El 1 de mayo de 2023 el gobierno venezolano decretó el ajuste del ingreso mínimo mensual y no del salario mínimo general: aumentó el bono de alimentación (de 1,82 dólares a 40) y anunció el pago de un bono contra la guerra económica de 20 dólares. Así, desde marzo de 2022 el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares mensuales (unos 3,7 dólares en octubre de 2023), mientras la devaluación y la elevada inflación le hacen perder poder adquisitivo.
Bonos y no salarios
El salario mínimo sirve de base para calcular los beneficios de seguridad social de los venezolanos. Mantenerlo inalterado responde a dos circunstancias:
La intención del gobierno de minimizar el impacto fiscal del salario, por la incidencia que cualquier ajuste tiene en las tablas salariales, en términos de: prestaciones sociales, utilidades, vacaciones y demás beneficios legales de los trabajadores.
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La posibilidad de usar la estrategia de bonificación como mecanismo de diferenciación, al otorgar privilegios a unos y desproteger a otros, administrando la escasez de recursos en favor del control político en vísperas de elecciones.
Además de que el monto de los bonos es insuficiente en términos de su capacidad de compra real, su aplicación tiene carácter discriminatorio porque margina a los ya precarizados pensionados y jubilados del IVSS, y a quienes no pueden acceder a la plataforma del Sistema Patria a través del cual se tramita la entrega de estas bonificaciones.
En todo caso, el gobierno desatiende los acuerdos de marzo de 2022, impulsados por la OIT, relativos a la fijación de salarios mínimos. Lo mismo sucede con las exigencias sindicales de ajuste de las escalas salariales, principalmente de la administración pública, quienes reciben montos cercanos al mínimo legal.
A pesar de las presiones sindicales y de las exigencias de la Comisión de la OIT asentada en el país, el gobierno insiste en seguir otorgando bonos sin carácter salarial, cuyo monto y periodicidad fija unilateralmente y sin criterios conocidos para su determinación.
Desequilibrios entre el sueldo y la canasta básica
Las remuneraciones de los venezolanos han sufrido un significativo estancamiento en términos reales, producto de más de 3 semestres sin ajustes en el salario mínimo y de los efectos que la inflación y la depreciación del tipo de cambio han ejercido sobre su poder de compra.
Sin embargo, el sector privado ha podido ir ajustando las remuneraciones en todas las escalas, con el fin de conservar a su personal. En junio de 2023 el personal obrero y operario devengaba, en promedio, 146 dólares mensuales, mientras que el de los obreros industriales era de 189 dólares. En cualquier caso, el promedio de estas remuneraciones sigue estando por debajo de la canasta básica alimentaria familiar, que ronda los 500 dólares mensuales.
Salarios y beneficios sociales
El decreto del Primero de Mayo apunta a una sistemática política gubernamental de eliminación de la figura del salario y de los beneficios de seguridad social establecidos en la normativa constitucional y laboral vigente.
De hecho, la bonificación de las remuneraciones, tanto en el sector público como en el privado, está flexibilizando las relaciones laborales y eliminando el sistema venezolano de seguridad social, justo en tiempos de promoción mundial del trabajo decente como parte de las aspiraciones laborales contempladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Esta tendencia se ve reforzada por el efecto de los elevados niveles de inflación de los últimos años sobre la capacidad de ahorro de las familias y sobre el propio sistema de prestaciones sociales. Así, los trabajadores han perdido interés en el trabajo formal y los beneficios establecidos en la normativa laboral, abandonando las conquistas alcanzadas en el campo de la seguridad social y el sistema de pensiones por considerarlas irrelevantes.
Aunque no vemos incentivos para que el gobierno cambie de estrategia, vista la enorme diferencia entre el salario mínimo en términos reales y el coste de la canasta básica, cabría esperar el anuncio, para finales de año, de un ajuste del salario mínimo hasta equipararlo al promedio de los bonos más significativos. Es decir, hasta los 30 dólares.