Consociativismo o consociacionalismo, lo que le sea más fácil de pronunciar. Ese es el nombre técnico de la más reciente propuesta política de José Luis Rodríguez Zapatero. El pasado 28 de junio al expresidente del Gobierno español le pareció oportuno proponer una «participación más activa de las fuerzas independentistas en un futuro proceso de gobierno en España», «una nueva perspectiva de las cosas» que permita la entrada de partidos «hoy independentistas» en el gobierno. En pocas palabras, que el ejecutivo en España debería incluir representantes de nacionalismos regionales, incluso de aquellos opuestos al modelo actual de Estado.
A más de uno la propuesta le parecerá exótica y contraintuitiva. Cabe formularse una pregunta: ¿Cómo confiar el gobierno del Estado en aquellos que pretenden disolverlo? ¿Por qué los partidos nacionalistas estarían interesados en compartir el gobierno de un país con el que no se sienten identificados? Y, sobre todo, ¿cuáles podrían ser las ventajas de incluir a los nacionalismos más radicales en el gobierno?
¿Qué es el consociativismo?
Investiguemos, pues, la ilusión consociativa de Zapatero. El primer punto que debe quedar claro es que el consociativismo es un medio para lidiar con conflictos étnicos y territoriales bajo la perspectiva de gestionar y acomodar, que no diluir ni integrar, las diferencias entre dos o más grupos. El modelo propuesto por el politólogo Arend Lijphart pretende generar pactos entre élites conflictivas por medio de ejecutivos mixtos, extensa autonomía regional, veto mutuo (al menos en cuestiones que afecten a las minorías), y proporcionalidad de cada grupo en la constitución general del gobierno. Lijphart argumenta que dar poder efectivo en el gobierno a los grupos más radicales contribuye a su moderación y genera la posibilidad de atenuar el conflicto, estrechar lazos, y construir proyectos comunes.
Con todas sus ventajas teóricas, el consociativismo no es perfecto. Uno de sus mayores defectos es simplemente la dificultad de que se den las condiciones para implementarlo cuando no se tiene de manera histórica y orgánica como es el caso de Suiza y Bélgica.
No es fácil, como demuestra el aluvión de críticas a Zapatero, que el grupo mayoritario ceda poder ante grupos que en principio representan intereses exclusivos de una minoría. Tampoco es fácil convencer a grupos independentistas y nacionalistas de sumarse a un proyecto común de Estado.
Los críticos del consociativismo suelen argumentar que el pacto de las élites podría ser insuficiente para una verdadera transformación social que sane las heridas tras el conflicto. Otra objeción común es que la pérdida de la oposición en una gran coalición consociativa es un impedimento para la rendición de cuentas.
Además, de acuerdo a críticos como Philip Roeder y Brian Barry, la defensa a la autonomía que conlleva el consociativismo significa fortalecer a los nacionalismos regionales, fomentar su radicalismo, y darles herramientas para la secesión. Por estas razones, el consociativismo suele ser visto como un recurso viable sólo como última opción para evitar la guerra civil o la secesión violenta.
El fracaso del plan Annan para la unidad de Chipre demuestra que una constitución consociativa impuesta sin legitimidad popular en ambos bandos puede generar más conflicto.
¿Es posible un modelo consociativo en España?
Si bien una verdadera consociación al estilo del acuerdo de viernes santo de Irlanda del Norte se antoja lejana y poco factible para la democracia española, el actual gobierno de coalición de Pedro Sánchez a través de Unidas Podemos y específicamente mediante la posible influencia de En Comú Podem, podría estar ya sentando las bases de alguna forma light de consociativismo.
Perfiles abiertos al nacionalismo catalán como el ministro de Universidades Manuel Castells son un paso en esa dirección, pero son solamente fruto de la incapacidad del PSOE para formar una mayoría en solitario. Los ministros de espíritu consociativo, que serían vistos por la oposición como una garantía de inestabilidad, inmovilismo y una traición a la constitución, podrían ser clave para rebajar la tensión territorial. Canadá, por ejemplo, es citado a menudo como un modelo de rasgos consociativos por sistemáticamente sobrerrepresentar a Quebec en el consejo de ministros, una regla no escrita de su federación.
España, por suerte y a pesar de que algunos se aferren en demostrar lo contrario, se encuentra hoy lejos de las condiciones de conflicto o violencia que justifiquen medidas consociativas. Además, aunque incluir elementos consociativos a la democracia española podría en teoría contribuir a solucionar conflictos territoriales, la realidad se impone con el problema de la implementación práctica.
Por un lado, el consociativismo en España no parece ser necesario, pues existen opciones de convivencia que son más digeribles para el electorado. Por otro lado, la potencial moderación de las fuerzas nacionalistas a las que se refiere Zapatero como «hoy independentistas» convertiría a la opción consociativa en superflua, una herramienta para conseguir moderación ya existente.
El consociativismo no parece encontrarse en el futuro cercano para España, aunque con la idea ya sobre la mesa, tampoco es imposible que se den pequeños pasos en esa dirección.