La Constitución de 1978 fue la constitución de la memoria histórica, ahora que la expresión está tan de moda. Una memoria histórica no limitada a la Guerra Civil y al régimen de Franco, aunque por supuesto tuvo ambos muy presentes. Basta acudir a los testimonios de quienes trabajaron en su redacción, dentro o fuera de la Ponencia que se formó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, para percibir que tenían en mente toda la historia del constitucionalismo español. El Diario de Sesiones de las Cortes Generales de la época también lo ratifica.
Desde luego, la experiencia constitucional española no había sido muy brillante. Desde la Constitución de Bayona de 1808 hasta la de la II República de 1931 nuestro país tuvo ocho constituciones, sin contar los proyectos que no llegaron a entrar en vigor. Ocho constituciones en 131 años (1808-1939) arroja una media de poco más de dieciséis años por texto constitucional. Justo el polo opuesto de la constitución decana, la de Estados Unidos de 1787, que continúa a día de hoy.
Cada régimen la suya
Por desgracia, la práctica constitucional había seguido demasiado de cerca a la turbulenta sucesión de regímenes políticos durante nuestra historia contemporánea. Cuando uno nuevo tomaba el poder se apresuraba a redactar su propia constitución, que lógicamente perecía con él en cuanto llegaba el siguiente. Eran constituciones que reflejaban los postulados políticos de la mayoría de cada momento, en un vano intento de consolidarlos.
El Presidente del Gobierno Adolfo Suárez y sus colaboradores comprendieron que no podían hacer una constitución “de la UCD”, ni tampoco de ninguno de los dos bandos que lucharon en la Guerra Civil. Él mismo, el día en que las Cortes Generales aprobaron el texto constitucional, dijo en el Congreso: “En relación con nuestra singular experiencia histórica, la Constitución expresa la convicción de que no hay dos Españas (…) irreconciliables y en permanente confrontación. Creo que es el triunfo de la voluntad común de alcanzar una razonable, ordenada y pacífica convivencia para todos los españoles”. Se optó, por tanto, por buscar el consenso, tan enfatizado en el momento, lo que exigía que todos los partidos renunciaran a que se plasmasen en el texto muchos de sus principios. Se buscó un marco de convivencia abierto, en el que cupiesen muy distintas opciones políticas, tal y como quería D. Juan Carlos I.
El propósito de los constituyentes se cumplió, a la vista de los cuarenta años transcurridos. En estas décadas han gobernado en España tres partidos políticos de muy distinto signo, con el apoyo de otros muchos, y todos han podido desarrollar sus programas dentro de la Constitución, a la que han defendido de modo expreso. Sólo se han situado fuera de ella quienes recientemente han tratado de forzar la independencia de Cataluña, una pretensión que no cabe en ningún texto constitucional comparado.
De este modo, la Constitución de 1978 se sitúa como la segunda más longeva de la historia de España, sólo superada por la de 1876. Toda una muestra de estabilidad, a juzgar por los precedentes.
Solidez institucional
Sin embargo, nuestra Constitución no sólo merece un reconocimiento por haber propiciado un tiempo de solidez institucional en paz. Su contenido es en sí mismo valioso y digno de defensa.
En primer lugar, incluye un amplio catálogo de derechos fundamentales, perfectamente alineado con las declaraciones y convenciones internacionales, que además invoca de modo expreso como patrón interpretativo. Gracias a ella se ha construido un exigente sistema de garantía de derechos humanos, en beneficio de todos.
En segundo lugar, ha instaurado un sistema democrático homologable con cualquiera de los países de nuestro entorno, tanto por lo que respecta a las instituciones como al propio proceso electoral, poniendo fin a una triste historia de manipulaciones electorales.
En tercer lugar, ha desarrollado una descentralización territorial insólita en España, que con sus problemas y dificultades ha dado un amplio cauce a las demandas de autogobierno que se venían formulando desde hace más de cien años.
Por último, aunque el listado podría seguir, ha configurado una Jefatura del Estado verdaderamente imparcial en términos políticos, como figura arbitral y moderadora y como alta representación internacional de España. Su defensa del Estado ante quienes intentaron desmembrarlo resulta del todo coherente con su posición institucional y con la salvaguarda de nuestro sistema político.
La Constitución de 1978, que ahora cumple cuarenta años, no es sólo la última constitución de la historia de España: es la mejor que España ha conocido. Ojalá sigamos disfrutando por muchos años de sus enormes cualidades.