La recientemente aprobada Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia ha suscitado comentarios diversos y no han faltado voces discordantes, tanto en sectores feministas como entre entidades que trabajan en la protección de la infancia y de la familia.
Un reciente estudio realizado en colaboración entre la Cátedra Fundación Molins Figueras Childcare & Family Policies de la Universitat Internacional de Catalunya y la Università degli Studi di Padova (Italia) sobre los derechos de los niños en España e Italia plantea cuestiones interesantes sobre las políticas de protección a la infancia.
El estudio analiza la situación actual a través de entrevistas en profundidad a responsables políticos, directivos de ONG y familias en situación de vulnerabilidad y concluye que una protección eficaz de la infancia exige una buena estrategia de prevención, mediante la coordinación de las políticas de infancia con otras medidas sociales, sobre todo, con las políticas familiares.
Nuestro sistema de atención a la infancia es bueno “apagando incendios” (protección), pero malo “limpiando bosques” (prevención). Cualquier país que quiera cumplir los compromisos de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989) no puede contentarse con trabajar a posteriori, cuando ya han surgido los problemas. Es necesario trabajar, sobre todo, a priori, desplegando un amplio sistema de prevención.
Leyes como la actual sobre protección contra la violencia suelen actuar cuando esta ya se está produciendo: plantea medidas disuasorias para los potenciales delincuentes, medidas reparadoras para las víctimas, etc.
Las causas de la violencia
La realidad de la violencia contra los niños que aborda esta ley no se erradicará solo con más vigilancia (que puede ser conveniente), sino yendo a la vez a las causas de la violencia y tomando medidas de prevención que tengan en cuenta a los principales agentes del bienestar infantil, que nuestra Constitución atribuye en primer lugar a la familia, y subsidiariamente a los poderes públicos (art. 39).
Muchas veces la desprotección de los niños y niñas tiene mucho que ver con la carencia de cuidado y atención por parte de su familia o con las horas que pasan solos ante las pantallas.
Internet destaca hoy como un entorno social que plantea, entre otros, el reto de preservar la seguridad de la infancia y de la adolescencia, al ofrecer posibilidades de anonimato y de suplantación de identidad que facilitan el abuso, así como un acceso muy fácil a diferentes formas de violencia sobre las personas, como por ejemplo la pornografía.
Muchas de las víctimas son menores de edad. Por eso, es necesario favorecer que los niños tengan otras vías de entretenimiento y limitar que accedan solos a este mundo, en el cual se encuentran en situación de gran vulnerabilidad.
Dentro de la acción de prevención, los expertos destacan la importancia de lo que podría llamarse “prevención premium”. A menudo, cuando hablamos de prevenir, pensamos en evitar que suceda lo malo: que no llegue a pasar aquello que no queremos que suceda. Pero prevenir es mucho más que eso. Prevenir significa, sobre todo, fortalecer los factores de protección.
En esa línea, la ley habla de fomentar la formación parental, pero se limita a una información sobre las relaciones de género y sobre las diversas formas de violencia. Parece por ello importante ampliar el punto de mira de las medidas políticas en relación a este problema social. Es preciso cambiar la mirada y ampliar el radio de acción de las medidas de prevención para que alcancen el problema en la raíz.
Necesitamos entender la prevención de la violencia contra la infancia como el esfuerzo por trabajar positivamente en el fortalecimiento de vínculos, afectos y sensibilidades, partiendo del entorno familiar, que es la red de apoyo básico y el principal factor de protección de la infancia.
El papel de las familias
Es fundamental el papel de los padres y madres para poder dedicar a los hijos toda la atención que necesitan y poder prevenir situaciones de vulnerabilidad. Sin lugar a dudas, el entorno familiar es el lugar idóneo para que los niños y niñas puedan encontrar todas sus necesidades materiales y afectivas cubiertas.
Numerosos estudios empíricos demuestran que hay una clara correlación entre el tiempo de dedicación de los padres al cuidado de los niños y su desarrollo cognitivo en una edad temprana. Por lo tanto, medidas que ayuden a padres e hijos a pasar más tiempos juntos pueden evitar y prevenir, posiblemente con una eficacia más grande, situaciones de riesgo para los niños.
La mejor forma de garantizar un adecuado desarrollo infantil será lograr la integración familiar, ya que las funciones que cumple la familia difícilmente pueden suplirse por ninguna otra institución de esta sociedad.
Las instancias internacionales consideran que las políticas de familia y de infancia deberían armonizarse mejor. El Comité de Derechos del Niño ha instado a España en diversas ocasiones a reforzar el sistema de prestaciones familiares por hijo.
Conciliación de la vida familiar y laboral
Desde la European Platform for Investing in Children (UE) se recomienda invertir en políticas que fomenten la conciliación de la vida familiar y laboral.
Los expertos coinciden en la necesidad de desarrollar una nueva ética política del cuidado en la vida cotidiana de acuerdo con la corresponsabilidad y reciprocidad entre familias, sociedad civil e instituciones públicas.
Se trata, en definitiva, de trabajar en la prevención, coordinando mejor las políticas de infancia con otras políticas sociales, y concretamente con las políticas de familia. En España estos ámbitos de trabajo siguen demasiado a menudo caminos paralelos, sin encontrarse.