El anuncio frustrado del exministro Alberto Garzón de empezar a trabajar en una consultora nacional de asuntos públicos volvió a poner sobre la mesa la existencia de los grupos de presión, su labor y, específicamente, la idoneidad democrática de que cuenten en sus filas con personas que se han dedicado recientemente a la política.
El caso llegó a la opinión pública después de los escándalos relacionados con la acción de influencia de determinados países en el Parlamento Europeo, que involucraba a políticos en activo, pero también a otros que ya no ostentaban cargos públicos.
Más allá de las críticas a la falta de coherencia del exministro, el debate pone en evidencia el cuestionamiento de una actividad cada vez más habitual en España.
El lobista es el profesional que lleva a cabo cualquier comunicación oral o escrita para influir en el poder legislativo o ejecutivo. No hay duda de que su nombre se debe a la palabra lobby, que en inglés se traduce como “vestíbulo”. Lo que no está tan claro es en qué circunstancias se asocia a la actividad de influencia.
¿De dónde viene el concepto?
Algunos sostienen que el término lobby se originó a partir de las reuniones que el presidente norteamericano Ulysses Grant (1869-1877) mantenía en el vestíbulo de un hotel en Washington, donde era invitado a consumir bebidas con el propósito de influir en las decisiones políticas. Otros remontan su origen al parlamentarismo inglés y, específicamente, a las reuniones de los miembros del parlamento en los vestíbulos antes y después de los debates parlamentarios, donde se encontraban con los representados.
Independientemente de su origen, en la actualidad la labor del lobby va más allá de celebrar reuniones con políticos o grupos de interés. Requiere una estrategia cuidadosa y planificada que, al acceso a quienes toman las decisiones, añade conocimiento jurídico, político y de comunicación. Una acción integral imprescindible para moverse en un panorama político cada vez más inestable en todo el mundo.
De ahí que entre los distintos perfiles profesionales que pueden dedicarse al lobby, que incluyen el derecho, la política y la comunicación, el de los ex políticos resulte tan atractivo. Tras abandonar sus responsabilidades, gozan de un conocimiento profundo de determinados sectores, así como de capacidad de relación y acceso con aquellos que tienen capacidad de decisión.
Un bien para la democracia
Ahora bien, esta actividad de influencia, en función de cómo se realice, puede suponer un bien para las democracias o puede ser una amenaza.
La función del lobista puede ser una contribución al bien común. Entre sus ventajas podríamos incluir:
Fortalecimiento de la sociedad civil. En palabras del pensador francés Alexis de Tocqueville, asociaciones como los grupos de interés son esenciales para la defensa de las libertades ante el poder político: “Una asociación política, industrial, comercial o aun científica y literaria es un ciudadano ilustrado y potente que no se puede someter fácilmente ni oprimir en la sombra y que, defendiendo sus derechos particulares contra las exigencias del poder, salva las libertades comunes”.
Canalización de participación ciudadana. Actúan como puente para representar diversos intereses, facilitando la participación ciudadana en el proceso político como traductores del interés de la sociedad al lenguaje de las administraciones.
Enriquecimiento del proceso político. Contribuyen al proceso político al presentar a legisladores diversas perspectivas, resultando en regulaciones más integrales y profesionales al aportar información técnica y conocimiento de la realidad a la toma de decisiones complejas.
De ahí que podamos decir que el lobby puede servir para mejorar las labores legislativas y de gobierno.
O una amenaza
Sin embargo, también puede suponer una amenaza para las democracias. Podríamos identificar los siguientes riesgos:
Falta de transparencia, dado que la opacidad en las prácticas de lobby representa una amenaza al permitir que intereses privados influyan sin ser examinados, además de dificultar la rendición de cuentas. Siembra el terreno para prácticas de corrupción o compra de voluntades, que pueden acabar erosionando la confianza en las democracias y gobiernos.
Desigualdad de acceso. La amenaza de desigualdad surge cuando algunos grupos con grandes recursos tienen un acceso más fácil, creando un sistema donde ciertos intereses prevalecen, minando la pluralidad del proceso democrático.
Captura regulatoria. Se origina cuando los lobbies consiguen que el legislador o ejecutivo actúe solo teniendo en cuenta la voluntad de los grupos de interés, dejando a un lado otros intereses sociales a través, por ejemplo, de mecanismos como el de las puertas giratorias.
¿Se profesionalizará el ‘lobby’?
Tras años moviéndose entre las sombras y la regularización, actualmente el futuro del lobby gira en torno a tres ejes: la profesionalización, regulación y democratización.
En la actualidad, observamos una creciente tendencia hacia la profesionalización de esta actividad, con numerosas empresas incorporándola como una labor en la que han de invertir. Por ejemplo, las grandes tecnológicas invierten más de 97 millones en lobby en la UE, hay más de 12 000 lobbies registrados en la Unión Europea y, a nivel nacional, en España, en el registro de la CNMC, existen alrededor de 1 314 grupos inscritos.
Por otro lado, la regulación se erige como un pilar fundamental para dar forma al futuro de los lobbies. En la actualidad, 29 países han implementado medidas regulatorias que tienen como herramientas principales la transparencia (a través del registro) y la ética (reflejada en códigos de conducta), siguiendo el modelo propuesto por la OCDE en sus recomendaciones.
Además, se apunta hacia la democratización del lobby como una necesidad y hacia una forma de hacer lobby respetuosa con la transparencia, los principios democráticos. También a la existencia de un lobby ciudadano cuyo objetivo sea defender intereses públicos. Solo de esta manera el lobista podrá convertirse en un verdadero aliado de la democracia.