Los servicios sociales son la parte más desconocida de los sistemas que conforman nuestro Estado de Bienestar. Bautizados hace ya algunos años como el cuarto pilar, son los que más tarde se han desarrollado como derecho y los que siguen siendo más difusos para la ciudadanía, también a la hora de exigir su cumplimiento y desarrollo.
Además, ¿qué sucede cuando dentro de una misma comunidad autónoma la responsabilidad para prestarlos (competencia) está fragmentada? La principal consecuencia es que se producen desigualdades entre territorios en cuanto a la accesibilidad de determinados servicios. Dicho de otra manera: la cobertura social que recibe la ciudadanía depende del lugar donde viva.
En este cuarto pilar del Estado de Bienestar, ayuntamientos y diputaciones tienen algo que hacer y que decir en esta materia. No sucede así en los otros tres pilares. No sucede en educación. No sucede en salud. Tampoco en seguridad social. Pero sigue pasando en servicios sociales. Y mientras siga pasando, seguirán produciéndose diferencias. En nuestro libro El archipiélago del bienestar intentamos dar respuesta a este asunto.
El ejemplo de Euskadi
La Comunidad Autónoma de Euskadi dispone de un buen sistema de servicios sociales, digámoslo desde el inicio. Todos los informes que publica la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales así como los datos del último informe Foessa así lo atestiguan. Sin embargo, el problema real es que no existe un sistema como tal, sino que existen tres: uno en Gipuzkoa, uno en Bizkaia y otro en Álava. A pesar de que exista una Ley de servicios sociales para toda la comunidad, la capacidad de desarrollo y el recorrido de cada uno de los territorios ha permitido que en este momento cada uno de ellos tenga características propias que determinan, si no un modelo, si al menos elementos diferenciados respecto al territorio vecino.
Veámoslo con un ejemplo. Pensemos en los centros de día para personas mayores depedientes. La tarifa máxima que una persona de Mutriku (Gipuzkoa) tendría que pagar por día para acceder a los mismos es de 16,5 euros/día. A sólo unos metros de distancia, alguien de Ondarroa (Bizkaia) tendría que pagar 52,09 euros/día. Es una de las diferencias de acceso. Que marcan también las diferencias de sistema.
Los problemas del liderazgo compartido
Mientras ayuntamientos y diputaciones sean las encargadas de la toma de decisiones en este ámbito, al contrario que sucede en otros como la educación y la sanidad, seguirán produciéndose diferencias.
¿Es posible evitarlo? Todo consistiría en tener buenos mecanismos de gobernanza. Y liderazgo. Que nos creamos que aunque instituciones distintas y responsabilidades distintas, se persigue un objetivo común. Sería una buena teoría, pero hasta ahora no ha sido posible. No hay liderazgo del gobierno, porque éste cree que ha de ser compartido. Y el liderazgo compartido no existe porque cada uno mira a su propio territorio. ¿Quién piensa en lo común? Replicar un centro de referencia en torno al envejecimiento en cada territorio puede ser un buen ejemplo de esto.
También pueden pensar que el sistema vasco de partidos es muy complejo (aunque no lo es menos ahora en el Congreso y el Senado). Y que generar consensos entre tanta sensibilidad debe resultar complicado. Pues nada más lejos de la realidad. No era más complicado cuando había un partido distinto en cada una de las instituciones que ahora que la misma coalición gobierna en todas. Y no lo era porque quien marca el discurso, por encima de los partidos, es el nivel institucional.
Una dirección común, el camino a la legitimidad
Y todas estas cosas pueden minar, en suma, la confianza en el sistema de servicios sociales. Porque un sistema universal se legitima con su uso y conocimiento. Y para que todas las personas que lo usen lo conozcan, tiene que tener una dirección común, además de una imagen común. Pasa con los sistemas de salud. Aunque el debate no es tan sencillo, tal y como argumenta Luis Sanzo, es aquí donde encontramos la dicotomía entre los sistemas federales o aquellos con una planificación más centralizada.
En un sistema donde la gestión y planificación depende de las autonomías, como el español, nos fijamos en el ejemplo vasco para ver cómo se tiene que estructurar esa gestión. Es cierto que los sistemas federales plantean algunas ventajas, como la capacidad de innovación y el reparto de las esferas de poder e influencia. También tienen sus ventajas los sistemas centralizados sobre todo en lo que respecta a la garantía de derechos, su prestación y sobre todo, su dependencia de un único presupuesto.
No es ni mucho menos un debate sencillo, y se tienen que tener también en cuenta otras cuestiones como la competición electoral y la presencia del tema en la agenda pública. Pero, ¿es o no es el momento de poner el tema encima de la mesa? Creo sinceramente que sí. ¿Cuál es la mejor forma de garantizar los derechos sociales? ¿Quién y cómo debe gestionarlos?
Proponemos que frente al archipiélago actual (un modelo en cada uno de los territorios, con pocos criterios comunes) transitemos hacia una forma de gestión más unificada (llamémosla península). Con una única institución como responsable.
¿Es posible? Pienso que sí. Hay que empezar a dar pasos para ello.