La educación ha vivido un año complejo, un año del que no sabemos si logrará recuperarse pronto. Fue azotada por las consecuencias de una pandemia y los alumnos, como si estuvieran en situación de guerra, volvieron a sus casas. Como colofón a estos meses tan convulsos se aprobó la octava ley educativa de la democracia española.
Es en la escuela pública donde los niños y niñas de todos los niveles socioeducativos pueden ser atendidos y se pueden desarrollar con igualdad de oportunidades. La medida del “pin parental” supone una ruptura autoritaria con los valores democráticos.
El “pin parental” supone una clara agresión a la interacción positiva entre la familia y la escuela. Esta propuesta, lanzada por Vox, afectaría, además, a los resultados académicos de los estudiantes.
