Argentina no vivía una situación económica como la actual desde hacía 32 años. En 2022, registró una inflación anual del 94,8 %, una de las más altas del mundo.
El récord anterior, establecido en 1991, marcó el final de un ciclo de recesiones e hiperinflación (3 % de inflación en 1989, 2 300 % en 1990). Para combatirla, las autoridades alinearon el tipo de cambio del peso con el del dólar estadounidense sobre la base de 1 dólar = 1 peso. Esto permitió recuperar la confianza en la moneda argentina y frenar el efecto de impresión monetaria, es decir, la creación excesiva de dinero por parte del Banco Central, que provocaba una rápida inflación.
A pesar de estas medidas, Argentina ha tenido una inflación crónica durante décadas. Sus causas son tanto internas como externas y están vinculada a las crisis que han debilitado al país y obstaculizado su desarrollo.
Una historia económica complicada y volátil
Desde la década de 1970, el crecimiento económico de Argentina ha sido muy volátil, alternando periodos de fuerte crecimiento con periodos de crisis.
Esta inestabilidad es producto de los numerosos cambios de política económica introducidos por los gobiernos que se han sucedido en Argentina. Además, factores estructurales y cíclicos han impulsado la dinámica inflacionista del país. La financiación del presupuesto estatal vía creación de dinero y las inestables previsiones de inflación futura y de devaluación de la moneda han generado presiones al alza en los precios, ya que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) abandonó, entre 2012 y 2016, su política de metas de inflación.
Devaluación latinoamericana
A finales de la década de 1990, muchas monedas latinoamericanas se depreciaron frente al dólar estadounidense; además, la crisis de Brasil, principal socio económico de Argentina, y la caída de los precios de las materias primas afectaron a la economía del país, que sufrió varios años de recesión (de 1999 a 2002).
Para restablecer la confianza en la economía argentina, Buenos Aires firmó en diciembre de 2000 un acuerdo con el FMI. Sin embargo, el FMI dio por concluido el programa a finales de 2001, al considerar que no se estaban cumpliendo los compromisos del Gobierno argentino en materia de finanzas públicas.
Argentina cayó entonces en el impago de su deuda y entró en una profunda crisis política y económica. En el lapso de un mes tuvo cinco presidentes interinos, a la vez que se aplicaba el corralito financiero: una medida que limitaba a 250 dólares semanales los retiros bancarios de los particulares.
Tras la crisis de 2001, las políticas económicas aplicadas por los presidentes de centroizquierda Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007) se basaron esencialmente en el proteccionismo, el intervencionismo estatal y el apoyo al consumo.
El crecimiento económico, apoyado por el alza de los precios de las materias primas, pasó de una recesión del 10,9 % en 2002 a una media del 8,8 % entre 2003 y 2007. De hecho, Argentina es un exportador neto de materias primas (70 % de sus exportaciones totales de bienes), principalmente cereales y oleaginosas (alrededor del 50 % de las exportaciones totales).
Desde principios de la década de 2010, la economía argentina alterna un crecimiento débil con periodos de recesión. Surgen numerosos desequilibrios (tipo de cambio sobrevalorado, inflación elevada, aumento del déficit presupuestario y de la balanza de pagos, reducción de las reservas de divisas).
La doble crisis cambiaria de 2018 volvió a sumir al país en la recesión y llevó al Gobierno del liberal Mauricio Macri a solicitar un nuevo apoyo al FMI (el último se remontaba a la crisis de 2001). Argentina devolvió en 2006 su último crédito a la institución, a pesar de que muchos argentinos creen que el programa del FMI fue una de las causas de la crisis de 2001.
Los efectos de la pandemia
La pandemia del covid-19 empeoró una situación económica ya precaria para Argentina que, en 2020, experimentó una recesión de casi el 10 %. Esta caída en sus resultados económicos fue un efecto directo de las medidas de contención sobre la actividad económica, y a la disminución de los ingresos procedentes de las exportaciones agrícolas y turísticas provocadas por el confinamiento.
Desde entonces, la desigualdad, ya prevalente tras años de crecimiento económico errático, ha empeorado: la tasa de pobreza, en aumento desde 2017, alcanzó el 42 % en 2020. Ese mismo año, la tasa de desempleo, en aumento desde 2013, llegó al 11,5 %, aunque sin alcanzar las cifras del periodo del corralito bancario. Entre los jóvenes de 15 a 24 años la tasa es del 30,3 %.
Las medidas fiscales adoptadas para hacer frente a la crisis (aumento del gasto sanitario, transferencias financieras y apoyo económico a los hogares y sectores más afectados) incrementaron el déficit público hasta el 8,6 % del PIB en 2020.
Argentina ha vuelto a la senda del crecimiento en 2021 (10,2 %), gracias, sobre todo, a la recuperación del consumo de los hogares y las empresas, y a la subida de los precios de las materias primas.
Los efectos contrapuestos de la subida de los precios de las materias primas
Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, en febrero de 2022, se ha acelerado la subida de los precios de las materias primas. Si bien esto ha favorecido el crecimiento económico de Argentina, especialmente porque, además, se ha combinado con una recuperación gradual del turismo y un paulatino retorno de la confianza internacional (gracias a la firma del programa de ayuda del FMI), también se ha sumado a las presiones inflacionistas ya existentes.
El FMI estima que la inflación importada es elevada: un aumento del 10 % en los precios mundiales de los alimentos y la energía podría generar un incremento de la inflación argentina de alrededor del 1,6 % en 12 meses, ya que estas dos partidas de gasto representan más del 30 % de la cesta de consumo de los hogares.
Dada la elevada inflación estructural en Argentina, el impacto de esta perturbación es particularmente importante para los hogares más pobres. Aunque la tasa de desempleo baja, (7,1 % en el tercer trimestre de 2022, más de un punto por debajo que en el mismo periodo de 2021), la de pobreza se mantiene muy por encima del nivel precovid (36,5% en el primer semestre de 2022). Al mismo tiempo, el empleo informal sigue rondando el 49 %, mientras que los salarios reales se mantienen por debajo de su nivel de 2017, sin que se vislumbre una verdadera trayectoria ascendente.
El nuevo programa del FMI
En este complicado contexto económico, el Gobierno de Alberto Fernández, elegido en 2019, llegó a un acuerdo con el FMI sobre un nuevo programa de ayudas en marzo de 2022. Este acuerdo, el número 22 entre Argentina y el Fondo, no resuelve los problemas estructurales del país, sino que propone ajustes realistas, relativamente realizables y pragmáticos para estabilizar la economía.
La consolidación fiscal, es decir, la reducción del déficit público, es el primer punto del acuerdo y el criterio esencial para que los demás elementos del programa se concreten. Dicha consolidación fiscal permitiría limitar la financiación del déficit público mediante emisión monetaria, restablecer progresivamente la confianza en el país y comenzar, muy gradualmente, a reducir la inflación.
El Gobierno cuenta también con la acumulación de reservas de divisas (vía aumento de las exportaciones) para limitar la presión sobre el peso y los riesgos de devaluación.
En un intento de frenar la inflación, el BCRA comenzó a endurecer la política monetaria en 2022. Así, los tipos de interés subieron del 38 % en enero al 75 % a mediados de septiembre. Aunque las cifras de inflación anual para 2022 son preocupantes, el índice de diciembre, del 5,1 %, es inferior al máximo de julio, cuando la inflación alcanzó el 7,4 %.
El Gobierno y el FMI apuestan, para 2023, por una tasa de inflación anual más controlada, en torno al 60 %, y se espera que el crecimiento se mantenga en torno al 2 %, aunque sigue siendo uno de los más fuertes de América Latina según el Banco Mundial.
Tensiones socioeconómicas en año electoral
Sin embargo, estas previsiones están sujetas a incertidumbres tanto nacionales como internacionales. A nivel internacional, el entorno mundial sigue sujeto a muchas incógnitas: la guerra en Ucrania y su impacto en los precios de las materias primas, el aumento de los tipos de interés en las grandes economías, y riesgos sanitarios en torno al covid-19 y el peligro del surgimiento de nuevas pandemias.
A nivel nacional, los retos macroeconómicos siguen siendo importantes. La aplicación del programa del FMI es extremadamente arriesgada: el Gobierno argentino deberá hacer malabarismos con las reformas para alcanzar los objetivos del programa y, al mismo tiempo, evitar que aumente el descontento público.
Las elecciones generales de octubre de 2023 podrían dar lugar a una reorientación de las políticas económicas argentinas. De hecho, es posible que el partido que herede el poder este año –ya sea la coalición actual o un nuevo grupo político– intente renegociar algunos elementos del acuerdo, sin cambiar sus fundamentos.
Aunque no se espera que el resultado de las elecciones cuestione las bases del programa del FMI, la campaña puede cristalizar el descontento de una parte de la población por las reformas que de él se han derivado y la disminución del poder adquisitivo a causa de la crisis de la covid-19 y la subida de precios a nivel mundial.
En cualquier caso, en 2023, Argentina seguirá expuesta a una serie de perturbaciones que podrían tener importantes consecuencias económicas y sociales.