pone a las personas que sufren entre los intereses de quien se compadece. Es decir, hace que el destino de quien sufre nos importe y nos ocupe como sociedad.
La compasión es, a la vez, una virtud pública y una emoción política. Los ciudadanos compasivos generan instituciones compasivas. Podemos considerar la compasión como la base emocional de la justicia. Pero la justicia nunca puede ser sustituida por la mera compasión.
Respecto de las víctimas de delito, debemos construir un buen sistema de atención e intervención. Este sistema debe cubrir sus necesidades en varios aspectos: asistencial, legal, económico, social. Un sistema que atienda a todas las víctimas sin distinciones, favoreciendo una intervención que vaya más allá del sistema de justicia penal. Debe implicar al sistema de salud y a los servicios sociales.
En España se han dado pasos importantes en ese camino como la aprobación de la Ley integral de Violencia de Género (2004) o la Ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas de terrorismo (2011) .
Atención a las víctimas
Pero la norma más importante es el Estatuto de la víctima del delito (2015) que regula derechos de la víctima relacionados con la información, la protección, el apoyo o asistencia, la participación en el proceso penal y el derecho de acceso con garantías a servicios de justicia restaurativa.
A ello hay que añadir la puesta en marcha de una red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delito, en sedes judiciales, algunas de ellas dependientes del Ministerio de Justicia y otras de las comunidades autónomas con competencias en materias de justicia como Cataluña o Madrid.
Están integradas por personal adscrito a la Administración de Justicia, además de profesionales de la psicología o cualquier personal técnico que se considere necesario para la prestación del servicio.
Ofrecen una asistencia integral de apoyo y acompañamiento a las víctimas durante el proceso, proporcionándoles información en el ámbito jurídico y social, derivándolas a todos los recursos públicos disponibles. En ellas se proporciona una atención individualizada. Uno de sus objetivos primordiales es acompañar a la víctima en un mundo como el judicial que, generalmente, le resulta ajeno y no pocas veces hostil, y que le desborda. Se trata de evitar que el propio sistema la vuelva a victimizar, lo que se conoce como victimización secundaria.
Aunque todavía queda mucho por hacer en este campo, el avance es innegable. La base emocional de ese reconocimiento real y efectivo de los derechos de las víctimas es la compasión social. El grado de desarrollo de una comunidad también se mide por la forma en la que trata y apoya a las víctimas que genera. Por eso, una buena justicia y política de la compasión son condición indispensable para poder llegar a ser una sociedad plenamente democrática y bien ordenada.