La normativa aprobada el 3 de febrero de 2022 fortalece los derechos laborales ligados a la antigüedad en la empresa a efectos de salarios e indemnizaciones.
En 2021 subieron la electricidad y el gas, fallaron las cadenas logísticas, los niveles de deuda rebasaron todo límite, repuntó la inflación. Habrá que ver si se trata de un reacomodo tras el desajuste provocado por el confinamiento o si se trata de una cambio estructural en el modelo económico.
La seguridad jurídica es fundamental en un Estado de derecho pero la estabilidad y la previsibilidad de las normas no excluyen que también se necesario, a veces, renovar el ordenamiento jurídico y adaptar las normas a las nuevas realidades.
Si bien es cierto que en un Estado social prevalece el interés general, siempre lo ha de hacer de forma ponderada, eligiendo la opción menos gravosa para todos.
La seguridad jurídica es un principio básico en un Estado de derecho que hay que proteger especialmente en situaciones tan excepcionales como la que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus.