Cada año, cientos de miles de adolescentes y jóvenes terminan cuarto curso de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) en España. Pero no todos consiguen titular. Son jóvenes que quieren incorporarse ya al mundo laboral y deberán hacerlo sin disponer del graduado escolar; en muchos casos, les hará falta completar su formación con cursos o prácticas fuera del sistema educativo.
La meta de la educación pública debería ser el éxito escolar de todo el alumnado: garantizar la igualdad de oportunidades implica no solo el acceso, sino también el logro de buenos resultados por parte de todos. Es difícil que el sistema educativo mejore si no analizamos cuándo y por qué se produce el desenganche escolar, y cuántos son los estudiantes que lo sufren.
El término “desenganche” es una expresión genérica que nos permite hablar de diferentes formas de interrupción en la trayectoria escolar, dependiendo de la etapa en la que se produce. Sin embargo, la información oficial habla de abandono. ¿Por qué? Veamos las diferencias entre una cosa y otra, y lo que cada una nos permite conocer.
Un concepto lejano a las realidades escolares
En España, se ha establecido como indicador oficial el “abandono educativo temprano de la educación y la formación” (por sus siglas, ATEF). Dicho indicador se usa en la UE, y es el que habitualmente se maneja en los medios de comunicación. Pero tiene limitaciones importantes, como hemos explicado en un artículo anterior, por ser un indicador del mercado laboral más que del mundo escolar.
El ATEF indica el porcentaje de personas de entre 18 y 24 años que no han concluido ESO, Bachillerato, FPB o FPM y que no están cursando en el momento actual ningún otro tipo de formación. Es decir, quienes están cursando un certificado de profesionalidad, o siguiendo un curso de idiomas, o preparando en una academia oposiciones para agrupaciones profesionales sin requisito de titulación, por ejemplo, no entran en la categoría de “abandono educativo”.
Datos estadísticos
El ATEF (recordemos: abandono) se obtiene de manera estadística a través de la Encuesta de Población Activa (EPA). Para ello pregunta a un conjunto muy reducido de personas que tienen esa edad. España es, junto a Portugal, Alemania, Eslovenia y Serbia, uno de los pocos países de la Unión Europea que no realiza esta medición a través del registro de las propias escuelas, según señala la Comisión Europea.
En definitiva, este índice tiene un carácter económico y laboral que difícilmente puede informar de lo educativo para mejorarlo. Cuando vemos que el abandono se reduce anualmente (31,7 % en 2008 - 13,9 % en 2022) nos podría parecer que la calidad de la enseñanza está mejorando. Pero que se reduzca el abandono poco tiene que ver con el propio sistema educativo.
Los datos escolares
Si en lugar de usar el ATEF miramos los datos escolares de cuántos alumnos titulan en Secundaria, podemos observar números reales, no estimaciones estadísticas.
Conocer este dato permite desvelar una contradicción intensa en nuestro sistema educativo. Un elevado porcentaje de personas no concluye la enseñanza que el propio estado considera obligatoria: el 16 % en 2020, último año del que tenemos datos. Debemos recordar que este fue el año de la pandemia y todos los resultados y evaluaciones resultaron mucho mejores que los cursos anteriores.
Jóvenes sin graduado escolar
Hay otra manera de calcular este porcentaje: a partir de los datos de las personas de 25 años que no tienen el nivel mínimo de estudios obligatorios. Así lo hace el informe de la OCDE “Education and Glance 2023”. Sus datos indican que en España el 26 % de los jóvenes con edades comprendidas entre los 25 y 34 años no tienen el nivel mínimo de estudios considerados obligatorios (no han terminado 4º de la ESO). Casi el doble de la media en la OCDE (13,8 %) y en la UE del (12,2 %).
Incógnitas por resolver
La popularización del indicador de abandono educativo (ATEF) frente a la tasa de titulación en la ESO nos plantea numerosas cuestiones para abrir un debate necesario en torno a la medida del éxito escolar:
¿Por qué se adopta el abandono educativo y no se habla de la tasa que no supera la obligatoriedad?
¿Por qué se prefiere una recogida de datos muestrales a través de la EPA frente a datos censales a través de los propios datos de las instituciones? ¿Por qué se crea un indicador de abandono cuando valdría un mero recuento de cuántos no consiguen titular?
¿Qué utilidad tiene para los centros y profesorado volcar la información de los registros escolares, si luego no se tienen en cuenta? ¿Qué dirá el profesorado al conocer que los datos que tanto les cuesta rellenar no son la línea base para medir y mejorar el sistema educativo? Entonces, ¿para qué tanto papel?
¿Qué ocultamos cuando ignoramos el porcentaje de quienes no concluyen la educación obligatoria?
Si se hicieran públicos los resultados escolares, haciéndolos previamente anónimos, la comunidad investigadora podría estudiar las particularidades de nuestro sistema y proponer mejoras.
Dificultad de evaluar los programas de apoyo
Existen varias medidas estatales y autonómicas para hacer frente al abandono: los antiguos Programas de Garantía Social (PGS), los Programas de Cualificación Profesional Inicial ya extinguidos (PCPI), el antiguo Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), o el actual Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+). Pero apenas se evalúan, con lo que es difícil conocer su eficacia.
Por ejemplo: si consultamos la web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa solo disponemos del informe correspondiente al PROA implantado durante 2005-2011, junto con la evaluación del Programa de Cooperación Territorial para la Reducción del Abandono Temprano en la Educación, cuyos resultados más actuales datan del 2013.
Resumidamente: no podemos obtener una idea actualizada de la eficacia e impacto a nivel nacional de las medidas de apoyo y mejora del sistema educativo para el éxito de todo el alumnado.
Sí conocemos a fondo los resultados de pruebas internacionales como PISA, TALIS, PIAAC, PIRLS o TIMSS, promovidas por la OCDE, que analizan el dominio de determinadas competencias curriculares en una selección concreta de alumnos. Estos resultados sirven para comparar niveles con respecto a otros países de la Unión Europea, pero no tanto para evaluar el progreso de un sistema educativo concreto.
Una evaluación más científica y rigurosa
Tal y como recogen 40 investigadores de diferentes universidades españolas, ha llegado el momento de utilizar los datos disponibles para hacer diagnósticos actuales y útiles. No podemos seguir sin conocer por qué la cifra de éxito en secundaria sigue siendo prácticamente la misma desde el año 2002.
Es necesario reclamar a los distintos gobiernos y a los medios de comunicación que dejen de utilizar esta cifra del abandono para mostrar que el sistema educativo mejora. No es cierto, son cosas distintas. Otra cosa es que les venga bien destacar que “alguna cosa” mejora y seguir con esta ilusión de querer justificar que están consiguiendo “algo”.