El sistema bancario español está a punto de embarcarse en un nuevo proceso de concentración bancaria con la posible compra del banco Sabadell por parte del BBVA a través de una OPA hostil. El anterior fue hace ya casi cuatro años, en septiembre de 2020, con la fusión de Caixabank y Bankia que implicó, por cierto, la desaparición de esta última marca, absorbida por la de la entidad catalana.
Lo vimos también acabando el siglo XX, en 1999, cuando el Banco Santander y el Central Hispano se fusionaron para crear el BSCH, que en 2007 pasó a llamarse simplemente Banco Santander. Y a finales de los 80, cuando se fusionaron los bancos Bilbao y Vizcaya, para repetir jugada con el banco Argentaria en 1991, de donde nace finalmente el banco protagonista de esta nueva operación.
Esas grandes entidades también absorbieron a muchas otras golpeadas por la crisis financiera de 2008 –Banco Popular, Pastor y numerosas cajas de ahorros–, creando gigantes bancarios con una enorme cuota de mercado nacional y capacidad para competir en los mercados internacionales.
Ahora la operación protagonizada por BBVA y Banco Sabadell enfrenta a las direcciones de ambas entidades. Tras negociaciones sin fruto para alcanzar un acuerdo de fusión, BBVA busca ahora hacerse con la propiedad del Sabadell a través de una OPA que ha sido declarada hostil por sus gestores. Ya en 2020, el profesor Josep Burgaya preveía que el siguiente en ser absorbido por la corriente de fusiones bancarias sería el Banco Sabadell.
Con estas operaciones, se crean sinergias que permiten ahorrar costes, ganar musculatura comercial y mejorar los datos de eficiencia y solvencia de las entidades resultantes. Pero también tienen sus riesgos. De hecho el gobierno español ha planteado sus dudas respecto a la operación BBVA-Sabadell por su impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros. El gobernador del Banco de España ya señalaba hace pocas semanas que “un excesivo nivel de concentración introduciría un riesgo potencial adicional a la estabilidad financiera”. La otra cara de la moneda es el BCE, que considera que con estas grandes entidades se garantiza la solvencia y estabilidad del sistema bancario europeo.
La reducción de costes que implica una fusión bancaria se traduce directamente en despidos y cierre de oficinas. En noviembre de 2020, el profesor Burgaya estimaba que la fusión Caixabank-Bankia había provocado la salida de un 35 % de la plantilla. Esas salidas muchas veces se producen en forma de prejubilaciones, que redundan en una carga extra para el sistema público de pensiones.
En lo que se refiere al cierre de oficinas, estas han excluido –financieramente hablando– a las zonas más despobladas de España. De ahí la aparición, en provincias como Ciudad Real, Cuenca, Soria, Teruel o Zamora, de cooperativas de crédito. Los investigadores Marcos Carchano e Inmaculada Carrasco analizan cómo estas entidades, pertenecientes a la economía social, ofrecen a sus socios-clientes cuentas de ahorro accesibles, pequeños préstamos para emprendedores locales o productos con condiciones competitivas.
El cierre de oficinas bancarias va de la mano con el proceso de digitalización de la banca, que implica el uso de internet y medios electrónicos de pago, lo que redunda también en la exclusión financiera de los grupos con peores competencias digitales: las personas mayores y los hogares con menor nivel educativo y menor nivel de ingresos.