La Unión Europea-España y el Reino Unido-Gibraltar se encuentran en un largo proceso de negociación de un acuerdo que actualice y defina los temas del Protocolo Sobre Gibraltar (anexo al Acuerdo de Retirada, 2020) y que ya no es aplicable, a excepción de su artículo 1.
Mediante ese nuevo marco jurídico, Gibraltar aspira a participar en la unión aduanera y, sobre todo, a disfrutar de la fluidez fronteriza que confiere el espacio Schengen. Su prosperidad depende, en gran medida, de la operatividad de esa frontera que le une al Campo de Gibraltar.
¿Y España a qué aspira? Simplemente, confía en el desarrollo futuro de un espacio de prosperidad compartida que se extendería desde Gibraltar a los municipios españoles del Campo de Gibraltar. Un concepto proclamado por el Reino Unido-Gibraltar, muy loable, pero no factible dadas las características socioeconómicas que existen entre ambas partes de la verja.
Una colonia muy desarrollada y sin desempleo
Gibraltar ya disfruta de una gran prosperidad. Sus niveles de desarrollo son de los más elevados del mundo y no tiene desempleo. Al otro lado, en La Línea de la Concepción, la renta media per cápita (2020) está en torno a los 10 500 euros y el desempleo supera el 30 %. Unos 7 500 trabajadores españoles cruzan diariamente la frontera para trabajar en Gibraltar. Ni siquiera existen cifras oficiales sobre el número de los llamados trabajadores españoles trasfronterizos.
Sus condiciones de trabajo, a juzgar por las declaraciones de los representantes de los trabajadores transfronterizos, dejan perpleja a la Europa de los derechos sociales del siglo XXI. La protección social la costea, en parte, España. Y las pensiones de esos trabajadores están en torno a los 500 euros mensuales o menos.
Las carencias se manifiestan, pues, en el Campo de Gibraltar. Hasta el momento, esa comarca solo ha podido compartir con sus vecinos gibraltareños el deterioro del medio ambiente en la zona. Apenas existen estudios sobre los efectos de la boyante economía gibraltareña en la economía del Campo de Gibraltar.
En todo caso, los indicadores socioeconómicos (renta per cápita, desempleo) de La Línea y otras poblaciones españolas vecinas no muestran un gran desarrollo económico. No parece que hayan sacado gran provecho del vecino Gibraltar. Apenas consiguen un ir tirando, fruto de unos puestos de trabajo mal pagados.
Su prosperidad se sustenta en la mano de obra española
Gibraltar ni ha impulsado ni impulsará la pretendida “prosperidad compartida”, no es su responsabilidad. Y su bienestar se sustenta precisamente en la debilidad y falta de empleo en el territorio español vecino. Sin la mano de obra trasfronteriza, la economía gibraltareña no podría subsistir.
El Campo de Gibraltar debería quebrar su dependencia socioeconómica gibraltareña con una acción coordinada de las autoridades nacionales-locales tendente a atraer inversiones público-privadas a ese territorio. Confiar ese papel a una colonia no es realista, ni siquiera es honesto.
El hipotético futuro acuerdo plantea, además, otro gran reto: la vigilancia de la frontera entre Gibraltar y el espacio Schengen (España). La Comisión había propuesto ceder ese control a España, pero el Reino Unido-Gibraltar rechazaron la propuesta. Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) aparece como opción a tener en cuenta. Y Gibraltar, tal vez, desearía desempeñar algún papel en el nuevo escenario. Pero, ni Frontex ni Gibraltar son opciones viables para abordar ese cometido.
Frontex carece de la experiencia para gestionar un entorno asolado por actividades peligrosas y delictivas relacionadas con las drogas y el contrabando. A todo ello habrán de añadirse los riesgos provenientes de la presencia, casi permanente, de submarinos nucleares en el puerto de Gibraltar.
Y entregar la responsabilidad de velar por el espacio Schengen a Londres-Gibraltar, una metrópoli-colonia que ni siquiera forma parte de la Unión Europea, incumpliría el ordenamiento del mismo “acervo Schengen”. Incluso podría contribuir a incrementar las ya preocupantes actividades poco congruentes con el buen funcionamiento del mercado único.
España busca desesperadamente una cooperación más estrecha con las autoridades gibraltareñas en aquellos aspectos que el Protocolo menciona y que son precisamente los que más preocupan y dañan la economía española: derechos de los trabajadores españoles en Gibraltar, evasión fiscal, contrabando de tabaco, deterioro medioambiental en la zona y cooperación policial aduanera.
Sin embargo, esa cooperación se torna un tanto esquiva. Incluso, en aquellos acuerdos de carácter internacional adoptados por las partes. En efecto, la no cooperación es la que, en parte, sustenta el bienestar de Gibraltar.
El único apartado del Protocolo elevado a acuerdo de rango internacional, y por tanto de obligado cumplimiento, se refiere a la transparencia fiscal en Gibraltar. El acuerdo fue suscrito por España y el Reino Unido y está en vigor desde marzo de 2021. Cabría esperar su pleno cumplimiento por parte de los firmantes.
Incluida en la lista de jurisdicciones vigiladas de cerca
No obstante, en junio de 2022 Gibraltar fue incorporado, por deficiencias estratégicas, a la lista de jurisdicciones sometidas a un estricto seguimiento y supervisión por el Grupo de Acción Global que lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Más recientemente, en diciembre de 2022, la Comisión Europea también incluyó a Gibraltar en la lista de territorios de alto riesgo en el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
En suma, anclar la colonia británica al mercado único y al espacio Schengen a cambio de nada solo podría empeorar la situación socioeconómica actual. A España le corresponde atender las especificidades y el desarrollo del Campo de Gibraltar y velar fielmente por sus fronteras, parte del espacio Schengen.