Han pasado tres larguísimos meses desde que comenzó la guerra en Ucrania. Cuando el 24 de febrero Rusia decidió invadir Ucrania, ya sabíamos que el alto coste en vidas humanas iba a ser irreparable.
También intuíamos, y ya estamos comprobando, lo que esta vulneración del Derecho Internacional iba a conllevar. A todos los niveles. Podríamos resumirlo con dos palabras: más pobreza. Que sufrirán más, como suele, los más vulnerables. Ya se está notando, por ejemplo, en la feroz hambruna que se padece en el cuerno de África.
Cuando la guerra comenzó, todos sentíamos la necesidad de hacer algo. Y, en concreto, en el contexto de la red universitaria española de clínicas jurídicas, lanzamos la pregunta: qué podíamos hacer para ayudar en esta terrible situación.
Se trataba de poner en común la impotencia que sentíamos, para transformarla, de forma compartida, en algo que nos sirviera también como aprendizaje.
Recibir a los desplazados
Así, primero consensuamos una declaración de repulsa ante la invasión, y a continuación nos organizamos para recibir de la mejor manera a la población desplazada que llegara a nuestro país.
Como el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fue diligente en elaborar una guía de trámites para la documentación inicial, nosotros decidimos fijarnos en los trámites que había que llevar a cabo para la escolarización de menores, para la asistencia sanitaria y para el acceso al trabajo.
También pusimos especial énfasis en aclarar la situación legal de los menores que llegaban solos a nuestro país.
El resultado de nuestro trabajo ha sido una Guía de Trámites y Recursos Para la Población Desplazada por la Guerra en Ucrania, que presentaremos el próximo 4 de julio en la Universidad de Salamanca.
Dieciocho clínicas, 98 estudiantes
Somos conscientes de lo limitado de nuestra aportación, pero que 98 estudiantes de 18 clínicas jurídicas, acompañados por 38 tutores, hayan trabajado durante este tiempo en facilitar el acceso a los trámites que conlleva el ejercicio de estos derechos para la población desplazada por el conflicto, consideramos que ha aportado valor a la formación de nuestros estudiantes, profundizando en el compromiso social de la universidad.
Y esperamos también que haya resultado útil a quienes hayan necesitado información sobre estas cuestiones.
A la postre, hemos vuelto a comprobar que somos capaces de afrontar de forma coordinada trabajos importantes, que de otra manera no podríamos realizar.
Juntos, más lejos
Ya lo comprobamos con otra acción colegiada que llevamos a cabo durante la pandemia. Juntos somos capaces de llegar más lejos.
El movimiento de clínicas jurídicas ha arraigado con fuerza en el espacio universitario español. Que seamos más de 26 clínicas las que estamos presentes en las facultades de Derecho de nuestro país anima a pensar que la enseñanza del Derecho ha dejado de ser estática para convertirse en verdadero motor de cambio. De cambio comprometido con la justicia social.
Motor de cambio y compromiso
Las clínicas jurídicas son espacios de aprendizaje–servicio en los que el alumnado implicado pone en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de grado.
Lo hace mediante la realización de unas prácticas integradas en las que actúan como si fueran “profesionales”, estudiando y resolviendo asuntos prácticos reales planteados por organizaciones no gubernamentales y entidades del tercer sector, bajo la coordinación y supervisión del personal docente de universidades y profesionales de diversos ámbitos.
Con esta metodología se consigue, por un lado, trabajar las competencias y habilidades que debe tener todo profesional del Derecho, enfrentándose a los dilemas éticos que pueden surgir en el ejercicio profesional y a los problemas de la realidad social, especialmente de los colectivos más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, se logra formar a juristas más comprometidos socialmente y sensibilizados ante las desigualdades y en la lucha contra la injusticia, es decir, con una mayor conciencia social, desempeñando así la función social que toda universidad pública debe cumplir.