Este 2023 se ha cumplido medio siglo del inicio del golpe de Estado en Uruguay. El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry y las fuerzas armadas cerraron el parlamento e inauguraron 12 años de terror de Estado (1973-1985).
Este aniversario ofrece la oportunidad de reflexionar sobre por qué Uruguay no ha juzgado a más personas por violaciones de derechos humanos cometidas durante esta dictadura.
Durante décadas, Uruguay fue conocido como “la Suiza de América Latina”, dada su larga estabilidad y tradiciones democráticas, y su estado de bienestar. En 1973, se prestó poca atención al régimen uruguayo, quizás debido a la reputación del país y a su situación geopolítica, eclipsado por dos vecinos mayores, Argentina y Brasil. Ese año, la mayor parte de la atención internacional se centró en el espectacular golpe de Estado contra el presidente chileno, Salvador Allende.
Encarcelamiento, interrogatorios y tortura
Sin embargo, el régimen uruguayo fue igualmente violento y represivo. En poco tiempo, Uruguay se ganó un nuevo apodo: la “cámara de tortura de América Latina”. A principios de 1976, Uruguay tenía la mayor concentración per cápita de presos políticos del mundo.
Según Amnistía Internacional, uno de cada 500 ciudadanos estaba en prisión por motivos políticos y “uno de cada 50 ciudadanos había pasado por un período de encarcelamiento, que para muchos incluía interrogatorios y torturas”.
Además de los miles de personas encarceladas y torturadas, la dictadura dejó un legado de 197 desapariciones forzadas patrocinadas por el Estado y 202 ejecuciones extrajudiciales entre 1968 y 1985.
La represión fue brutal no sólo dentro de las fronteras uruguayas, sino también fuera de ellas. Mi libro sobre la Operación Cóndor –una campaña represiva emprendida por las dictaduras sudamericanas, y respaldada por Estados Unidos, para silenciar a los opositores en el exilio– ilustra cómo los uruguayos representan el mayor número de víctimas (48 % del total) perseguidas más allá de las fronteras entre 1969 y 1981.
¿Justicia o impunidad?
Uruguay volvió a la democracia el 1 de marzo de 1985, con la toma de posesión del presidente Julio María Sanguinetti. Las perspectivas de justicia se vieron restringidas desde el principio. Los generales uruguayos y los representantes de tres partidos políticos habían negociado la transición mediante el Pacto del Club Naval.
Entre otras cosas, este último establecía un calendario para el retorno de la democracia, restauraba el sistema político anterior a la dictadura, incluida la constitución de 1967, y convocaba elecciones nacionales para noviembre de 1984. Las elecciones se celebraron, pero con la prohibición de algunos políticos.
En diciembre de 1986, el parlamento democrático sancionó entonces la ley 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta “ley de impunidad” protegía eficazmente a los oficiales de policía y militares de la rendición de cuentas por las atrocidades de la época de la dictadura, garantizando el control y la supervisión de la justicia por parte del ejecutivo.
Se introdujo en un momento de creciente oposición por parte de las fuerzas armadas a las incipientes investigaciones judiciales sobre crímenes del pasado.
La ley de caducidad consiguió garantizar que la política de impunidad patrocinada por el Estado, según la cual los crímenes no se castigan, siguiera vigente durante 25 años, hasta 2011. En otro lugar he analizado los altibajos de la relación de Uruguay con la rendición de cuentas.
Avanzando rápidamente hasta la actualidad, Uruguay tiene reputación de líder regional en algunas cuestiones de derechos humanos (por ejemplo, derechos reproductivos y matrimonio igualitario). Pero sólo ha conseguido una justicia muy limitada para las atrocidades de la época de la dictadura.
Comparación de Uruguay con Argentina
Hasta junio de 2023, los tribunales uruguayos han dictado sentencias en sólo 20 casos penales y condenado a 28 acusados en total, algunos de los cuales estaban involucrados en múltiples casos (a partir de cifras recopiladas de datos propios y de la ONG Observatorio Luz Ibarburu).
Como punto de comparación, los tribunales argentinos han dictado 301 sentencias desde 2006, con 1 136 personas condenadas por los crímenes de la dictadura (1976-1983).
Del mismo modo, hasta el 31 de diciembre de 2022 se han dictado 606 sentencias definitivas en juicios por crímenes de la dictadura en Chile, 487 en causas penales y civiles (vistas en conjunto), y 119 sólo en causas civiles, según datos del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales.
Junto con colegas de la Universidad de Oxford, hemos desarrollado un enfoque para explicar por qué algunos países exigen responsabilidades a los autores de violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, mientras que otros no lo hacen.
Se basa en cuatro factores: la demanda de la sociedad civil; la ausencia de agentes de veto (como políticos que se oponen a la rendición de cuentas o a la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado); el liderazgo judicial nacional; y la presión internacional. Este planteamiento básico ayuda a comprender las luchas duraderas de Uruguay. Aunque los cuatro factores están en juego en el país, chocan entre sí y favorecen la impunidad en general.
Uruguay ha sido testigo de importantes niveles de presión internacional, incluido el famoso veredicto “Gelman” de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue decisivo para derogar la ley de caducidad en 2011.
Simultáneamente, ha habido una demanda incesante de justicia por parte de la sociedad civil, desde el histórico referéndum de 1989 para derogar la ley de caducidad hasta, más recientemente, los llamamientos para modificar la ley de reparaciones de 2006 para los presos políticos.
Sin duda, la mayor parte de los avances en materia de justicia, verdad y reparación se han logrado en Uruguay gracias a los incansables esfuerzos de activistas y ONG, incluida la central sindical, que han impulsado a las autoridades a investigar.
No obstante, Uruguay nunca se ha comprometido con la investigación de las atrocidades del pasado como política de Estado, como sí ha hecho Argentina. Un conjunto de actores poderosos, que incluye a las fuerzas armadas, varios políticos y jueces de tribunales superiores, se han asegurado de que el muro de la impunidad se mantuviera en pie con pocas excepciones.
La falta de independencia judicial y la sanción de algunos jueces valientes que intentaron desafiar la impunidad en las décadas de 1990 y 2000 –la más reciente Mariana Mota– también han obstaculizado el progreso.
Otro factor es el importante número de sentencias en el tribunal supremo que restaron importancia a la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura.
Sin embargo, podría haber cambios positivos en el horizonte. Un nuevo código de procedimiento penal introducido en 2017 significa que las denuncias de la época de la dictadura (presentadas desde entonces) se investigan con mayor rapidez. Y la creación en 2018 de un fiscal especializado para crímenes de lesa humanidad –una antigua demanda de los activistas de derechos humanos– ha dado lugar a que más investigaciones lleguen a juicio y a un ritmo más rápido.
Como dijo el poeta uruguayo Mario Benedetti sobre la memoria y el olvido, cuando la verdad finalmente recorra el mundo: “esa verdad será que no hay olvido”.