A raíz de las protestas de los agricultores de las últimas semanas en España, algunas organizaciones del sector (ASAJA, COAG, UPA) se están reuniendo con responsables del Ministerio de Agricultura para abordar las causas de su descontento.
El Ministerio de Agricultura propuso el pasado 15 de febrero 18 medidas para ser negociadas por los representantes de los agricultores. Entre ellas figura, como núcleo central, el reforzamiento de la ley de cadena alimentaria.
Los problemas de la cadena alimentaria
Partimos de la base de que nos encontramos en una economía de mercado, una jungla mercantil donde la competencia es un principio básico, dentro de unas reglas de juego establecidas en el mercado común, que son negociables.
La emigración del campo a la ciudad ha alejado a los consumidores de la fuente alimentaria, agregando una mayor demanda en cantidad, calidad y diversidad de alimentos. Esto ha incrementado el valor de los márgenes comerciales, uno de los puntos de confrontación permanente en el sector agrícola.
Los problemas del sistema alimentario son muy heterogéneos tanto en su origen como en la evolución. Por ejemplo, mientras que los precios de algunos productos agrarios, como los limones, no cubren los costes de producción, y por eso los regalan o no los recogen; otros, como las aceitunas, tienen un valor tan elevado que llegan a ser objeto de robos.
La debilidad de una cadena de valor se identifica en el eslabón más vulnerable, que, en este caso, es el agricultor. Por eso se debe prestar una atención especial a su fortalecimiento, sin olvidar los restantes eslabones.
Una cadena de valor está compuesta por tres bloques, que interactúan entre sí, pero tienen una naturaleza diferente: estructura, conducta y funcionamiento. Hay que hay reforzar todos ellos para que la cadena sea estable.
Fortalecimiento de la estructura
El sistema alimentario se organiza a través de redes de cadenas de valor que se mueven entre los distintos eslabones. Además de la competencia entre cadenas, existe una competencia entre los agentes de la misma cadena, en los mismos o diferentes eslabones.
En este sentido, existe una gran heterogeneidad en cuanto a dimensiones empresariales y capacidad competitiva. La gran empresa tiene más capacidad financiera y posibilidades de adopción de nuevas tecnologías. Así se ha visto en la crisis actual, en la que los grandes grupos empresariales están aumentando sus márgenes comerciales mientras empresas pequeñas no llegan a cubrir los costes de funcionamiento.
Las ayudas y exigencias, así como los objetivos de sostenibilidad de la agricultura, gestión del agua y cambio climático, deben tener en cuenta estas particularidades estructurales, para evitar agravios comparativos.
Fortalecimiento de la conducta
El comportamiento de los agentes económicos y las organizaciones que componen la cadena alimentaria varía ampliamente de la actitud positiva a la negativa o la indiferencia.
El reforzamiento de la ley de la cadena alimentaria contempla la creación de la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, elevando el rango de la actual Agencia de Información y Control Alimentarios, lo que conlleva una mayor capacidad administrativa de control e inspección, coordinándose con las comunidades autónomas. Se prevé la publicación del acumulado de sanciones graves, actualizándose las directrices sobre prácticas comerciales desleales de la UE. Es necesario aumentar las inspecciones y aplicar las penalizaciones en caso de incumplimiento de la ley por los infractores.
Otro escenario de conducta inadecuada es la competencia desleal de importaciones procedentes de terceros países que no aplican la restrictiva legislación vigente en la UE sobre productos como los fitosanitarios, lo que les permite mayor productividad. Los agricultores reclaman aplicar las “cláusulas espejo” para que los alimentos importados cumplan la legislación alimentaria europea, pero el tema debe abordarse en Bruselas y ser negociado en la Organización Mundial del Comercio.
A esto se suman prácticas de competencia desleal como el dumping laboral o social, más difíciles de eliminar.
Se echa en falta impulsar el papel que deben desempeñar las organizaciones profesionales en los diversos eslabones a la hora de elaborar propuestas sobre temas sensibles de su ámbito y mejora de la conducta.
Reforzar el funcionamiento
¿Sirven las medidas adoptadas hasta ahora? Para responder a esta pregunta, es necesario evaluar varios flujos: flujo de bienes y servicios de productor a consumidor, flujo financiero de consumidor a productor y flujo de información en ambos sentidos.
Los productos y servicios han sufrido una elevación de los costes de factores productivos (agroquímicos, fitosanitarios). Se ha conseguido la promesa de mantener la reducción del impuesto al gasoil agrícola en 3,3 céntimos por litro en lugar de los 37,9 del mercado.
En cuanto al flujo financiero, la ley de cadena alimentaria incorporó establecer periodos máximos de pago de productos –un máximo de 30 días para los productos frescos y perecederos y un máximo de 60 días para otros productos– y la prohibición de venta por debajo de los costes.
Los seguros agrarios han sido otra piedra angular para dar seguridad al sector agrario ante inclemencias climáticas, reforzándose con una línea de ayuda que en 2023 fue de 284,5 millones de euros.
El flujo de información en ambos sentidos es fundamental para la transparencia del mercado y para lograr una competencia viable. Siempre hay agravios comparativos, pues depende de la estructura y la formación de los agentes, entre otros aspectos, pero se logró un hito importante al obligar, en el artículo 4 de la ley de la cadena alimentaria, a realizar los contratos por escrito.
Más recientemente, un escollo a resolver ha sido el cuaderno digital de las explotaciones y el acompañamiento de fotografías. Las dificultades de disponer de cobertura para internet y la barrera de conocimiento de ciertos agricultores ha llevado a dejar su cumplimentación de forma voluntaria, comprometiendo la ayuda correspondiente para su aplicación y formación.
Es necesario anotar que en todo proceso negociador se llega a una serie de compromisos y promesas cuyo cumplimiento puede generar dudas. Por ello es aconsejable establecer unos factores clave de funcionamiento, con su correspondiente índice, que nos vayan marcando la evolución y las oportunas medidas correctoras para llegar al fin deseado.
También hay que tener en cuenta la dificultad para satisfacer todas las exigencias. En la propia Administración están involucrados tanto el Ministerio de Agricultura como el de Transición Ecológica, que tratan de complacer a colectivos no siempre de acuerdo con las medidas a adoptar ni con los tiempos empleados. Por eso, el fortalecimiento de la cadena alimentaria debe enmarcarse de forma armónica con los objetivos sociales, a sabiendas de que no todos los colectivos se encontrarán totalmente satisfechos.