Llega la temporada de pago de impuestos. Entramos en esa época del año en la que millones de familias repasan sus cuentas del año anterior para preparar la declaración de la renta.
La Constitución española establece que todos tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la forma más justa posible:
“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Constitución española, artículo 31.1.
Este precepto, de carácter solidario, establece el deber de pago de impuestos de acuerdo con la capacidad económica de cada persona.
De ahí que el impuesto sobre la renta, que grava los ingresos obtenidos durante un año natural por una persona física, tenga carácter progresivo. Esto es básicamente que, a partir de los montos determinados por la hacienda pública, el porcentaje a pagar por una persona aumenta a medida que lo hacen sus ingresos.
Ante la claridad de ese mandato, muchos pagan regularmente sus impuestos, sin cuestionar la necesidad de su contribución a las arcas públicas. Otros, en cambio, piensan que son una pesada carga que es mejor evitar.
Entramos aquí en el espinoso asunto de la elusión de impuestos. Esto es, la ingeniería financiera que permite a los contribuyentes –personas físicas o jurídicas– pagar menos de lo que les correspondería.
En no pocas ocasiones hemos visto cómo grandes corporaciones (las personas jurídicas) o ricos y famosos (las personas físicas) mudan –o simulan mudar– su residencia fiscal hacia lugares con condiciones tributarias más ventajosas.
A este respecto, impresionan los datos del EU Tax Observatory: en 2022, unos 140 000 millones de euros de residentes fiscales en España se guardaban en paraísos fiscales. Esto es, aproximadamente, un 10,4 % del PIB nacional.
Existen otros gravámenes con los que el Estado intenta educar a los ciudadanos y su afán –más que recaudatorio– es desincentivar el consumo. Lo vemos en los tributos que se aplican sobre productos poco saludables como el tabaco, el alcohol y, más recientemente, las bebidas azucaradas.