El Gobierno de España asegura que la devolución de menores que entraron irregularmente tras la crisis con Marruecos del pasado mes de mayo se rige por parámetros legales. La autora de este artículo, experta en Derecho Internacional, ofrece una lectura diametralmente opuesta.
El uso de la migración para generar tensión entre Marruecos y España es algo puntual. Los jóvenes y niños africanos buscan una salida frente a las desfavorables condiciones de sus países de origen.
El plan de Marruecos consiste en crear condiciones para obtener réditos que generen una situación de conflictividad que no traspase las líneas del derecho internacional, pero que condicione las decisiones internacionales a su favor, por ejemplo en el conflicto del Sáhara.
El grave conflicto desatado trasciende las relaciones entre Marruecos y España dado que afecta también a la Unión Europea y a la propia posición e intereses geoestratégicos del país magrebí.
La gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró hace dos semanas que, al realizar la devolución de dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014, España no violó la prohibición de realizar expulsiones colectivas de la Convención Europea de Derechos Humanos. La autora explica en este artículo por qué el alto tribunal adoptó dicha decisión.