El 5 de julio de 2022, el entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro convocó a sus ministros y colaboradores a una reunión en su residencia oficial. Discutieron largo y tendido acerca de la fórmula para evitar una derrota en las inminentes elecciones de octubre. Todos en la sala parecían estar de acuerdo en un punto: la democracia no debía interponerse en su camino.
Cuando estaba en el cargo, Bolsonaro alertó varias veces contra las elecciones de 2022, copiando la campaña de Donald Trump #StopTheSteal. Tener que pasar por las urnas era para Bolsonaro una verdadera molestia, pero nadie podía imaginarse hasta dónde sería capaz de llegar para intentar aferrarse al cargo.
Se acaban de publicar imágenes de la reunión de julio de 2022 como parte de una orden judicial emitida por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. La Policía Federal detuvo a tres de los más cercanos colaboradores de Bolsonaro y dictó órdenes de registro contra exministros y militares de alto rango.
Todos ellos están siendo investigados por tramar supuestamente un golpe militar como respuesta a la victoria de Lula da Silva en las urnas. En medio de los registros, la policía encontró un proyecto de decreto mediante el cual Bolsonaro pretendía supuestamente instaurar el estado de sitio en el país, entregaría el poder a los generales y pondría entre rejas al juez Moraes.
El bolsonarismo odia a Moraes aún más de lo que odia a Lula. Después de todo, varias decisiones tomadas por el magistrado han sido claves para frenar el radicalismo y preservar la democracia.
Aguantar, pase lo que pase
El ascenso y caída de Bolsonaro ha dejado claro que la extrema derecha brasileña es una suma de ideología y autoritarismo. El expresidente y sus socios no solo harían lo imposible por librar guerras culturales y desacreditar a sus enemigos; las investigaciones han demostrado que harían lo que fuera necesario para aferrarse al poder.
¿Por qué, entonces, Bolsonaro fracasó en su intento de derrocar la democracia?
La incompetencia y el autoengaño seguramente han desempeñado un papel, pero hay más factores que explican la supervivencia democrática de Brasil. Uno de ellos es que el Tribunal Supremo parecía estar siempre un paso por delante de Bolsonaro.
Desde que sus partidarios comenzaran a inundar las calles durante la pandemia de COVID-19 para exigir una intervención militar, el tribunal ordenó no menos de ocho investigaciones contra Bolsonaro y sus aliados tanto dentro como fuera del gobierno.
Otra razón fue la movilización internacional en defensa de la democracia brasileña. El deseo de Bolsonaro de seguir el guión radical de Donald Trump fue una señal de alarma para muchos activistas, periodistas y políticos extranjeros. Cuando quedó claro que el bolsonarismo era, en muchos sentidos, una versión tropical del trumpismo, Brasil se convirtió en un campo de batalla ideológico global entre progresistas y reaccionarios.
La extrema derecha, encabezada por Steve Bannon, utilizó Brasil como laboratorio de ideas extremistas, especialmente mientras Trump aún era presidente. Los defensores demócratas, a su vez, cerraron filas con sus homólogos brasileños para resistir el asalto de Bolsonaro a los derechos humanos, la salud pública y el medio ambiente. Con Biden en la Casa Blanca, Estados Unidos también ayudó a constreñir al gobierno de Bolsonaro a través de canales diplomáticos.
El triunfo de Lula en 2022 se consideró en gran medida una victoria de los demócratas. Sin embargo, las instituciones políticas de Brasil no pueden cantar victoria. Ni mucho menos. Quizás el mensaje más alarmante de las últimas investigaciones del Tribunal Supremo es que los oficiales militares han estado involucrados en socavar la democracia en cada paso del camino.
En lugar de repudiar los llamamientos populares a favor de un golpe de Estado, los militares han estimulado en ocasiones un comportamiento antidemocrático al servicio de su propia vanidad, y en contra de la ley.
Miles de partidarios de Bolsonaro acamparon frente a la sede militar, con la complicidad de las fuerzas armadas, proporcionando el caldo de cultivo perfecto para el intento de golpe del 8 de enero de 2023.
Probando los límites de la democracia
De hecho, la versión brasileña de los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021 es un cuento con moraleja de cómo puede producirse un intento de golpe de Estado incluso después de que el autócrata dimita.
Mientras Trump, aún en funciones, agitaba a una turba para invadir el Congreso e impedir la sesión que certificaría los resultados de las elecciones de 2020, el caos sembrado por las hordas pro-Bolsonaro tuvo lugar una semana después de que Lula hubiera jurado su cargo. Incluso bajo la autoridad de Lula, los militares no hicieron nada para detener el caos en Brasilia.
Un año después, algunos militares parecen seguir poniendo a prueba los límites de la democracia. Hace unos días, tras la detención de algunos oficiales en activo y retirados en la operación de la policía federal, el ex vicepresidente de Bolsonaro y ahora senador Hamilton Mourão llegó a pedir a los militares que se levantaran contra el Tribunal Supremo.
Mourão, general retirado reconvertido en político, no es el único que rechaza el Estado de derecho. Según una encuesta nacional, los brasileños siguen muy divididos con respecto a Bolsonaro: el 36,8 % cree que el expresidente no intentó dar un golpe de Estado, el 42,2 % considera que está siendo injustamente perseguido y el 47,3 % piensa que los brasileños viven bajo una “dictadura judicial”.
Todo esto es demasiado sintomático de un país que aún tiene que exorcizar los demonios de su pasado dictatorial y superar su presente profundamente polarizado. Jueces y políticos comprometidos con los valores democráticos deben trabajar juntos para combatir y castigar el populismo autoritario en todas sus formas.
Sin embargo, mientras Bolsonaro siga siendo una figura central en la política brasileña, es poco probable que este escenario cambie, e incluso puede empeorar si Trump vuelve a ser elegido en Estados Unidos. Aunque Bolsonaro es actualmente inelegible para presentarse a las elecciones, una reaparición política no es inimaginable en caso de que las instituciones democráticas no hagan bien su trabajo.